Guanajuato.- En comisiones unidas de Hacienda y Gobernación, se externaron comentarios en contra de la propuesta del PRI de reformar la Ley de Bebidas Alcohólicas a efecto de obligar a que los establecimientos sujetos a esta ley cuenten con un sistema de videovigilancia permanente al interior y exterior del local y la prohibición de borrar, alterar, ocultar o negar la entrega del material videograbado a la autoridad competente cuando esta lo requiera.
Se consideró que la videograbación continua de clientes y personal de un local es una molestia a la integridad y entorno privado de las personas sin que medie mandamiento judicial alguno.

Además de que, obligaría a las personas propietarias a recoger datos audiovisuales sensibles (imagen y posiblemente audio) de terceros sin consentimiento y sin regulación adecuada, al no prever quién resguardaría, por cuánto tiempo se almacenarían o cómo se garantizaría la confidencialidad, por lo que la reforma entraría en contradicción directa con el espíritu de protección de la información privada.
De igual manera, se argumentó que la inspección y supervisión de videograbaciones privadas de establecimientos forma parte de una función de los ayuntamientos.
Que lo valoren
Los iniciantes hicieron un llamado a reflexionar sobre la negativa y lo expuesto, al comentar que existen muchos establecimientos que actualmente cuentan con sistemas de videovigilancia, y que de acuerdo a lo expuesto deberían, entonces, quitarlos, lo mismo en las centrales de autobuses donde con o sin consentimiento se graba a las personas.
Asimismo, que los locales de concurrencia pública se definen como espacios que reciben a público en general y se clasifican conforme el permiso que tienen, por lo que no son espacios privados.
Asimismo, comentaron que, en efecto, se busca en la propuesta darles atribuciones a los ayuntamientos; que debe prevalecer el bien de la comunidad y no el particular.
Salamanca bajo asedio: Vigilancia extrema en bares tras amenazas de “cobro de piso”
El Gobierno Municipal de Salamanca implementó un operativo de vigilancia especial en bares y centros nocturnos tras una noche de pánico el 15 de noviembre de 2025. Al menos cinco establecimientos, entre ellos El Antiguo y Despecho, cerraron sus puertas luego de que hombres armados irrumpieron para dejar mensajes intimidatorios.

Las autoridades investigan estos hechos como presuntos intentos de cobro de piso. El secretario del Ayuntamiento, Esaú Cano Calvete, informó que se mantiene una coordinación con la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado para garantizar la seguridad de clientes y propietarios.
A raíz de esta crisis, el Congreso Local analiza una propuesta del PRI para hacer obligatoria la instalación de cámaras de videovigilancia en todos los negocios con venta de alcohol. Esta medida busca facilitar las investigaciones de la Fiscalía y disuadir futuros ataques del crimen organizado, mientras algunos locales han anunciado su cierre definitivo debido a la incertidumbre y la inseguridad en la ciudad.
AM