El gobernador Julio Menchaca Salazar consideró que el contrato asignado a una empresa vinculada a familiares del diputado Ricardo Crespo Arroyo, es válido mientras no exista conflicto de intereses.
Explicó que se trata de un procedimiento que no fue otorgado por el gobierno de Hidalgo, sino por una instancia federal, en este caso el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
El gobernador agregó que derivó de concursos a nivel nacional y que el gobierno estatal no tiene facultades para vetar a personas o empresas por vínculos familiares, siempre que no se acredite alguna irregularidad en el proceso.
El señalamiento surge luego de que se diera a conocer que el Infonavit adjudicó un contrato por 993 millones 948 mil pesos a la empresa AGICRESA, SA de CV, propiedad de Arturo y Gibrán Crespo Arroyo, hermanos del diputado federal de Morena y exdirigente estatal del PRI, Ricardo Crespo Arroyo.
De acuerdo con el contrato de obra CO-PVB-095-2025, la empresa fue contratada para la construcción de mil 808 casas del Bienestar en el municipio de Zempoala, como parte de los programas federales de vivienda impulsados en la entidad.
Menchaca Salazar sostuvo que el parentesco no puede ser motivo para impedir el ejercicio de una actividad económica lícita, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley y no exista un conflicto de intereses debidamente acreditado.
El gobernador agregó que, en su caso, los integrantes de su familia se dedican a actividades distintas a la obra pública y que él responde únicamente por sus propios actos, no por los de familiares de otros servidores públicos.
Asimismo, indicó que, al tratarse de una adjudicación realizada por una entidad federal, corresponde al Infonavit explicar las circunstancias bajo las cuales se otorgó el contrato, así como detallar el proceso de selección y los criterios aplicados.
Finalmente, reiteró que su administración no participó en dicho procedimiento y que, en caso de detectarse alguna irregularidad, existen mecanismos institucionales para investigar y sancionar conforme a la ley.
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