Guanajuato.- Aunque Guanajuato cuenta con los órganos internos de control con mayor presupuesto del País, el 94.4% de las denuncias por incumplimientos de obligaciones de servidores públicos estatales se archivan, según un censo del Inegi.
En el 2024 solo se sancionaron a 27 funcionarios por faltas administrativas, de las cuales ninguna fue catalogada como grave.
Esto ubica a Guanajuato entre las seis entidades del País que menos castiga a servidores públicos por ser responsables de alguna falta administrativa, de acuerdo al Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) y Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2025.
Ante los hallazgos de este estudio que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este 4 de diciembre del 2025, la Secretaría de Honestidad explicó que “el número de sanciones no siempre refleja inacción, sino procesos en curso”.
Además argumentaron que muchos de estos indicadores se dieron con expedientes que ya estaban en trámite o próximos a cierre, respecto a la fecha en la que comenzó a operar la actual administración.
Se iniciaron y tramitaron bajo dinámicas, criterios y cargas heredadas de administraciones anteriores”, argumentaron a través de una ficha informativa al ser consultados por AM.
Aunque aseguraron que estos datos que arroja el Inegi no se ignoraron y sirvieron como línea de base para este 2025.
“El mensaje es claro: menos expedientes sin sustento y más procedimientos sólidos que resistan cualquier revisión”, señalaron.
Invierten en órganos de control
En 2024, en Guanajuato se gastaron más de 91 millones de pesos en los órganos internos de control de la Administración Pública Federal (APF) y las Administraciones Públicas Estatales (APE). Fue la sexta entidad que más dinero ejerció en dicho año.
Estos órganos se refieren a las unidades dentro de las instituciones en la entidad con la capacidad de vigilar la legalidad, integridad, transparencia y buen uso de los recursos.
Para este censo del Inegi se refiere a las organizaciones que están a cargo de los poderes ejecutivos estatales, es decir, que no incluye a las dependencias locales o municipales.
A pesar de la importante inversión y que Guanajuato es el noveno estado con más denuncias recibidas por incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos en 2024, solo 3.41% de las investigaciones concluyeron una presunta responsabilidad administrativa.
Pocas sanciones
Durante el 2024, en Guanajuato se concluyeron 1 mil 497 investigaciones por una presunta falta administrativa cometidas por el personal de las instituciones, de las cuales 1 mil 414 se archivaron, es decir, en el 94.4% de los casos se guardó el expediente.
Solo 51 investigaciones terminaron en la “Presentación del informe de presunta responsabilidad administrativa”, lo que apenas es el inicio para abrir un procedimiento administrativo de responsabilidades, en otras palabras, para ahora sí poder juzgar.
Sin embargo, en 2024 tan solo se sancionaron a 27 servidores públicos guanajuatenses. Únicamente Yucatán (26), San Luis Potosí (17), Sinaloa (15), Tabasco (13) y Puebla (6), son las entidades que menos personas funcionarias tienen con alguna sanción.
El Estado de México con 3 mil 616, Ciudad de México con 427 y Nuevo León con 337, fueron los tres estados del País con más personal sancionado.
En todo México, las administraciones estatales sancionaron a 6 mil 928 personas, lo que representó un aumento del 14.6% en comparación con el 2023.
Importante contextualizar
La Secretaría de la Honestidad expresó que la mayoría de las investigaciones y procedimientos administrativos que se reflejan en este censo se “iniciaron y tramitaron bajo dinámicas, criterios y cargas heredadas de administraciones anteriores”.
Además para contextualizar, detallan que los procedimientos para faltas administrativas graves no son inmediatos, “requieren etapas de investigación, sustanciación, garantías de audiencia y resoluciones debidamente fundadas”.
Precisaron que la actual administración opera desde el 24 de octubre del 2024, cuando ya muchos de los expedientes estaban en curso y próximos a concluir.
“Desde nuestra llegada se realizó un diagnóstico interno para identificar cuellos de botella, rezagos y áreas de mejora”.
¿Por qué los castigaron?
En este censo del Inegi se revela que 27 de los sancionados en Guanajuato fueron por “no desempeñar sus funciones, atribuciones y comisiones con disciplina y respeto”.
Tan solo dos por “no presentar declaración de situación patrimonial y/o de intereses en tiempo y forma”, una persona por “no atender instrucciones de sus superiores” y otra por “no rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones”.
En el 2024, todos los funcionarios que recibieron un “castigo” fueron por faltas administrativas consideradas como “no graves”.
Entre las sanciones que recibieron fueron:
10 – Inhabilitación
8 – Amonestación privada
8 – Suspensión del empleo, cargo o comisión
1 – Amonestación pública
Para contrastar, en 2023 solo se sancionaron a 18 servidores públicos de Guanajuato, con solo uno caso catalogado como una falta administrativa grave, la cual se trató de un “abuso de funciones y actos de violencia política contra las mujeres”.
En 2022, fueron 22 personas funcionarias las sancionadas, con cuatro casos por faltas graves, de las cuales dos fueron por “peculado”, una por “cohecho” y una más por “omisión de enterar las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos ante el ISSSTE”.
Más procedimientos sólidos
Si bien la Secretaría de la Honestidad tomó como punto de partida los indicadores del año anterior, las metas para el 2025 no se centraron únicamente en el número de sanciones, sino en eficiencia, calidad jurídica, tiempos de resolución y solidez de las investigaciones.
Porque sancionar mal o rápido sin sustento debilita el combate a la corrupción”, indicaron.
Para conseguir esto se emprendieron cinco acciones puntuales:
1. Se reordenaron prioridades para concentrar recursos en asuntos con mayor impacto y riesgo.
2. Se fortaleció la planeación de investigaciones, evitando expedientes débiles que no prosperan.
3. Se mantiene una evaluación constante para la mejora de procesos internos y coordinación entre áreas investigadoras y sustanciadoras.
4. Se privilegia una visión de prevención, corrección y sanción efectiva, no solo estadística.
5. Estamos en capacitación continua, como por ejemplo, en temas de perspectiva de género y en poder tener criterios uniformes en el tema de procedimientos.
El objetivo de este censo
El Inegi establece que la finalidad de este censo es vincular los datos con el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los temas referidos.
Aunque los datos que presenta son de la administración 2024, el periodo de levantamiento fue del 16 de junio al 3 de noviembre de 2025.
Ocho sentencias en 21 años
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado ha iniciado 608 carpetas de investigación durante sus 8 años de existencia. Sin embargo, solo ha obtenido 21 sentencias: 20 condenatorias y solo una absolutoria.
Del total de las carpetas, la Fiscalía solo asumió el ejercicio de la acción penal en 113 investigaciones, es decir, solo las planteó ante algún juez. Además, la Fiscalía celebró algún tipo de mecanismo alterno de solución de controversias en materia penal en 88 carpetas, lo cual es una medida permitida e incluso promovida en el sistema de justicia oral penal del Estado.
La Fiscalía abrió las 608 investigaciones del 16 de agosto de 2017 al 05 de noviembre de 2025.
La Fiscalía Especializada entregó esta información al abogado y activista Roberto Saucedo mediante una solicitud de acceso a la información.
Gasto vs. recuperación
En todo este periodo de 8 años, las arcas públicas han invertido un costo total de 98 millones 506 mil 605 pesos en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
En contraste, el propio órgano informó que solo ha recuperado 60 millones 242 mil 401 pesos. Esto significa que la Fiscalía ha gastado 38 millones 264 mil 204 pesos más de lo que ha recuperado.
Estructura y remoción
El titular de la Fiscalía Anticorrupción, Marco Antonio Medina Torres, tiene un nombramiento indefinido. Solo el titular de la Fiscalía General puede removerlo. El Congreso solo puede objetar esta remoción por el voto de las dos terceras partes (2/3) de quienes se encuentren presentes. Si el Congreso no se pronuncia en cierto plazo, se entiende que no hay objeción y la remoción procede.
La Fiscalía cuenta con un total de 29 integrantes: un titular, un personal directivo, cinco agentes del Ministerio Público, siete agentes de investigación criminal, tres peritos contables, un analista de información y once personas de apoyo.
La opinión del CPC
Entrevistado sobre estas cifras, Alejandro Ramírez Zamarripa, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, comentó que de los delitos que lleva esta fiscalía —como extorsiones y abuso de funciones—, “no hay un comparativo en los datos mencionados”, como para hacer una evaluación.
En entrevista con AM, se le preguntó sobre el bajo porcentaje de carpetas de investigación resueltas en una sentencia.
Tendríamos que conocer el fondo de las carpetas, se me hace muy riesgoso opinar porque no sé de qué son las carpetas, y pudieron tener otro destino. ¿Comparado con qué? yo no sé si esas denuncias son falsas denuncias, ese dato no lo tengo”, afirmó.
Sobre el presupuesto gastado y lo recuperado, dijo que no hay un parámetro para poder compararlo, porque en muchos delitos no puede haber recuperación de activos, “en el que podamos decir si es bueno o es malo. Yo no podría decirlo”.
Se le pidió una evaluación general sobre la Fiscalía Anticorrupción. “Nosotros no tenemos evaluación, el CPC es un organismo ciudadano que no evalúa políticas públicas, eso lo hace el comité coordinador“, atajó.
Dijo que en el CPC están elaborando un tablero de indicadores para tener un mecanismo de rendición de cuentas.
AM buscó una entrevista con Marco Antonio Medina Torres para hablar sobre las cifras mencionadas. Se solicitó a Comunicación Social de la Fiscalía desde el 25 de noviembre. Luego se insistió el 27 de noviembre, otro día más y la última vez el 11 de diciembre. Sin embargo, la entrevista no se concedió.
AAK
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