Opinión

¿Cuántos más tienen que morir antes de que esto cambie? (Primera parte)

Todos los editorialistas políticos dedican sus primeras líneas para desear un año mejor, con buen ánimo y la esperanza de un cambio. El inicio lleva siempre esa ilusión.

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Por: Enrique Gómez Orozco

Todos los editorialistas políticos dedican sus primeras líneas para desear un año mejor, con buen ánimo y la esperanza de un cambio. El inicio lleva siempre esa ilusión.

Pero hoy con el dolor nacional de la seguridad pública, que se escapa de las manos de los gobiernos, no hay tiempo que perder para exigir resultados. Cualquier transformación exige civilización. La prioridad es enfocar el mayor esfuerzo en regresar, por lo menos, a la tranquilidad perdida desde el 2006.

Al final del año se contarán unos 35 mil homicidios dolosos en el país. Y si se trata de repartir culpas con el último año de Peña Nieto, en 24 meses la cifra subió a más de 63 mil.

Para entender la dimensión del problema podemos compararla con las muertes sufridas por el Ejército Norteamericano durante la Guerra de Vietnam.

En ese conflicto, que cambió el sentimiento de toda una generación y trajo las mayores transformaciones sociales y culturales, fallecieron en acción 40,934 soldados. Otros 9 mil murieron por accidente y el total de víctimas por todas las causas llegó a 58,220 según los registros del Archivo Nacional norteamericano. La intervención de Estados Unidos en Vietnam duró más de 10 años. 

El número de asesinatos dolosos en México llegó a 27.56 por cada 100 mil habitantes y en Guanajuato supera ya los 60 por cada 100 mil, una cifra que nos ubica en el umbral de un estado fallido con 3 mil 670 homicidios dolosos contabilizados por AM en 2019.

El sufrimiento llega a cientos de miles de familiares: viudas, huérfanos y hermanos perdidos. Qué decir de las madres y padres que perdieron a hijos adolescentes o el aumento en los feminicidios, en un salvajismo nunca visto.

Ningún esfuerzo es más importante para este 2020 que recuperar la seguridad y mejorar la impartición de justicia. El objeto primero de todo gobierno —hay que repetirlo una y otra vez— tiene que ver con el desarrollo de la civilidad, la prevalencia del estado de derecho y el respeto a la vida y los bienes de los gobernados. Imposible pensar siquiera en un país con desarrollo si el número de homicidios dolosos crece sin cesar.

Más que las carreteras, la infraestructura o la entrega de apoyo social indiscriminado, a un gobierno lo marca su capacidad para hacer cumplir la ley. Al sexenio de Felipe Calderón se le recordará como el malogrado, el fracasado por aumentar el número de muertos en su guerra fallida contra el narcotráfico. 

Un gobierno exitoso es el que, con inteligencia, logra combatir la inseguridad y la criminalidad sin aumentar los muertos. En el país tenemos ejemplos de paz: Yucatán es territorio donde su tranquilidad puede compararse a la de los países más desarrollados como los escandinavos. Chiapas, a pesar de su pobreza y la emergencia de grupos rebeldes, se mantiene entre los estados más pacíficos, en cambio Acapulco y Tijuana, ciudades de relativa prosperidad, reportan los mayores índices de criminalidad. 

Bien dijo Andrés Manuel López Obrador,  “El Chapo” tenía más poder que el presidente. En sus palabras está el camino. Ningún ciudadano, ningún grupo criminal puede tener más poder que el presidente de la República o nuestra máxima institución: el Estado Mexicano. El problema es cómo lograrlo. (Continuará)

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