Guanajuato.- En 2025 las muertes de intención no determinada aumentaron 35.8 % en Guanajuato, al pasar de 302 en 2024 a 410 en 2025. Se trata de defunciones por causas externas cuya intencionalidad no pudo determinarse.
Con esta cifra, la entidad se ubicó en el segundo lugar nacional por el número de defunciones clasificadas en esta categoría. En 2025, en todo el País se reportaron 2 mil 916 muertes de intención no determinada.
Así lo revelaron las Estadísticas de Defunciones Registradas 2025, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este 10 de noviembre. El informe precisa que, de las 410 defunciones registradas en Guanajuato, 350 correspondieron a hombres y 60 a mujeres.
Más de la mitad de estos fallecimientos, es decir, 251, se registraron en personas de 15 a 49 años.
Las muertes clasificadas como eventos de intención no determinada incluyen casos de envenenamiento por exposición a drogas, medicamentos, sustancias biológicas, otros gases y vapores, plaguicidas, productos químicos y sustancias nocivas.
Esta clasificación también comprende defunciones relacionadas con ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento y sumersión; disparos de armas de fuego; contacto con material explosivo; exposición al humo y al fuego; contacto con objetos cortantes, así como caídas, saltos o empujones desde lugares elevados, entre otras.
De acuerdo con el desglose por edades, el 61.2 % del total de las muertes, es decir, 251, se registró en personas de 15 a 49 años. Les siguieron las personas de 50 años o más, con el 32.7 %, equivalente a 134 defunciones, mientras que 21 fallecimientos (5.1 %) ocurrieron en menores de 15 años.
Municipios con más defunciones
Con 70 defunciones, León fue el municipio que concentró el mayor número de muertes de intención no determinada, seguido de Celaya e Irapuato, con 38 cada uno, y Salamanca, con 24.
Entre los municipios con menos decesos se encuentran Purísima del Rincón, con tres; Cuerámaro, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Moroleón y San Diego de la Unión, con dos defunciones cada uno.
Apaseo el Alto, Coroneo, Doctor Mora, Huanímaro, Manuel Doblado y Uriangato registraron una defunción cada uno.
Según las Estadísticas de Defunciones Registradas 2025, los 410 fallecimientos por eventos de intención no determinada se distribuyeron en 37 municipios de Guanajuato, con al menos un caso en cada uno.
AM solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) una explicación sobre el aumento de las muertes de intención no determinada, los procedimientos para esclarecer estos casos y las medidas para garantizar su correcta clasificación.
A la Secretaría de Seguridad y Paz (SSyP) se le pidió una valoración sobre las implicaciones de este incremento para el diagnóstico de la violencia y las estrategias de seguridad, así como sobre la coordinación con otras instituciones para analizar estos fallecimientos.
Hasta el cierre de esta edición, ambas dependencias no habían respondido.
Anomalías en registros
Saúl Arellano Almanza, académico, investigador y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que existe una anomalía estadística en la manera en que las autoridades registran las muertes violentas.
En entrevista telefónica con AM, el docente aclaró que existen diferencias importantes entre los métodos utilizados para registrar la mortalidad violenta por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que, a su juicio, explica parte del subregistro y las anomalías estadísticas.
Explicó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se limita a consultar una sola fuente de información para reportar las causas de muerte violenta: las carpetas de investigación iniciadas en las 32 fiscalías del País.
En cambio, el Inegi utiliza una metodología con enfoque de salud pública y recurre a distintas fuentes para documentar las defunciones violentas, como las carpetas de investigación, los registros de los servicios médicos forenses, los certificados de defunción de la Secretaría de Salud y las actas de defunción de los registros civiles.
“Hay que tener claro que en el registro de la mortalidad violenta hay una diferencia muy importante en el número de homicidios registrados por el Secretariado Ejecutivo y los que registra el INEGI. Mucha gente se va con la pinta y piensa que es un tema de ocultamiento. Puede ser, no lo descarto.
“El secretariado ejecutivo revisa lo que le reportan las entidades federativas a través de las fiscalías y contabiliza. Simplemente recopila, verifica, estandariza datos y los pone allí. Eso lleva a que haya un subregistro muy importante porque el enfoque que tiene el secretariado metodológicamente hablando es de seguridad pública y de procuración de justicia”, subrayó Arellano Almanza.
Agregó que, debido a su enfoque de salud pública, el Inegi no clasifica estas defunciones únicamente como homicidios, sino que utiliza la categoría de agresiones.
“Porque esa categoría forma parte de lo que se denomina muertes de causa externa o mortalidad por causa externa, es decir, no te mueres de una enfermedad, de un virus, una bacteria o por un tumor o de alguna enfermedad crónica como el cáncer, la diabetes o la hipertensión”, enfatizó.
Arellano subrayó que el Inegi distingue tres categorías de causas externas: accidentes, suicidios y agresiones.
“Dentro de las agresiones hay una en la que el INEGI es muy cuidadoso y es persiguiendo la clasificación internacional de enfermedades. Porque el INEGI dice: yo no soy Ministerio Público y no puedo determinar justamente qué causó la defunción.
“En un homicidio si se tiene un cadáver o un certificado de un cadáver que tenía dos hoyos de balas pero, ¿cuál fue la intención? No sabemos si se lo dio la propia persona, no sabemos si fueron disparos al aire o si fueron balas perdidas o si fue una agresión directa”.
El investigador explicó que, cuando los documentos disponibles no permiten establecer la intención de una muerte por causa externa, el Inegi puede clasificarla como un evento de intención no determinada.
De acuerdo con Arellano, esto ocurre cuando no existe información suficiente en los certificados, actas o carpetas de investigación para establecer si hubo una conducta delictiva, como un homicidio. “Por eso Inegi es muy cuidadoso desagregando las subcausas”, apuntó.
HLL
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