Ciudad de México.- Tras la aprobación de la Ley de Aguas en el Congreso federal, los senadores panistas Miguel Márquez Márquez (exgobernador de Guanajuato) y Francisco Ramírez Acuña (exgobernador de Jalisco) defendieron la legalidad de las concesiones de agua que tienen para el uso de riego agrícola.
Ambos exgobernadores concedieron entrevista en el Patio del Federalismo del Senado, luego de que en la discusión de la ley fueran mencionados, junto a otros políticos como el expresidente Vicente Fox y el exlíder del PAN, Marko Cortés, como beneficiarios de diversas concesiones de agua.
Las concesiones de agua de Miguel Márquez Márquez
Márquez Márquez puntualizó que cuenta con dos concesiones de agua. Una de ellas fue heredada por su padre, tiene más de 50 años de antigüedad y es de 150 mil metros cúbicos para el riego de 30 hectáreas. La otra concesión de agua también tiene cerca de 15 años, en otro terreno heredado por su madre y es para una superficie de 15 hectáreas.
El senador retó a las autoridades a revisar la legalidad de sus concesiones de agua: “Le damos el buen uso que establece la ley. El agua es para uso de riego agrícola. No hay ninguna desviación, de ninguna especie y me atrevo a decir que si mañana quieren ir a revisar que vayan, y el día que quieran caer de sorpresa, a la hora que gusten, el que nada debe nada teme”.
Márquez insistió en que no hay nada que esconder y que pueden revisarse ambas concesiones de agua. Coincidió con Ramírez Acuña en que, si hubiera algo irregular, que se las retiren.
Defienden concesiones de agua
Les cuestionaron si no temen que el oficialismo invente pretextos y les retire las concesiones de agua, a lo que el guanajuatense respondió: “Ningún temor. ¿Por qué vamos a tener miedo? Si tenemos todo el derecho. Es una concesión que el Estado te da, pero es un derecho como mexicanos, y estamos haciendo un buen uso”.
Márquez Márquez agregó que está de acuerdo en que la nueva Ley de Aguas vaya contra los acaparadores: “Obviamente estoy de acuerdo que vaya sobre los acaparadores, aquellos que desvían la vocación del agua, que en lugar de que sea para uso agrícola sea para uso industrial, sea para regar su campo de golf, sea para uso habitacional, ahí sí. Pero si vas como Dios manda ¿por qué tienes que tener miedo?”.
Por su parte, el senador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, reportó que tiene una asignación de 25 mil metros cúbicos para una superficie de 27 hectáreas de limón, en Tototlán, que es lo que la ley y la Conagua dispusieron para poder regar. Ramírez Acuña defendió que su concesión de agua fue otorgada en los términos de ley cuando él no era funcionario público y sin ninguna injerencia, y por lo tanto, tienen totalmente la conciencia tranquila, ya que es agua que sirve para poder producir alimentos.
El debate en el Senado concluyó con la aprobación del decreto de la Ley General de Aguas y la modificación de la Ley de Aguas Nacionales, con los votos a favor de Morena y aliados. El oficialismo argumentó que la ley busca fortalecer la rectoría del Estado en la administración de las aguas nacionales, mientras la oposición acusó que se pretende un “control político” sobre los productores que tienen concesiones de agua.
Pozos irregulares en Guanajuato
Guanajuato es la entidad del país con el mayor número de tomas o pozos de agua sin títulos de concesión, habiendo detectado 369 casos desde 2018, casi el doble que el segundo estado con más irregularidades. En promedio, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detecta 59 extracciones sin permiso al año en el estado.
La problemática se concentra principalmente en León, municipio que acumuló 65 de estos pozos irregulares, representando el 17.61% del total estatal. El año con más detección de irregularidades en el estado fue 2019, con 76 casos.
Enrique de Haro Maldonado, director de SAPAL, destacó la urgencia de regularizar estos pozos debido al estrés hídrico que sufre el acuífero, ya que la falta de control de volumen extraído agrava la sobreexplotación. Cuando el organismo detecta tomas sin concesión, únicamente realiza la denuncia ante Conagua, que es la autoridad facultada para clausurar o sancionar.
Además de los pozos clandestinos, el Programa de Ordenamiento de Concesiones de Conagua identificó 58,938 inconsistencias a nivel nacional, incluyendo títulos agrícolas utilizados para fines distintos a los autorizados, lo que subraya el uso indebido del recurso.
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