Guanajuato.- El presunto hackeo en la Fiscalía de Guanajuato ha afectado directamente la operación de las agencias del Ministerio Público (MP) y el trabajo de los fiscales investigadores, paralizando diversos trámites. Abogados litigantes y presidentes de colegios de abogados coincidieron en que la información oficial es confusa y exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) total transparencia para restablecer la confianza pública.
Los problemas en el sistema de la FGE comenzaron a reportarse desde el viernes 7, a pesar de que la Fiscalía insiste en que se trata de una “revisión preventiva de los controles de seguridad”. Sin embargo, la consultoría internacional en seguridad digital Hackmanac informó que un grupo de hackers tomó la autoría de un presunto ataque informático.
Impacto directo en la procuración de justicia
El abogado litigante Bacceli Lira, de LM Corporativo Jurídico, confirmó que la afectación a los sistemas fue real y obstaculizó los procedimientos legales. Por ejemplo, las carpetas de investigación no pudieron sustanciarse de manera consecutiva; los recursos o promociones debieron agregarse de manera manual.
También, la falta de intercomunicación entre áreas de la dependencia afectó a agencias del MP, la UEMA (Unidad Especializada en Mecanismos Alternos de Solución de Controversias) y peritajes, además de detener las notificaciones a diversos presuntos imputados.
Lira criticó la supuesta falta de empatía del fiscal Gerardo Vázquez Alatriste al minimizar la filtración de 250 GB de información, señalando que se aceptó la filtración sin mencionar el desdén por las víctimas y los datos sensibles que se pudieron haber comprometido.
Exigencia de transparencia y confianza ciudadana
Abogados líderes coincidieron en que la respuesta de la FGE ha generado desconfianza. Katya Morales Prado, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados en Guanajuato, afirmó que la información es confusa y que la exigencia de transparencia no debe verse como una crítica, sino como un elemento indispensable para fortalecer la confianza pública en las instituciones.
Por su parte, Víctor Manuel Sánchez Quiroz, presidente del Colegio de Abogados de León, advirtió que “cualquier vulneración a la seguridad institucional impacta directamente en la confianza ciudadana y en la integridad de las investigaciones”. Exigió que el incidente se aclare a fondo y con absoluta transparencia para garantizar la no repetición de los hechos.
Análisis técnico y la vulnerabilidad estatal
Diego Martín González Almanza, presidente del Clúster de Tecnologías de la Información en Guanajuato (Clutig), afirmó que el caso de la Fiscalía es un reflejo de lo que ocurre a nivel empresarial con los ciberataques, donde el costo mediático de un incidente es mucho mayor que el costo de recuperar la información. Señaló la desconexión tecnológica de la Fiscalía con el sector de ciberseguridad en el estado, incluyendo al Clutig y a la Alianza México Ciberseguro y Derecho Digital en Guanajuato.
Puntualizó que el presunto grupo responsable, Grupo Tekir APT, parece ser de operación nueva, siendo este el primer registro de su participación a nivel nacional o mundial. El especialista subrayó que Guanajuato no cuenta con una certificación estatal alineada a un marco regulatorio internacional en ciberseguridad, lo que expone a las instituciones a este tipo de incidentes.
Los abogados y especialistas concluyeron que solo con claridad, rendición de cuentas y una inversión seria en seguridad cibernética podrá la FGE proteger los datos críticos y evitar que un incidente como el presunto hackeo en Fiscalía de Guanajuato comprometa la justicia estatal.
Fiscal niega ciberataque
El Fiscal del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, negó un hackeo a la Fiscalía General del Estado (FGE), minimizando la información supuestamente robada. Calificó el volumen de 250 Gigabytes como “insignificante”, insistiendo en que “no pasó nada, no hubo afectaciones” a la institución.
La versión oficial contrasta con la alerta de la consultoría internacional Hackmanac. Esta señaló que el grupo de hackers “Tekir APT” se atribuyó el ciberataque, asegurando haber vulnerado el sitio web y subdominios de la FGE.
El grupo de atacantes afirma haber borrado copias de seguridad y extraído más de 250 GB de información. Esta información extraída presuntamente incluye identificaciones personales y expedientes judiciales sensibles.
Ante la controversia, legisladores del PRI, PVEM y PAN exigieron al Fiscal que aclare la situación. Solicitaron transparencia sobre las medidas tomadas para atender el supuesto ciberataque.
Vázquez Alatriste insistió en que “no hay ningún ataque”, sugiriendo que la difusión de la información tiene un origen malintencionado. Reafirmó el compromiso de la FGE de proteger los datos sensibles de los ciudadanos.
AAK
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