• Organizaciones civiles firmaron un posicionamiento conjunto para exigir a la FGE investigar y sancionar a responsables de detenciones el pasado sábado en manifestación feminista.

• Piden investigar con diligencia y perspectiva de género “incluyendo la identificación de la cadena de mando y garantizar medidas para la no repetición”.

• También llamaron a no estigmatizar las protestas ni a las manifestantes.

León.- Organizaciones civiles a nivel nacional firmaron un posicionamiento conjunto para exigir a la Fiscalía General del Estado investigar y sancionar a responsables de las violaciones de derechos humanos durante la manifestación del 22 de agosto.

Piden investigar con diligencia y perspectiva de género “incluyendo la identificación de la cadena de mando y garantizar medidas para la no repetición”.

También demandan poner fin a los discursos que estigmatizan las protestas y las diversas formas de expresión dentro de éstas.

Y que la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato diseñe, en colaboración con la sociedad civil, un protocolo de actuación policial en contexto de protesta, con perspectiva de género y derechos humanos, con base en los más altos estándares internacionales sobre uso de la fuerza.

“Este protocolo debe garantizar el derecho a la protesta y salvaguardar la integridad de quienes se manifiesten, así como de quienes cubren las protestas”, indica.

Las organizaciones firmantes son: ARTICLE 19 México y Centroamérica; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); El Día Después; Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; y Amnistía Internacional México.

El 22 de agosto un centenar de mujeres se manifestaron en León para exigir justicia para Evelyn, que días antes denunció un presunto abuso sexual de policías.

En la postura apuntan que hay registros de que algunos elementos hicieron uso desproporcionado de la fuerza al golpear, jalar por el cabello y el cuello, y patear a manifestantes. Detuvieron a 22 personas, entre ellas a cuatro menores de edad.

Agregan que en las detenciones se violó el debido proceso pues hay señalamientos de que se ejerció violencia física, agresiones sexuales y que hubo dilación en la puesta a disposición a la autoridad de algunas detenidas. Además de que agentes policiales también agredieron a cuatro mujeres periodistas en su cobertura.

El operativo policial no se basó en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que deben regirlo”, indican.

Estigmatización de la protesta

El comunicado conjunto anota que la Secretaría de Seguridad Pública denostó la protesta al llamarla consecutivamente “manifestación violenta” en redes sociales.

Además de que el 25 de agosto el secretario de Seguridad Pública Estatal, Álvar Cabeza de Vaca, justificó el actuar de la policía por romper normas sociales.

El alcalde Héctor López Santillana publicó el día 26 una disculpa de los hechos. No obstante, invitó “a manifestarse respetando el estado de derecho para que nuestra sociedad tenga una convivencia armoniosa y con desarrollo”.

Las declaraciones de los funcionarios estigmatizan a las personas que ejercen los derechos a la protesta y a la libertad de expresión, sin considerar el contexto de violencia que viven las mujeres”.

“Las organizaciones firmantes recordamos que Guanajuato es el estado con el mayor número de mujeres asesinadas en el país, con 286 casos registrados de enero a julio. En este sentido, ni el estado de derecho ni la seguridad para las mujeres y sus familias están siendo garantizadas por el estado”, señalan.

MCMH