Guanajuato.- La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Guanajuato mandó al archivo varias iniciativas de Morena y Movimiento Ciudadano relacionadas con el transporte público, la protección a denunciantes de corrupción y otros temas.
La iniciativa del “partido naranja” proponía derogar la atribución que asigna de manera expresa a los ayuntamientos la prestación del transporte público urbano y suburbano en ruta fija, para que el Gobierno del Estado también asumiera competencia en esta materia.
En la exposición de motivos de la iniciativa se argumentó que el artículo 115 de la Constitución federal establece los servicios públicos a cargo de los municipios, entre los que se encuentran agua potable, drenaje, alumbrado, limpia, mercados, panteones, rastro, calles, parques, jardines, seguridad pública y tránsito.
Sin embargo, el transporte público no aparece expresamente como un servicio municipal obligatorio. Únicamente se prevé que los municipios podrán asumir otros servicios que determinen las legislaturas locales, atendiendo a sus condiciones territoriales, socioeconómicas y a su capacidad administrativa y financiera.
El diputado Rodrigo Zaragoza, cuando presentó esta iniciativa, planteó que la experiencia demuestra que un esquema fragmentado, en el que cada municipio diseña, regula y fija tarifas de manera aislada, genera asimetrías, discrecionalidad, falta de planeación regional e incrementos tarifarios que no siempre atienden criterios de justicia social ni de sostenibilidad del sistema.
“Cuando la competencia principal recae exclusivamente en los municipios, la planeación se vuelve dispersa, la regulación carece de uniformidad y la definición de tarifas queda sujeta a criterios desiguales que no siempre atienden principios de accesibilidad económica, eficiencia y justicia social”.
Por eso, pretendía que el Gobierno del Estado también tuviera atribuciones en esta materia.
No pasa ley para proteger a denunciantes de corrupción
Otras tres iniciativas rechazadas proponían reformas a la Constitución Política para el Estado, con la finalidad de que el Ministerio Público pudiera establecer sus sistemas de investigación, destinados a obtener, analizar, procesar e interpretar, técnica y científicamente, la información para la seguridad pública. Además, debería coordinarse con el Centro Estatal de Identificación Forense.
Una iniciativa de Morena planteaba crear la Ley de Protección a Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción para el Estado de Guanajuato y reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, a fin de establecer un marco legal claro, integral, eficaz y garantista que fortaleciera la cultura de la denuncia y protegiera a quienes actúan con valor cívico.
Esto lo propusieron para estar acordes con lo hecho por el Gobierno federal, que el 19 de octubre de 2020 publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo de Protección para Personas Alertadoras de la Corrupción.
En su exposición de motivos señalaron que Guanajuato requiere la creación de un instrumento normativo que fomente la cultura de la denuncia, pues la corrupción es un problema que existe y no se puede ignorar la necesidad de redoblar los esfuerzos para combatirla.
También plantearon crear un marco normativo que garantizara la protección integral de los servidores públicos y de las personas que conozcan, por cualquier circunstancia, de un hecho o acto de corrupción.
La inexistencia de una ley específica que regule y salvaguarde los derechos de las personas denunciantes y testigos de hechos de corrupción debilita la capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar estas conductas, y envía un mensaje institucional negativo que inhibe la participación ciudadana en el combate a la impunidad, argumentaron.
Otra iniciativa buscaba establecer el juicio de amparo local como medio de control.
Posponen análisis de pensiones para personas con discapacidad
La mayoría del PAN en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guanajuato aplazó la discusión y dictaminación de dos propuestas de exhortos presentadas por Morena para otorgar una pensión a personas con discapacidad permanente en Guanajuato.
Los panistas aprobaron posponer 15 días la dictaminación de las propuestas, bajo el argumento de solicitar información a la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno del Estado y a la Secretaría de Bienestar del Gobierno federal, pese a que dicha información ya había sido proporcionada.
También se argumentó que se llevarán a cabo mesas de trabajo, la primera de ellas el 4 de noviembre.
Lo que se discutió fueron dos propuestas de diputados de Morena para que el Gobierno del Estado firmara un convenio con el Gobierno federal para otorgar una pensión “no contributiva” a las personas con discapacidad menores de 65 años en Guanajuato.
“No contributiva” significa que los beneficiarios no tienen que aportar una cuota quincenal o mensual a la institución que les dará la pensión, a diferencia de los esquemas contributivos, como los del IMSS. En este caso, el dinero saldría directamente de los presupuestos del Estado y de la Federación.
También se discutió otra iniciativa del PAN y PRD para otorgar una pensión no contributiva a las personas menores de 65 años.
“No le demos más vueltas”: Jesús Hernández
El diputado con discapacidad Jesús Hernández Hernández, del PAN, al externar su postura durante la discusión, dijo que ya se debería dictaminar la iniciativa que presentó sobre este tema el 25 de junio.
“Ya pasaron cuatro meses y no hemos logrado avanzar”.
Le parecieron “muy buenas propuestas” las dos que plantean aprobar puntos de acuerdo para que se firmen los convenios propuestos por Morena.
“Pero también me parece que con o sin convenio se puede avanzar en la propuesta que yo presenté, que es la entrega de la pensión no contributiva.
“No le demos más vueltas a un convenio, cuando lo que hace falta es la voluntad política para sacarlo adelante”.
Además, consideró necesario que todas las dependencias rindan su opinión.
Por eso, propuso solicitar a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Derechos Humanos que remitan información, en un plazo de 15 días hábiles, sobre el alcance del concepto de universalidad de la pensión y, en particular, si esta se otorga a personas con discapacidad permanente.
También pidió datos completos, desagregados por sexo, rango de edad y tipo de discapacidad de las personas beneficiarias, para contar con elementos objetivos que permitan verificar la pertinencia de los puntos de acuerdo.
La propuesta fue avalada por mayoría de votos.
“¿Entonces para qué consultamos a las personas con discapacidad?”
El diputado David Martínez Mendizábal, de Morena, expresó que solicitar que se difirieran los exhortos hasta que se reforme la ley no es acertado.
“Si pasa esto, es patear el bote otra vez.
“Es estar difiriendo un proceso que lleva cinco años aquí en el Congreso en el que solicitamos que haya una pensión no contributiva para personas con discapacidad”, reclamó.
Mencionó la intervención de una persona con discapacidad en la consulta a este grupo poblacional, realizada recientemente por esta misma comisión en el Congreso, quien planteó:
“El fin de la pensión es enfrentar el sobrecosto de vida que enfrentamos las personas con discapacidad. Estos gastos extras que una persona sin discapacidad no enfrenta.
“Es inacertado (sic) que pueda ser mediante apoyos o servicios, ya que se habla de una pensión, no de otro programa. A mi parecer debería ser en efectivo”.
“Si hicimos una consulta para escuchar a las personas con discapacidad, ¡hagámosles caso! Si no, ¿para qué los traemos aquí, con todas las dificultades que tienen de movilidad?”, cuestionó el diputado con molestia.
Reclama que diputado con discapacidad no asistió a las consultas
La diputada Plásida Calzada Velázquez, presidenta de la comisión, destacó que ya se cuenta con toda la información necesaria para la dictaminación.
Reclamó que el diputado Jesús Hernández no participó en ninguna de las consultas sobre discapacidad realizadas en el Congreso del Estado.
La legisladora de Morena llamó a sus compañeros a revisar la información previamente entregada y, sobre todo, a tomar en cuenta las voces de las personas con discapacidad que participaron en los ejercicios de consulta.
Mientras tanto, el diputado Juan Carlos Romero Hicks mencionó que lo que se está proponiendo tenía dos rubros: que se amplíe esa consulta y que se haga lo necesario para dictaminar la iniciativa en la materia.
La diputada panista Itzel Mendo mencionó que el trabajo legislativo debe ir más allá de un exhorto para solicitar la firma de un convenio, cuya vigencia puede terminar.
Sostuvo que establecer los apoyos en una ley permitiría dar mayor permanencia a la protección de los derechos de las personas con discapacidad, por lo que respaldó ampliar la consulta.
HLL
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