La fórmula ideal para apalancar la construcción de la carretera Silao-San Miguel de Allende pudo haber sido la participación del ISSEG, el Instituto de Seguridad Social del Estado. Lo platiqué con exgobernadores y exfuncionarios especialistas en infraestructura. Como dicen, “estaba pintado”. El ISSEG, que administra las pensiones de la burocracia estatal, presenta un desempeño magnífico en sus resultados.
Al finalizar este año, las inversiones financieras del ISSEG deberán superar los 30 mil millones de pesos. Suponemos que la mayor parte está en valores gubernamentales o en bonos seguros. Además, cuenta con farmacias que reportan utilidades año con año. Otorga préstamos a bajo costo a sus agremiados. También administra algunos inmuebles, como estacionamientos. Es una institución sólida y un ejemplo nacional.
Las cuentas son sencillas. Si el gobierno del estado hubiera transferido la concesión de la carretera Silao-Guanajuato al ISSEG por unos 3 mil millones de pesos, la institución tendría una tasa de retorno cercana al 12%. O una tasa real de al menos 8%, porque las tarifas de la concesión se actualizan conforme a la inflación. Esa tasa es, por lo menos, un 30% superior a lo que recibe el ISSEG de sus inversiones en papel gubernamental y otros productos seguros.
Con el cheque de 3 mil millones, el gobierno tendría suficientes recursos para la nueva carretera con una licitación pública para su construcción. Digo que sería suficiente porque los valores paramétricos de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de la federación muestran que una carretera A2 de concreto asfáltico en lomerío no puede costar más de 60 millones por kilómetro, IVA incluido. Con el tiempo, el gobierno habría cambiado una vieja concesión por otra.
Cuando Diego Sinhue Rodríguez despoja a Guanajuato de la concesión Silao-Guanajuato, es como entregar un cheque por 3 mil millones de pesos a un particular; además, Diego Sinhue le amplía la concesión que tiene esa misma empresa en el libramiento sur de Celaya por 9 años más, sin que hubiese contraprestación para el Estado.
Fue un traje hecho a la medida por el gobernador para un particular; fue un negocio diseñado por Diego Sinhue, en el que el Estado pone todo al contento de los particulares y en detrimento del patrimonio estatal. Comentábamos ayer que el pago de 30 años de cuotas será para que los ciudadanos paguen el crédito que se solicitará para construir la nueva carretera, sin obtener un beneficio directo; se convirtió en una condena para los habitantes de Guanajuato capital, los únicos que pagan por entrar y salir de su ciudad. Huele muy mal el trato y duele saber que expertos de la Secretaría de Obras Públicas del Estado tuvieron que firmar, por miedo o por obligación, un trato lesivo para Guanajuato.
Resulta dudosa, por decir lo menos, la naturaleza del negocio que agenció el exgobernador. Todo a la carrera, con firmas de última hora, sin proyectos definitivos, sin libramiento de la traza, sin MIA (manifestación de impacto ambiental); peor aún, una carretera que no desemboca directamente en San Miguel Allende.
Fue un trato a la palabra avalado por despachos que son proveedores de la empresa que ganó una concesión claramente dirigida en la licitación. Ese es otro tema que deberían revisar el diputado Juan Carlos Romero Hicks y la propia gobernadora Libia García. Dicen que los estudios los hizo un banco, que los estudios financieros indicaban que la mejor opción era regalar una concesión de 3 mil millones para que el afortunado ganador hiciera otra obra de su sola propiedad. La verdad es que todo estaba precocinado para favorecer el negocio que planteó Diego Sinhue.
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