León.- Tras la decisión de la Dirección de Obra Pública de reservar datos públicos sobre empresas de construcción contratadas por el municipio, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, solicitó este lunes a la Unidad de Transparencia un nuevo análisis para la desclasificación de dicha información.
El pasado domingo AM publicó una nota donde expuso que la Dirección de Obra Pública decidió clasificar como reservada información pública sobre el nombre de los representantes legales, direcciones y medios de contacto de empresas constructoras.
Esto fue a solicitud de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Guanajuato, bajo el argumento de que dichos datos pueden ser usados para fines ilícitos que pueden poner en riesgo la seguridad de las empresas y personas relacionadas a ellas.
La petición fue aprobada el 31 de agosto por la Unidad de Transparencia del municipio durante la octogésima tercera sesión ordinaria del comité de Transparencia bajo el supuesto de que la publicación de la información “puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física”.
Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos de especialistas y miembros del Ayuntamiento sobre la opacidad y el retroceso en materia de transparencia que supone esta medida.
En respuesta, la Presidenta Municipal emitió el pasado 21 de septiembre el oficio número PML/0210/2026, dirigido a Luz Araceli Andrade Cifuentes, titular de la Unidad de Transparencia, solicitando un nuevo análisis y la reconsideración sobre la clasificación de la información antes señalada, apelando a la congruencia con el discurso de transparencia de su gobierno.
“Si bien este gobierno municipal es sensible ante cualquier situación que afecte a alguno de los sectores de la población, también lo es, que su compromiso es y será que el ejercicio del mismo se realice en estricto apego a la normatividad y a los principios de máxima publicidad y transparencia que rigen el derecho de acceso a la información pública”.
“En congruencia con la visión que tiene esta administración municipal con la transparencia y la apertura gubernamental, solicitó realizar un nuevo análisis y reconsideración sobre la procedencia de la clasificación supra señalada, y en su caso, determinar su desclasificación”, se lee en el documento.
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Pide opinión de Honestidad
La funcionaria, presentó el mismo día también el oficio número PML/0209/2026 dirigido a María Arcelia González González, secretaria de la Honestidad del estado, y a José Andrés Rizo Marín, titular de la Dirección General de Transparencia para la Gente para solicitar su opinión respecto a la clasificación de información de las empresas contratistas de obra pública.
En el documento la Presidenta Municipal expuso los supuestos que derivaron la clasificación de los nombres de los representantes y las direcciones de las personas físicas, y solicitó que tras el análisis de la información la dependencia emita una postura sobre la procedencia de las medidas tomadas.
O en su caso, dar de recomendaciones y medidas “que conforme a derecho correspondan sobre los acuerdos de clasificación de reserva parcial, relacionados con el asunto materia de consulta”.
Hasta el momento, según lo informado por la Dirección de Comunicación Social, el documento fue recibido por la dependencia este martes, pero no se ha pronunciado al respecto.
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Deben resolver dudas sobre la inversión pública
A través de un comunicado compartido a AM, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, indicó que las áreas de transparencia deben ser proactivas en la atención de las dudas de la ciudadanía ante el ejercicio de la inversión pública, especialmente “en la antesala” del proceso electoral de 2027.
“En un momento donde el principal diferenciador entre gobiernos es su apertura, reservar u ocultar contratos de prestación de servicios, actúa en contra de la reputación e intereses del propio gobierno”, aseguró.
Como caso similar, ejemplificó que hace unos días la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno desclasificó las declaraciones patrimoniales de 78 funcionarios vinculados a la Secretaría de Marina, entre ellos el exsecretario de la dependencia.
Esta información se consideró clasificada hasta 2030 bajo el argumento de que comprometía la seguridad nacional, pero al hacerse público este dictamen y generar polémica fue desclasificada al considerar que dicha información no ponía en riesgo la seguridad pública.
“Hoy sabemos que el comité de transparencia se extralimitó y tuvo que hacerse pública. Ninguno de los argumentos de seguridad nacional se sostuvieron. Lo único que protegía la reserva era al funcionario y sus intereses. Hay que ver cómo ocultar información, incluso al más alto nivel, tiene resultados contraproducentes.”
“Hay en las ciudades mexicanas una sociedad cada vez más interesada en conocer cómo se administran y gestionan los espacios públicos. El municipio de León debería ver en abrir más información una oportunidad de hablarle a la comunidad”, manifestó.
AM
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