No todos los funcionarios que abandonan un gobierno lo hacen en silencio. Algunos se marchan agradeciendo la oportunidad y otros, alegando motivos personales. Pablo Arturo Elizondo, secretario del Ayuntamiento de León, escogió un camino distinto. Frente a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y a los integrantes del Cabildo, denunció las condiciones en que se ejerce el poder municipal. Su solicitud de separación fue, además de una renuncia, un “Yo acuso” político e institucional que merece algo más que una respuesta de ocasión.
Elizondo señaló la concentración de las decisiones, la descalificación de opiniones profesionales, la falta de coordinación entre dependencias y las dificultades para integrar equipos competentes. Su acusación más delicada fue que los “fervores político-electorales” de la Alcaldesa estaban afectando el funcionamiento de la administración. En otras palabras, denunció que la política partidista comenzaba a imponerse sobre las responsabilidades del gobierno.
La diferencia es fundamental. Una presidenta municipal tiene derecho a sus preferencias políticas, a cambiar de partido y a construir su futuro electoral. Si confunde el Ayuntamiento con la organización política que la respalda, compromete la naturaleza de su encargo. Los funcionarios públicos trabajan al servicio de la institución que ella encabeza temporalmente y deben ejercer sus responsabilidades con independencia de las aspiraciones personales de Alejandra.
Desde luego, ella rechazó las acusaciones, aseguró que existe comunicación permanente y sostuvo que su administración funciona con normalidad. Sin embargo, cuando el responsable de la Secretaría del Ayuntamiento denuncia públicamente obstáculos para ejercer sus atribuciones, la discusión rebasa las diferencias de percepción. Corresponde esclarecer los hechos.
Cambiar de militancia es un derecho legítimo. Pretender que todos sus colaboradores la acompañen sería un abuso de poder. A un funcionario municipal se le debe juzgar por su capacidad y por el trabajo que hace para la ciudad. Su permanencia en el cargo jamás debería depender de que comparta el «fervor político-electoral» de la alcaldesa.
El episodio también se relaciona con la controversia por el puente del bulevar Aeropuerto, los 435 millones de pesos y el señalamiento de que el municipio incumplió los requisitos en tiempo y forma. Elizondo sostuvo que las dificultades para liberar el terreno pendiente eran de carácter jurídico y técnico y que utilizarlas para alimentar enfrentamientos políticos era improcedente. Estamos ante un ejemplo preocupante de cómo una obra pública puede terminar atrapada entre intereses políticos y responsabilidades que nadie quiere asumir.
Hubo integrantes del Ayuntamiento quienes expresaron su preocupación por el deterioro institucional del gobierno municipal y denunciaron faltas de respeto hacia el Secretario. El conflicto trascendió la relación entre Elizondo y la Alcaldesa y alcanzó al Ayuntamiento en su conjunto.
La respuesta posterior de Alejandra Gutiérrez resultó particularmente reveladora. Afirmó que quienes “no quieran trabajar tienen la puerta abierta”. La afirmación es frívola e insuficiente frente a los señalamientos recibidos. Elizondo denunció que había obstáculos que le impedían realizar adecuadamente el trabajo que le correspondía.
Gobernar exige autoridad, pero también capacidad para escuchar. La disciplina administrativa es compatible con el desacuerdo profesional, y expresar una objeción fundada forma parte de la responsabilidad de un funcionario. Un gabinete integrado exclusivamente por quienes aplauden todas las decisiones de su titular puede ofrecer tranquilidad política, aunque difícilmente garantiza mejores resultados.
Elizondo deberá sostener sus afirmaciones con hechos y explicar las responsabilidades que le correspondieron durante su gestión. La alcaldesa, por su parte, tiene la obligación de responder con argumentos sólidos y verificables. La ciudadanía merece conocer el alcance de las irregularidades denunciadas, quién las permitió y cómo se corregirán si se confirman.
Más allá de quién salió mejor librado de la confrontación pública, la pregunta de fondo es si el gobierno municipal de León está al servicio de sus habitantes o si las disputas partidistas y los intereses personales pesan cada vez más en sus decisiones y relegan los problemas y rezagos de la ciudad.
Alejandra Gutiérrez puede cambiar de partido, de colaboradores y hasta de proyecto político. Lo que la ciudadanía le confió fue un mandato para gobernar León, y ese mandato la obliga a respetar la independencia de criterio de sus colaboradores, cualquiera que sea el “fervor político-electoral” de la Alcaldesa. Cuando la lealtad a quien gobierna pesa más que la lealtad a las instituciones, el gobierno empieza a servirse de la ciudad que debía servir.
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