Guanajuato.- Tras los recientes bloqueos a nivel nacional por productores agrícolas que exigen precios justos para la tonelada de maíz, la Cámara de Diputados fue urgida a garantizar desde el Legislativo la protección del sector. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, insistió en contemplar a los trabajadores del campo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.
Las protestas derivaron en el cierre de 36 carreteras en cinco estados ante la exigencia de regulación de precios justos. Autoridades federales acordaron un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz para el Bajío y planean ampliar el crédito “Cosechando Soberanía”. Sin embargo, los productores insisten en un precio de venta de 7,200 pesos por tonelada.
El senador Miguel Márquez solicitó a industriales de la harina elevar el precio del maíz a los campesinos, pues el valor de la harina incrementó 58% mientras el del grano bajó. Paralelamente, los productores están apelando a la “buena voluntad” de las empresas, sin imponer condiciones, ya que actualmente el kilo de maíz se paga entre 5.50 y 6.00 pesos, proponiendo un base de 5.80 a 5.90.
La crisis del campo motivó un debate en el Congreso de Guanajuato, donde Morena propuso una iniciativa para obligar al Estado a mantener precios de garantía y coordinarse con la Federación. Diputados del PAN, por su parte, aseguraron que el partido en el Gobierno Federal es “lo peor que le ha pasado al campo mexicano”, criticando el abandono y la eliminación de apoyos al sector.
Los Industriales de la Masa y la Tortilla apoyaron el aumento del precio de garantía, señalando que los “coyotes” son los que ganan, comprando la tonelada a 4,800 pesos y vendiéndola a 7,800. La Conferencia del Episcopado Mexicano demandó una solución urgente al Gobierno Federal para la crisis, advirtiendo del riesgo de una “descomposición social irreversible” si no se atiende con prontitud y justicia.
Urge protección de productores agrícolas
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, urgió la necesidad de garantizar desde el Legislativo la protección de los productores agrícolas que recientemente se manifestaron en distintos estados del país durante los bloqueos campesinos.
López Rabadán insistió en que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 se contemple a los trabajadores del campo ante la exigencia nacional del sector agropecuario sobre la regulación de precios justos para la compra de la tonelada de maíz y otros alimentos, lo que derivó en el cierre de carreteras que afectó al menos a cinco estados del país.
Yo acompaño, por supuesto, la consigna de que sin maíz no hay país, pero también es un hecho que sin apoyo no hay desarrollo. Se necesita que el Gobierno Federal, que el Presupuesto de Egresos de la Federación garantice un apoyo a los productores nacionales”, señaló la legisladora.
“Cada Poder en este país debe hacer un esfuerzo importante en el marco de la legalidad, para que podamos proteger a los productores nacionales, y es necesario entrar a esa discusión aquí también, en la Cámara de Diputados”, mencionó.
Recalcó la necesidad de disminuir la asimetría con otros países como Estados Unidos o Canadá, en donde el apoyo otorgado a productores es alto, permitiendo una cosecha y distribución rentables.
“En México, el maíz es, sin lugar a dudas, prioritario, no solamente para el consumo, sino también para recordar que es un producto nacional, de consumo nacional y que acompaña culturalmente a nuestro país”, añadió.
Las protestas derivaron en el cierre de 36 carreteras, afectando a los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Sinaloa y Tamaulipas, entorpeciendo el tránsito vehicular.
Durante la madrugada del miércoles hubo acuerdos entre los representantes del sector agropecuario y autoridades federales para la liberación de las vialidades.
Destaca la entrega de un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz para los productores del Bajío, esperando beneficiar a 90 mil trabajadores, así lo señaló Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, durante la conferencia matutina de ayer.
Además, se buscará ampliar el programa de crédito y seguros “Cosechando Soberanía”, ofreciendo una tasa de interés anual del 8.5%. Finalmente, se propuso crear el Sistema Mexicano de Ordenamiento y Comercialización del Maíz, que establecerá mecanismos de regulación de los precios y medios de comercialización directos.
Sin embargo, los productores aún no están conformes y consideraron esta propuesta como un “respiro”, más no una solución definitiva, ya que aún mantienen la exigencia de establecer un precio de venta de 7,200 pesos por tonelada de maíz, en contraste con el precio actual del mercado, de entre 5,800 y 6,000 pesos por tonelada.
Miguel Márquez plantea que los industriales paguen más por el maíz a los campesinos
El senador Miguel Márquez Márquez, secretario de la Comisión de Agricultura del Senado, señaló que los industriales de la harina deben aumentar el precio del maíz que pagan a los productores, ya que en los últimos años lo han mantenido a la baja.
En un video publicado este jueves en su cuenta de X (antes Twitter), el legislador mencionó que uno de los compromisos hechos con el Gobierno Federal fue sentarse a dialogar con las grandes industrias para que mejoren los precios que reciben los campesinos.
“Esto es un tema de vital importancia, porque en los últimos años ha venido incrementando el precio de la harina en 58%; sin embargo, el precio del maíz ha ido a la baja y el precio de la harina no ha bajado. Entonces, hoy es importante que se pongan en el precio del productor, sean empáticos con ellos, que hoy requieren y demandan un mayor precio para el maíz”, destacó.
Márquez explicó que son pocas las empresas productoras de harina, pero representan a las más importantes del país, por lo que deben ser convocadas para acordar un precio justo con los campesinos.
Por otro lado, subrayó que en la próxima discusión del Presupuesto de Egresos Federal 2026, es indispensable que los diputados federales destinen mayores recursos al campo.
Es importante que los diputados le metan dinero, le metan recursos. Quieren más apoyo para el diésel, más apoyo para las coberturas de seguros, que son fundamentales. Que haya apoyo para el financiamiento rural, para que el campo funcione y funcione bien, y no vivamos la problemática que se ha presentado en estos años y, sobre todo, en este año”, puntualizó.
Durante la reunión del martes con integrantes de la Comisión de Agricultura, el senador advirtió que sin presupuesto ni estímulos el campo mexicano no puede competir con las grandes potencias agrícolas.
“Aquí yo sí creo que debe haber un esfuerzo conjunto de todos, no debe tener colores. El campo debe producir para llevar el alimento a la mesa, sea del norte, del sur o del centro del país, del color que sea. Hay que ayudar a la gente del campo”, expresó.
En su mensaje final, reiteró: “El alimento llega gracias al esfuerzo y sacrificio de la gente que labora en el campo. Dicen que no hay cariño ni amor sin presupuesto, entonces, si queremos al campo, hay que inyectarle recursos y animar a nuestra gente para que siga produciendo”.
Campesinos apelan a la buena voluntad de industriales
Por su parte, Mauricio Pérez Cabrera, campesino de Abasolo que participó en las negociaciones con el secretario de Agricultura en la Ciudad de México el lunes, martes y miércoles, informó que este jueves gestionaba reuniones con industriales que utilizan maíz como materia prima.
Entrevistado por AM, aclaró que no es obligatorio que los industriales compren el maíz a determinado precio.
“Lo que nosotros vamos a hacer es una concientización de nuestros socios comerciales; nosotros no podemos obligarlos. Es como si yo te quiero vender unos zapatos a la fuerza: quiero que me los compres y no me los quieres comprar.
“Esto es una cuestión de voluntad. Nosotros estamos apelando a la buena voluntad de la industria que comercializa el maíz y que lo transforma; esa es nuestra necesidad. Si ellos, a manera solidaria, a manera de un gesto de buena voluntad, deciden ayudarnos, es lo único que estamos apelando: a esa buena voluntad, nada más. Si pueden o no pueden, si tienen voluntad, lo van a hacer; si no, no lo vamos a conseguir”, explicó.
Pérez Cabrera agregó que cuando dialoga con los industriales no impone condiciones.
Primero Dios, yo pienso que sí vamos a poder hablar con ellos y hacer conciencia. Vamos a ver qué sucede”, comentó.
Precisó que actualmente los industriales pagan el kilo de maíz entre 5.50 y 6 pesos, según la zona, mientras que los productores proponen un precio base de 5.80 a 5.90 pesos por kilo.
Crisis en el campo provoca debate en el Congreso
La crisis en el campo fue motivo de un intenso debate en el Congreso local: mientras Morena presentó una iniciativa para que el gobierno estatal destine recursos para mantener los precios de garantía y un punto de acuerdo para que exista coordinación entre Estado y Federación, diputados del PAN afirmaron que lo peor que le ha pasado al campo mexicano es Morena.
El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor, de la bancada de Morena, presentó una iniciativa que busca establecer la obligación del Estado de implementar y mantener precios de garantía para los productos estratégicos del campo, como el maíz, frijol, leche, arroz y trigo.
Se trata de una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 1 de la Constitución local, que busca que el Estado de Guanajuato reconozca legalmente esta obligación, se coordine con la Federación para que los precios sean justos, asigne presupuesto suficiente y garantice la seguridad alimentaria.
La propuesta se presentó en la sesión del Congreso del Estado de este jueves, a un día de que la bancada morenista hizo pública su agenda legislativa y donde no se hizo mención alguna al tema del campo ni a los bloqueos carreteros.
El legislador de Morena señaló que, aunque se reconocen los esfuerzos federales y estatales, estos deben ser complementados para solucionar las problemáticas del sector.
Ramos Sotomayor destacó que los campesinos guanajuatenses han enfrentado durante décadas el abandono, la especulación y la incertidumbre.
Indicó que los productores invierten y trabajan con recursos limitados y, al final, los precios del mercado a menudo no les alcanzan “ni siquiera para cubrir sus costos”.
Por ello, destacó que esta iniciativa es un acto de protección y cuidado al campo, con el fin de garantizar una “retribución justa” a las y los campesinos de Guanajuato.
De igual forma, hizo hincapié en que esta propuesta recoge la lección histórica de que cuando el Estado asume su responsabilidad con precios de garantía, el campo crece y se fortalece, una política que ha sido retomada por el Gobierno Federal.
También presentan exhorto
Por su parte, la diputada Hades Berenice Aguilar presentó un punto de acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo estatal para que, por conducto de la Secretaría del Campo, establezca convenios de coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para articular y reforzar los programas federales como Producción para el Bienestar y Precios de Garantía, evitando duplicidades y garantizando cobertura integral.
Debaten por el campo
En asuntos generales, el tema del campo generó una amplia discusión entre legisladores del PAN y Morena.
El diputado Roberto Carlos Terán dijo que las manifestaciones de campesinos concluyeron, pero su voz permanece, y son un recordatorio de lo que no se debe olvidar. Afirmó que su actividad sostiene a miles de familias que enfrentan grandes retos como las sequías, heladas e incremento de insumos, y que el campo es el corazón que late y alimenta a México.
Sus demandas no son reclamos aislados, sino el reflejo de una necesidad nacional”, dijo.
David Martínez Mendizábal mencionó que los precios de garantía se determinan en la Bolsa de Chicago y que el mercado no tiene moral, por lo que está sujeto a la oferta y la demanda. Agregó que hay acuerdos de globalización que impiden a los gobiernos establecer acciones unilaterales.
Finalmente, exhibió que quien supuestamente dio la llamada para que desbloquearan la carretera 57 fue Rubén Vázquez, afín al PAN.
“Si la desbloqueó, dio la orden de bloquear”, apuntó.
El diputado Aldo Iván Márquez Becerra, del PAN, expresó que “lo peor que le ha pasado al campo mexicano ha sido Morena”, y que “esas son palabras de los productores del campo”.
En su intervención en tribuna, Márquez dijo que prometieron rescatar al sector rural y que en cambio lo abandonaron; ofrecieron precios de garantía que no tienen vinculación con la realidad y eliminaron instrumentos financieros, además de desmantelar programas presupuestales que representaban apoyos directos para los productores.
“Han sido capaces de exportar diésel subsidiado a Cuba, pero son incapaces de ofrecer insumos energéticos con precios preferenciales a quienes producen los alimentos que el país consume”, apuntó.
En rectificación de hechos, el diputado David Martínez Mendizábal apuntó que el declive del campo empezó cuando se favorecieron las grandes empresas, la venta y la privatización del ejido, y el favorecimiento de las empresas intermediarias entre el grano y la producción de harina, y nunca lo resolvieron.
Jorge Espadas, del PAN, remarcó que “lo peor que le ha pasado al campo es Morena, no lo decimos nosotros, lo dicen los propios campesinos”.
A favor del aumento del precio de garantía
Industriales de la Masa y la Tortilla se pronunciaron a favor de que se aumente el precio de garantía a los agricultores y se busquen mecanismos de comercialización, pues los “coyotes”, “intermediarios” o acaparadores son los únicos que ganan.
Los industriales señalaron que no es posible que actualmente se pague la tonelada de maíz a los productores a 4 mil 800 pesos, mientras los grandes almacenistas la venden a 7 mil 800 pesos a las tortillerías.
El Gobierno Federal ofrece un precio de garantía de 6 mil 50 pesos por tonelada a los agricultores, con un máximo de 200 toneladas.
“Es lamentable y una injusticia lo que se está haciendo con los verdaderos productores, y no digo que sean los acaparadores los que más ganan, pero sí hace falta que se incremente el precio de garantía del maíz a los productores”, dijo Rafael Nana, de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla de Guanajuato.
Los más afectados son los pequeños agricultores. Se requiere un precio real al maíz y a la tortilla. Comparamos a 7 mil 800 la tonelada, nada que ver con lo que se paga a los agricultores”, añadió el industrial.
Los industriales de la masa y la tortilla señalaron que son los “bodegueros” o acaparadores quienes aprovechan los deficientes mecanismos de comercialización para pagar barato a los productores y vender caro a los industriales de la masa y la tortilla, así como al sector ganadero.
“Siempre se ha dicho que el que más riesgo tiene y el que menos gana es el pequeño agricultor. Los acaparadores se aprovechan de la necesidad del campesino para pagarle a como quieren, hasta menos del costo de producción, y el gobierno no fija un precio de garantía aduciendo que está regido por los precios internacionales, y este año hubo una sobreproducción a nivel mundial, y el precio del maíz se desplomó”, señaló Alfredo Hernández, comerciante de granos.
Demandan solución urgente
Los obispos de México demandaron al Gobierno Federal una solución urgente para terminar con los bloqueos carreteros y dar un precio justo a los productores de maíz.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por las graves afectaciones que estos bloqueos han causado a miles de personas: trabajadores que no pudieron llegar a sus empleos, enfermos que no accedieron a sus consultas médicas, medicamentos que no llegaron a su destino y, lamentablemente, personas que han perdido la vida por falta de atención oportuna”, señaló el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro.
La CEM reconoció que los bloqueos han dejado pérdidas económicas millonarias y que el daño al tejido social es incalculable.
Cada persona afectada, cada familia que sufre, merece también nuestra solidaridad.”
“La situación es urgente y no admite dilación. Si no se atiende con prontitud y justicia, corremos el riesgo de caer en una descomposición social irreversible que afectará tanto al campo como a la economía nacional y al bienestar de millones de mexicanos”, reiteró Castro Castro.
A través de un comunicado enviado a todas las Arquidiócesis del país, entre ellas la de León, señaló que “como pastores de la Iglesia, seguiremos acompañando a nuestro pueblo en este momento difícil, promoviendo el diálogo, la justicia y la paz que tanto necesitamos”.
Los obispos subrayaron que “es imperativo que el Gobierno Federal actúe con altura de miras, diligencia y verdadera capacidad de negociación. México tiene una larga historia de luchas agrarias que no pueden ser ignoradas. Es responsabilidad del Estado crear y fortalecer mecanismos que garanticen precios de garantía justos, apoyos efectivos al campo y compensaciones por las pérdidas económicas que esta crisis ha generado”.
También hicieron un llamado a los productores para que no sigan afectando a terceros.
“Comprendemos su angustia y reconocemos la justicia de sus demandas. Sin embargo, les exhortamos a buscar caminos de diálogo que no profundicen el sufrimiento de otros hermanos mexicanos que también viven situaciones difíciles.”
Finalmente, llamaron a los bodegueros y empresas que compran el grano a pagar precios justos.
“Apelamos a su solidaridad y sentido de justicia para que paguen precios justos por los productos del campo, reconociendo que detrás de cada cosecha hay familias enteras que dependen de ese ingreso.”
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