Celaya.- Ante la diligencia de embargo derivada de un proceso laboral contra el Municipio, el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez anunció que el Gobierno Municipal recurrirá al amparo para frenar la ejecución de un laudo que exige el pago de una pensión y seguro de vida a la viuda de un exjubilado de Obras Públicas.
El mandatario negó categóricamente que las cuentas de la Presidencia Municipal estén congeladas y aseguró que las operaciones financieras, incluido el pago de nómina, continúan realizándose con normalidad.
La controversia gira en torno al expediente 959/2025/TCA/CB/IND, originado por una demanda interpuesta por la viuda de un expempleado municipal que se jubiló en 2015 y falleció en 2025. Mediante una diligencia ejecutada este jueves por un actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se realizó un embargo precautorio sobre recursos de la partida 1110 del Presupuesto de Egresos, destinada al pago de dietas de síndicos y regidores.
Cuestionado sobre cómo el caso llegó a esta instancia de ejecución, el alcalde reconoció fallas en la gestión de la información y en los emplazamientos:
“Parece que hubo un descuido, como siempre, de la información. La información no nos llegó a tiempo. Se sigue enviando información a abogados de antes o bufetes de antes, y estos no nos la hacen llegar”, comentó.
Ante esta acción, la administración municipal ha manifestado su oposición al acto reclamado, dado que consideró inconsistencias en la diligencia de ejecución.
Ramírez Sánchez fue tajante al señalar que el Ayuntamiento de Celaya no tiene la obligación ni la naturaleza jurídica de otorgar pensiones a familiares de jubilados, responsabilidades que corresponden exclusivamente a instituciones como el IMSS, ISSSTE o ISSEG.
Nosotros no somos IMSS, no somos ISSSTE, no somos ISSEG. Nosotros somos un municipio que no debería de dar pensiones. Sabemos que la gente requiere esos dineros, pero cuando se tomó ese acuerdo con el sindicato y el gobierno municipal, no previeron que después, cuando se muriera el pensionado, sus familiares iban a pedir la pensión”, puntualizó.
El edil detalló que el reclamo económico actual ronda los 284 mil pesos (que incluyen cerca de 250 mil pesos por un supuesto seguro de vida, más actualizaciones e intereses). La viuda también solicita el pago de pensión por orfandad y gastos funerarios.
Al respecto, aclaró que los seguros de vida por fallecimiento aplican únicamente para trabajadores en activo, no para jubilados.
“Nunca ha habido un contrato donde nosotros, cada año, como lo hacemos con los trabajadores, firmemos con alguna aseguradora que les tienen que dar 250 mil pesos”, aseguró.
A pesar de la diligencia sobre la partida del Cabildo, el presidente municipal rechazó que exista un bloqueo en las finanzas del gobierno local.
“El que congela es el juez, y el juez no puede congelar una cuenta que no está relacionada con esos pagos. Entonces no se va a congelar esa cuenta, esa cuenta sigue trabajando”, afirmó.
Explicó que el Ayuntamiento conformó un grupo de trabajo integrado por la Oficialía Mayor, la Dirección Jurídica y asesores externos para estructurar la defensa legal y promover el amparo que detenga el cobro.
Finalmente, el alcalde advirtió sobre el enorme peso presupuestal que representan las jubilaciones para las finanzas locales, superando los 100 millones de pesos anuales para un padrón de aproximadamente 600 jubilados.
Debido a esto, confirmó que la administración decidió congelar las plazas de los trabajadores que se jubilen para mitigar el impacto financiero a largo plazo.
JRL
Acompáñanos en un recorrido por la historia de León. Recibe en tu correo relatos sobre personajes, barrios, tradiciones y momentos clave, que celebran la identidad leonesa, en el marco de los 450 años de nuestra ciudad.
