La sentencia por cohecho contra Jorge Fernando, exdirector de Servicios Jurídicos y abogado personal de la familia Navarro Smith provocó opiniones encontradas en el Ayuntamiento; al menos la oposición considera que sí “manchó” al Gobierno Municipal.
El lunes, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que se ratificó la sentencia condenatoria de cuatro años y seis meses de prisión en contra del exdirector general de Transporte y Movilidad del Estado, Jorge Fernando, tras acreditarse de manera contundente su culpabilidad en el delito de cohecho.
“Luego de una intensa batalla jurídica frente a los recursos de defensa del acusado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción consiguió que el Poder Judicial ratificara la pena de cárcel y la responsabilidad penal del exfuncionario”, se lee en el comunicado de la FGE.
Al respecto, la regidora del PAN María Fernanda Vázquez Sandoval mencionó que todavía hay alguna instancia a la que el exfuncionario puede recurrir y que en su momento se defendió la presunción de inocencia hasta que no hubiera una sentencia firme, por lo que ahora “solo se tiene que acatar”.
“Hoy hay una sentencia, entiendo que todavía hay algunas instancias, pero eso dependerá del licenciado Jorge Fernando si tomará o no otras instancias. Hoy lo único que queda es respetar, no está en cancha del Gobierno Municipal, sí fue director, pero no había una sentencia firme, hoy hay un panorama totalmente diferente, esa persona no labora en el Gobierno Municipal”, dijo la regidora.
Mientras que la regidora de Morena, Fernanda Arellano Caudillo sostuvo que el asunto penal ya era conocido antes de la administración de Samantha Smith y pese a ello, siguió como director de Asuntos Jurídicos, en la que dijo no dio resultados. También dejó claro que nunca debió estar en ese cargo público y que la alcaldesa ha privilegiado el amiguismo. Y es que cabe mencionar que Jorge Fernando fue una herencia del expresidente Alejandro Navarro Saldaña.
“Jorge Fernando no debió ocupar ni la Dirección jurídica ni ningún otro cargo en la administración pública hasta que se resolviera el asunto por el que estaba siendo juzgado, porque no era un asunto menor, era un asunto penal que se derivó justamente de su función como servidor público. Entonces, bajo el amparo de la presidenta municipal, quien siempre ha presumido que es un amigo íntimo de ella, pues fue que lo sostuvieron… Es evidente que en esta administración pública encabezada por Acción Nacional para ellos es más importante el amiguismo, los negocios íntimos, los negocios personales que darle un servicio de calidad a la ciudadanía”, aseveró la morenista.
Cuestionada sobre la sentencia, Smith Gutiérrez se limitó a decir que “Jorge Fernando no forma parte del Gobierno Municipal desde hace más de un año. La resolución corresponde a hechos relacionados con su desempeño en un cargo estatal y compete a las autoridades judiciales atenderlo”. Cabe recordar que Jorge Fernando dejó la administración por haberle soltado un manotazo a un comerciante del Mercado Hidalgo durante un desalojo, mismo que quedó evidenciado en video.
Lo anterior le valió una denuncia por parte del comerciante y una investigación ante la Contraloría Municipal que hasta ahora no se ha podido resolver, por si fuera poco, el exdirector de Asuntos Jurídicos demandó al Municipio por despido injustificado.
Taxistas ven insuficiente la condena a exdirector de Transporte en Guanajuato
Líderes y choferes del gremio taxista en Guanajuato afirmaron que la sentencia firme de cuatro años y seis meses de prisión dictada contra el exdirector de Transporte del Estado, Jorge Fernando “N”, resulta insuficiente para erradicar la corrupción en el sector.
La condena por cohecho acreditó el cobro de 2.1 millones de pesos a cambio de permitir la operación de taxis irregulares en San Miguel de Allende, aunque los concesionarios aseguran que el esquema abarca a más involucrados.
Integrantes del gremio señalaron que el exfuncionario contó con la protección de servidores públicos de mayor jerarquía estatal, por lo que sostienen que funciona como un “chivo expiatorio” y exigen a las autoridades ampliar las investigaciones hacia toda la red.
Asimismo, representantes transportistas cuestionaron el alcance del proceso judicial, al apuntar que los dirigentes de las agrupaciones que pagaron los sobornos para operar sin permisos tampoco han sido sancionados por su participación en el esquema ilícito.
La controversia expone además la protección política que rodeó al exmando, quien continuó ejerciendo como director de Servicios Jurídicos en la Presidencia Municipal de Guanajuato capital durante dos administraciones locales, aun después de recibir su primera sentencia penal en mayo de 2024.
El exservidor público fue separado del cargo municipal hasta junio de 2025 tras agredir a un comerciante en el Mercado Hidalgo, lo que dejó abierto un expediente en la Contraloría Municipal, una demanda por despido injustificado contra el Ayuntamiento y la espera de nuevas audiencias penales acumuladas.
AM
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