Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer acción penal por la presunta comisión de delitos fiscales contra los propietarios de una empresa que tuvo como administrador al contador de Jorge Amílcar Olán, empresario vinculado a Andrés Manuel López Beltrán, a quienes se les imputan operaciones de contrabando de combustible —conocido como huachicol fiscal— que provocaron un quebranto a las finanzas públicas superior a los 834 millones de pesos.
Francisco Javier Arias Chávez, titular de la Administración de Asuntos Penales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), formalizó ante la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros la declaratoria de perjuicio en contra de la razón social Portacelis Gas and Oil.
Tras las auditorías correspondientes, el SAT determinó que, entre el 11 de febrero y el 27 de junio de 2025, la compañía Portacelis tramitó 139 pedimentos de importación de diésel automotriz, gasóleo y mezclas con contenido de azufre, mercancías que fueron ingresadas a territorio nacional a través de ferrotanques mediante el uso de documentación falsa, omitiendo con ello el pago de 834 millones de pesos por concepto de derechos e impuestos federales.
“Se considera que hay elementos para acreditar hechos constitutivos de delito fiscal, por lo que se solicita se ejercite acción penal en contra de José Alonso Ulin Hernández, administrador único de Portacelis Gas And Oil, así como de Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Hantulio Ordoñez Juárez, Víctor José Carretero Zardeneta y Carlos Francisco Cruz Lara, agentes aduanales y/o contra de quien o quienes resulten responsables”, indica la declaratoria formalizada el pasado 25 de marzo.
La sociedad mercantil Portacelis se constituyó el 6 de agosto de 2024 ante la fe del notario Manuel Alejandro Cachón Silva, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, fecha en la que los socios fundadores designaron a Juan Carlos de la Cruz Murillo como su primer administrador único.
Registros públicos señalan que, desde el año 2018, De la Cruz Murillo ha fungido como el contador de confianza de Amílcar Olán, con quien incluso colaboró como agente de ventas en un establecimiento de acabados y azulejos, según indagatorias difundidas por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Posteriormente, el 23 de diciembre de 2024, De la Cruz fue sustituido por José Alonso Ulin Hernández en la administración única de la firma, motivo por el cual la autoridad fiscal no promovió la declaratoria de perjuicio de forma directa en su contra, pero sí contra los actuales directivos y los agentes aduanales involucrados en el esquema de contrabando.
“Se hace del conocimiento el perjuicio ocasionado al fisco federal, de conformidad al importe señalado en el oficio del 2 de septiembre de 2025, suscrito por Carla Martha Benítez Galán, perito adscrita a la Administración de Investigación y Análisis de Comercio Exterior, el cual asciende a la cantidad de 834 millones”, detalla el expediente de la causa.
El empresario Jorge Amílcar Olán ha participado como proveedor en proyectos estratégicos de la administración federal, tales como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, manteniéndose bajo escrutinio público tras la divulgación de intervenciones telefónicas que sugieren presuntas irregularidades y actos de corrupción en dichas contrataciones.
Escapa a EU implicado clave
El agente aduanal involucrado en las operaciones de contrabando de combustible atribuidad a la empresa Portacelis Gas and Oil logró trasladarse a Estados Unidos en enero pasado, justo cuando la Fiscalía General de la República (FGR) preparaba su captura en la zona fronteriza entre Matamoros y Brownsville.
El investigado fue identificado como Víctor José Carretero Zardeneta, un conocido pastor de una comunidad cristiana en la frontera de Tamaulipas que cuenta con doble nacionalidad. Carretero se ha posicionado como una pieza central en las investigaciones sobre el denominado huachicol fiscal, tras figurar de manera recurrente en tres de los expedientes principales abiertos por las autoridades federales.
En su contra pesan actualmente dos órdenes de aprehensión vigentes por presunto contrabando de petrolíferos: una vinculada con la causa penal referente al exgobernador Ernesto Ruffo Appel y otra relacionada con el expediente que involucra a tres mandos militares que estuvieron al frente de la Aduana de Matamoros.
A estos mandamientos judiciales se suma un tercer expediente en integración, en el cual las autoridades le imputan haber gestionado 139 pedimentos de importación de combustibles a favor de la compañía Portacelis Gas and Oil.
AAK
Acompáñanos en un recorrido por la historia de León. Recibe en tu correo relatos sobre personajes, barrios, tradiciones y momentos clave, que celebran la identidad leonesa, en el marco de los 450 años de nuestra ciudad.
