Ciudad de México.- Después de tres días de cuestionamientos, incluida una sugerencia de la presidenta Claudia Sheinbaum para aclarar la compra, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron que no utilizarán las camionetas blindadas recientemente adquiridas.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, el Máximo Tribunal informó que los vehículos serán destinados a jueces y magistrados que enfrenten situaciones de riesgo real en el ejercicio de sus funciones.
Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta SCJN informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable”, indicó.
El pasado 22 de enero trascendió que los integrantes de la Corte, electos por voto popular, estrenaron camionetas de lujo Jeep Grand Cherokee, lo que generó críticas frente a los principios de austeridad vigentes.
Al respecto, la mandataria Claudia Sheinbaum señaló que solicitó información al Poder Judicial a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), subrayando que el Tribunal debía aclarar el origen y motivo de la compra.
“Todo ello tiene que informarlo la Corte, yo informo de lo que preguntamos el día de ayer y amablemente nos pasaron esta información”, comentó la Presidenta durante su conferencia matutina.
Por su parte, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) defendió que la adquisición generaría un ahorro de mil 98 millones de pesos para el periodo 2026-2028 al cambiar el modelo de arrendamiento por propiedad.
Aunque el contrato no ha sido transparentado totalmente, actas del pasado 5 de diciembre del Comité de Adquisiciones revelan que las nueve camionetas tuvieron un costo total de 25 millones 650 mil pesos.
Lo anterior significa que cada vehículo blindado para los ministros de la SCJN tuvo un precio promedio de 2 millones 850 mil pesos, ya con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.
El documento oficial detalla la adjudicación directa a la empresa Total Parts and Components, S.A. de C.V., con un monto de 22 millones 112 mil pesos más impuestos, fijando el límite de entrega en diciembre de 2025.
En las sesiones del Comité no se argumentaron motivos específicos para la renovación, asentando únicamente que la compra se realizó a petición expresa de la Dirección General de Seguridad del tribunal.
Se solicita autorización para la adquisición de vehículos con cualidades especiales de seguridad, solicitados por la Dirección General de Seguridad”, se lee en el acta del caso 0112EDGRM25.
La proveedora beneficiada forma parte de Grupo Andrade, firma que destaca como uno de los principales arrendadores de vehículos y patrullas para diversas dependencias de la administración federal actual.
La Corte adelantó que, para precisar los detalles técnicos y financieros del contrato, ofrecerá una conferencia de prensa este lunes en las instalaciones del Máximo Tribunal del país.
“Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia verdadera”, enfatizaron los ministros de la SCJN ante la polémica por gastos suntuarios.
AAK
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