Ciudad de México.- La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) pidió al Poder Judicial que el proceso del exgobernador Ernesto Ruffo Appel se desahogue con objetividad.
A través de un comunicado, Jorge Romero, líder del blanquiazul, insistió en que el régimen utiliza a las instituciones para perseguir a la oposición y aseguró que no existen pruebas para mantener encarcelado a Ruffo en un penal de máxima seguridad.
La justicia no debe instrumentarse como herramienta de presión política. Debe aplicarse con independencia, neutralidad, objetividad y respeto absoluto del debido proceso”, pidió.
Romero aseguró que Ruffo debe quedar en libertad puesto que no hay elementos que justifiquen una medida “desproporcionada”.
La Fiscalía General de la República acusó al exgobernador de Baja California por presunto contrabando de hidrocarburo; sin embargo, el dirigente panista acusó que el delito fue fabricado.
Asimismo, sostuvo que el proceso ha estado marcado por inconsistencias y decisiones que “generan dudas sobre la imparcialidad de las autoridades”.
Romero reiteró que al interior de Morena existen casos vigentes que no han sido investigados de la misma forma, puesto que los criterios se han aplicado a discreción.
La ley no puede aplicarse con un criterio para los opositores y con otro para quienes pertenecen al partido en el Gobierno”, reiteró.
Por ello pidió que las autoridades no ignoren los casos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador morenista, Enrique Inzunza; el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
Acusan que es preso político
Con críticas al actual Poder Judicial y señalamientos de presuntas irregularidades en el proceso, exgobernadores y el expresidente Vicente Fox (emanados del PAN) salieron en defensa de Ernesto Ruffo Appel, a quien calificaron como un preso político tras su detención por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal.
Durante una conferencia convocada por la organización Unidos por México, los exmandatarios expresaron su desconfianza en la imparcialidad del Poder Judicial, al considerar que la elección popular de jueces y magistrados comprometió su autonomía para resolver casos como el de Ruffo.
“No confiamos en un Poder Judicial patito, un Poder Judicial que no se integró de manera correcta y profesional, pero estamos en un País que afortunadamente tiene una Constitución, tiene leyes y queremos respetarla. Por eso estamos denunciando aquí esas violaciones a un proceso judicial. Termino: No confiamos en el Poder Judicial”, afirmó Fox.
El expresidente también señaló presuntas irregularidades en el proceso judicial, al asegurar que la defensa de Ruffo ha enfrentado dificultades para mantener comunicación con él.
“La defensa del señor Ernesto Ruffo Appel ha informado de serias dificultades para mantener comunicación con él, debido a las serias restricciones impuestas en el Centro Federal de Readaptación Social número 1”, dijo.
Fox consideró además desproporcionado que el exgobernador permanezca en un penal de máxima seguridad y pidió que pueda enfrentar el proceso bajo prisión domiciliaria, al recordar que la legislación contempla esa posibilidad para personas mayores de 70 años.
“Las personas mayores de 70 años pueden enfrentar su proceso bajo arraigo domiciliario. No se solicita un privilegio, se exige el respeto a un derecho expresamente reconocido por la ley”, sostuvo.
Por su parte, el senador y exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, afirmó que la detención de Ruffo responde a motivaciones políticas.
“Ahí queda inmiscuido el ex Secretario de Marina y no lo han tocado. Ahí quedan señalados otros mandos superiores y no los han tocado (…) Por eso decimos que en el tema de Ernesto Ruffo hay una situación política y, por lo tanto, es un preso político”, expresó.
El respaldo al exgobernador de Baja California quedó plasmado en un pronunciamiento firmado por 16 exmandatarios emanados del PAN, en el que exigieron que se le garantice un juicio justo y el respeto al debido proceso.
Ernesto Ruffo Appel fue detenido el jueves 16 de julio en Ensenada, Baja California. La FGR lo acusa de presuntamente encabezar o formar parte del liderazgo de una red de huachicol fiscal que habría generado pérdidas millonarias al erario.
Este jueves, una jueza federal lo vinculó a proceso, junto con otros siete empresarios y agentes aduanales, por presuntamente contrabandear más de 2 mil 137 millones de litros de hidrocarburos y ocasionar un daño superior a los 166 millones de pesos a la hacienda pública.
AAK
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