Ciudad de México- Las diputadas de Movimiento Ciudadano (MC) Ivonne Ortega y Anayeli Muñoz presentaron una iniciativa que prohíbe establecer plazos de espera para el inicio de acciones de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas.
La propuesta plantea cambios a diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas a fin de establecer que todas las acciones que realicen las autoridades serán llevadas a cabo sin dilación y desde el primer momento en el que tengan conocimiento del hecho.
Instruye a la autoridad a activar de forma inmediata, oficiosa y sin requerir formalidad alguna, más que la presentación de la denuncia, las acciones de búsqueda.
Sin más requisitos
Agrega que ningún protocolo establecerá condiciones previas o requisitos adicionales para el inicio de la búsqueda de personas y obliga a la autoridad que recabe una denuncia, reporte o noticia, a transmitirlo sin dilación y desde el primer momento en que tenga conocimiento del hecho a la Comisión de Búsqueda correspondiente.
“Ningún protocolo, disposición administrativa o práctica institucional podrá establece plazos de espera, condiciones previas o requisitos adicionales para la activación de las acciones de búsqueda”, se señala en la iniciativa.
La exposición de motivos advierte que la desaparición de personas representa un desafío de la mayor relevancia para el Estado mexicano, de ahí la necesidad de revisar el marco jurídico para asegurar que las autoridades actúen con la debida diligencia y coordinación en el cumplimiento de sus obligaciones.
Un desaparecido cada hora y media
Detalla que durante 2025, una persona desapareció aproximadamente cada hora y media, lo que lleva a 40 personas desaparecidas diariamente en el país, cifra que podría ser aún mayor debido a que muchos casos no son denunciados.
En el texto se advierte que, esta cifra no muestra una tendencia a la baja, sino que año tras año ha ido en aumento, reflejando la persistencia y agravamiento de este fenómeno.
“De acuerdo con el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, las cifras han crecido sostenidamente desde 2022, registrando incrementos anuales del 7.3 por ciento en 2023, 6.3 por ciento en 2024 y un aumento aún mayor del 12 por ciento en 2025, lo que confirma una tendencia al alza sin una disminución significativa”, sostiene.
Limitaciones estructurales e institucionales
Indica que esta situación no solo evidencia la magnitud del problema, sino también las limitaciones estructurales e institucionales que aún enfrenta el Estado para garantizar de manera efectiva los derechos humanos, particularmente en lo que respecta a la prevención, búsqueda y localización de personas desaparecidas.
Recuerda que, a lo largo del territorio nacional, han surgido colectivos de familias quienes se han dado a la tarea de recorrer campos, carreteras y zonas de difícil acceso en la búsqueda de sus seres queridos, como una respuesta a la insuficiencia de las acciones institucionales.
“Su labor no solo evidencia la magnitud del problema, sino también la urgencia de que el Estado fortalezca sus capacidades de respuesta y garantice mecanismos eficaces de búsqueda”, plantea.
Las legisladoras señalan que frente a esta situación, la desaparición de personas no puede ser tratada como un trámite más dentro de la burocracia institucional, ya que se trata de una emergencia que exige una respuesta inmediata, coordinada y efectiva por parte de todas las autoridades.
Buscadoras exigen a Sheinbaum reconocer crisis de desaparecidos y aceptar ayuda mundial
Decenas de buscadoras demandaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum reconocer a los 133 mil 910 desaparecidos en México y aceptar ayuda internacional para su localización.
Este 10 de mayo, en el marco de la décimo catorceava marcha por la dignidad de las madres buscadoras, los colectivos acusaron que en vísperas del Mundial, el Gobierno está simplemente “administrando” la problemática.
No obstante, alertaron que las autoridades aún están a tiempo de redireccionar para implementar soluciones que perduren.
A propósito, recordaron el informe que emitió el Comité contra la desaparición de la ONU y su solicitud de elevar el caso a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
“El Estado tiene la oportunidad histórica de reconocer esta crisis y empezar a trabajar realmente para acabar con ella y aceptar que el tema se trate en la Asamblea General de la ONU para poder llegar a soluciones profundas y duraderas, de cumplir con sus compromisos internacionales en términos de prevención, búsqueda, identificación e investigación”, dijo una buscadora de Coahuila durante el pronunciamiento al llegar al Ángel de la Independencia.
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