Guanajuato, capital.- La organización civil Faro de Política Ciudadana, se pronunció en contra de los aumentos al refrendo vehicular en Guanajuato, al Impuesto Cedular para quienes venden bienes o servicios a través de plataformas electrónicas y a la venta de bebidas alcohólicas.
“Los nuevos impuestos que la gobernadora quiere imponer a los guanajuatenses en 2026 no se justifican. Estos no solo resultan innecesarios, sino también inoportunos, especialmente cuando los guanajuatenses enfrentan una recesión económica, costos por la inseguridad, gastos públicos absurdos y nuevas cargas federales”, expresó la organización en un pronunciamiento público.
Faro de Política Ciudadana señaló como “gastos absurdos” lo dado a conocer por AM el 25 de octubre, donde se informó que la gobernadora destina 757 millones de pesos, el 76 % de lo que pretende recaudar, “en un gasto no útil: publicidad gubernamental”.
La gobernadora pretende recaudar mil millones de pesos mediante un incremento del 76 % al impuesto del refrendo vehicular en Guanajuato, bajo el argumento de “equilibrar las finanzas”.
De esa cantidad, solo 530 millones de pesos serán adicionales el próximo año con el aumento del 76 %, informó Edmundo Soto, subsecretario de Finanzas e Inversión, en entrevista con AM publicada el 11 de diciembre.
El 9 de diciembre, AM dio a conocer que para 2026 todos los guanajuatenses que poseen un automóvil, camioneta, camión de transporte de carga o de pasajeros deberán pagar 508 pesos más de refrendo vehicular en Guanajuato, lo que representa un aumento del 76 %.
Actualmente, el cobro es de 672 pesos para vehículos de motor, remolques y semirremolques; sin embargo, a partir del 1 de enero de 2026 aumentará a 1,180 pesos, es decir, 508 pesos más.
En el caso de motocicletas, bicimotos y vehículos similares, la tarifa actual de 165 pesos aumentará a 200 pesos, lo que representa un incremento de 35 pesos.
Este es uno de los cobros por servicios públicos que presta el Gobierno del Estado. AM identificó el aumento al comparar la Ley de Ingresos vigente con la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado para 2026, entregada por la gobernadora a la Legislatura local el 25 de noviembre y que se discutirá en los próximos días en el Congreso del Estado.
Este incremento resulta aún mayor que el aplicado en 2024, cuando el refrendo vehicular en Guanajuato costaba 572 pesos. El 17 de diciembre, los diputados locales autorizaron un aumento de 100 pesos, por lo que durante este año el pago fue de 672 pesos.
Al respecto, Faro de Política Ciudadana, encabezado por José Alberto Castro Vera, emitió un pronunciamiento público.
Argumentan contra el aumento
En primer lugar, la organización señaló la recesión económica que enfrentan los guanajuatenses. Indicó que el Banco de México reportó que en 2025 el crecimiento económico del país será de $0.3\%$, al que calificó como “muy bajo y débil”. Agregó que la confianza para invertir en México se encuentra en su nivel más bajo en tres años, de acuerdo con el Inegi, y que han cerrado 25 mil empresas, según datos del IMSS. “¿Por qué imponer nuevos impuestos en medio de una crisis económica?”, cuestionó la organización.
Como segundo punto, expuso que la inseguridad funciona como un impuesto indirecto para la ciudadanía. El Inegi estimó que el costo económico directo de la delincuencia en los hogares durante 2024 fue equivalente al $1.07\%$ del PIB, mientras que el Índice de Paz México 2025 señaló que el impacto per cápita de la inseguridad fue de 34 mil pesos.
En tercer lugar, advirtió sobre nuevas cargas federales, ya que las pequeñas y medianas empresas deberán realizar un esfuerzo económico adicional para enfrentar el incremento salarial previsto a partir de 2026.
Ante este panorama, la organización llamó a impulsar la industria local, el emprendimiento y el empleo. En el contexto de la recesión económica y del Presupuesto de Egresos del Estado para 2026, planteó cuatro propuestas dirigidas a la gobernadora y a la sociedad:
- Presentar un plan de ahorro exhaustivo basado en eficiencias operativas, con un desglose claro de recortes en partidas, gasto corriente y burocracia en programas y secretarías del estado.
- Plantear un programa de incentivos a la economía, mediante el impulso a la industria local en un entorno de piso parejo, desregulación administrativa, eliminación y facilitación de trámites, incentivos a empresas guanajuatenses y facilidades para hacer negocios que favorezcan el emprendimiento y el empleo.
- Priorizar la justicia y la seguridad en el presupuesto de 2026, fortaleciendo el andamiaje institucional del estado, incluyendo el Poder Judicial, la Fiscalía estatal, la Secretaría de Seguridad y las policías municipales.
- Señalar que, solo si después de estas medidas persisten necesidades presupuestarias, el gobierno deberá justificar de manera transparente para qué, dónde y cómo aplicará los recursos adicionales.
Finalmente, Faro de Política Ciudadana hizo un llamado al gremio de las finanzas y a las universidades para que estudien el caso, elaboren propuestas y se pronuncien públicamente, con el objetivo de ofrecer a los guanajuatenses una mejor perspectiva económica para 2026.
Faro de Política Ciudadana se define como una organización libre e independiente que surge en Guanajuato con tres propósitos: potenciar la vida política activa de la ciudadanía, ampliar la deliberación pública informada en el estado y promover una política ciudadana basada en un civismo guanajuatense fortalecido como modelo de vida civil.
Entre los cobros más altos de México
El Gobierno de Guanajuato impondrá un fuerte aumento en el refrendo vehicular para 2026, que incrementaría el costo en un 76%, pasando de 672 a 1,180 pesos para vehículos de motor, lo que colocaría a la entidad en el Top 6 de los cobros más altos de México.
El Subsecretario de Finanzas e Inversión, Edmundo Soto Torres, justificó el alza de 508 pesos argumentando que Guanajuato se encontraba en el puesto 24 en cuanto a montos cobrados por este concepto y que el objetivo era alcanzar la media nacional.
Soto Torres explicó que con este incremento se esperaba recaudar 530 millones de pesos adicionales, destinados a fortalecer los ingresos propios para financiar servicios esenciales como salud, educación y seguridad pública, señalando que mantener el “mejor sistema de salud del país… costaba mucho” y que la Federación no estaba cubriendo algunos gastos.
A pesar de la justificación oficial, la iniciativa privada, a través de la Asociación de Distribuidores de Automotores (AMDA), criticó fuertemente la medida, calificándola como un “golpe a los contribuyentes” y una falta de creatividad por parte de la Secretaría de Finanzas para generar ingresos, ya que recaía directamente en las familias y en los ciudadanos que dependían de sus vehículos.
Además del refrendo, la Ley de Ingresos para 2026 incluye otras modificaciones fiscales. Se aumentaría la tasa de retención del Impuesto Cedular por Actividad Empresarial del 1% al 2.5% para las personas físicas que operaban a través de plataformas digitales, una medida que buscaba combatir la evasión fiscal.
Respecto al Impuesto a la Venta Final de Bebidas Alcohólicas, se aclaró que no era un gravamen nuevo y que su tasa se mantendría en 4.5%, aunque se pospondría su entrada en vigor hasta julio de 2026 para dar tiempo de adaptación a los empresarios del sector.
AAK
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