Celaya.- Dos funcionarios adscritos a la Oficialía Mayor de Celaya son investigados por presunta negligencia, luego de omitir el seguimiento a dos demandas laborales promovidas por extrabajadores municipales, cuyos montos en reclamo superarían el medio millón de pesos, informó el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez.
“Hemos determinado que las personas que llevaron el caso y si actuaron con dolo porque no contestaron a tiempo, ayer lunes los pusimos en la Contraloría para que investigara porque no contestaron los últimos dos casos. Yo no sé los nombres pero parece que son funcionarios de Oficialía Mayor parece”, mencionó.
La semana pasada trascendió un procedimiento de ejecución derivado de un juicio laboral promovido por la viuda de un extrabajador municipal jubilado, resuelto por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
La demandante solicitó el pago de pensión por viudez u orfandad, gastos funerarios y seguro de vida. No obstante, la administración municipal señaló inconsistencias en la diligencia de ejecución y rechazó un presunto embargo de cuentas bancarias señalado por la representación legal de la actora, al precisar que se agotarían los medios de defensa jurídica correspondientes.
El Alcalde reconoció que se constató la recepción de las notificaciones oficiales por parte de los funcionarios involucrados —un hombre y una mujer—, al existir acuses firmados; sin embargo, no se dio respuesta procesal al trámite en los plazos legales establecidos.
“Si alguien lleva un caso y no lo contesta está fallando y queremos que se investigue y estamos negociando a ver cuánto le pagamos a las personas porque nos van a ganar no porque tengan razón sino porque no se contestó la demanda. Estamos buscando la negociación y queremos llegar a un acuerdo y pagar”, mencionó.
La promovente reclama un seguro de vida por 250 mil pesos, más un estimado de 30 mil pesos por concepto de rendimientos e intereses, mientras que el segundo expediente implica un monto similar.
“Le va a costar al Municipio y por eso le pedí que lo vieran y si las personas que lo contestaron son culpables tienen que pagar. Es un poquito más de medio millón de pesos pero es dinero del pueblo y por negligencias no podemos aceptar que se pague ese dinero. Si vemos que ellos cometieron un error ellos pagarían, vamos a hacer que ellos paguen”; afirmó.
A pesar de que el Gobierno municipal evaluó la promoción de un juicio de amparo, el presidente municipal descartó la medida al sostener que no se registró el congelamiento ni afectación a las cuentas de la nómina municipal.
AAK
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