¿Se puede despenalizar el aborto y proteger la vida en Guanajuato? Esto aclaran activistas
Durante el foro “Por el Derecho a Decidir en Guanajuato”, en el Congreso Local, Fernanda Castro, representante del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), advirtió que la iniciativa de despenalización está respaldada por feministas y sentencias de la Suprema Corte.
Guanajuato.- Durante el foro “Por el Derecho a Decidir en Guanajuato”, realizado en el Congreso Local, la activista Fernanda Castro, representante del colectivo GIRE, dijo que a pesar de que en la constitución política del Estado se protege a la vida desde la concepción, no es incompatible con la despenalización del aborto.
“Me parece que aquí la cuestión no es: ‘aborto sí o aborto no’, sino ‘aborto sí, no a la criminalización’, y es así que los diputados de todas las bancadas van a tener que priorizar los derechos de las mujeres y personas y con capacidades de gestar”, expresó Fernanda Castro, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Organizado por Movimiento Ciudadano y por organizaciones de la sociedad civil, se llevó a cabo este foro, previo a las mesas de trabajo en las comisiones de salud y educación para analizar dos iniciativas que buscan la despenalización de la interrupción del embarazo en el estado, así como incluir la educación sexual en el ámbito académico.
Nosotros apuntalamos que la iniciativa tiene buenas posibilidades, principalmente porque hay diputadas con mucha voluntad política, porque están respaldadas por un movimiento feminista, y están respaldadas por las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, donde se establece que criminalizar el aborto es inconstitucional”, enfatizó la activista.
Apuntó que hay posibilidades de avance debido a que hay mecanismos jurídicos que respaldan esta iniciativa, y por supuesto que las organizaciones de la sociedad están señalando la inconstitucionalidad que representa la criminalización.
Sobre el rechazo a las propuestas por parte del grupo mayoritario en el Congreso, dijo que: “me parece que aquí que los derechos no se negocian, y creo que del partido que sea, el derecho está, los derechos humanos lo dicen, los tratados internacionales lo dicen, me parece que aquí la cuestión no es: ‘aborto sí o aborto no’, sino ‘aborto sí, no a la criminalización’”, dijo.
Durante el foro, la representante de GIRE hizo una cronología de cómo ha transitado en diversas legislaciones el tema del aborto, y cómo se han logrado despenalizar en diversos estados del país.
“Creo que es la primera vez que en el Congreso de Guanajuato, impulsado por la sociedad civil, se realizan foros de debate, de discusión y de reflexión, y eso es muy importante a la hora de analizar una iniciativa, democratizar la información, sensibilidad y concientizar que el aborto es un servicio de salud que debe garantizarse como tal”, declaró.
Caso Jalisco debe impulsar a Guanajuato
Durante el foro, la también activista Magda Yazmín Cano Hernández, representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), compartió su experiencia en la lucha que se dio en el Congreso de Jalisco, donde se logró recientemente la despenalización del aborto.
En octubre de 2024, el Congreso de Jalisco despenalizó el aborto libre hasta la semana 12 de gestación, que lo convirtió en la entidad número 14 de México en reformar su legislación, para garantizar a todas las mujeres y personas gestantes su derecho a decidir la interrupción del embarazo.
Pero esta lucha duró años. Magda Yazmín Cano recordó que grupos conservadores comenzaron a modificar sus constituciones para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
2009 fue el año que Jalisco lo hizo, aunque las feministas intentaron entrar al Congreso del Estado para protestar por esa medida, les resultó imposible”, recordó.
Decenas de camiones de estudiantes, adolescentes de escuelas privadas de Guadalajara, fueron llevados al congreso, con pancartas contra el aborto, en tanto que a las feministas les cerraron las puertas.
“Lo que depara a Guanajuato es un ejercicio donde se integren las reflexiones, los argumentos que acá en estos paneles y comisiones que se han puesto sobre la mesa, lo que le toca al Congreso de Guanajuato es legislar en favor de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, así como lo ha hecho Jalisco así como lo han hecho en la gran mayoría de los estados de este país”, dijo.
Despenalización no garantiza servicios de salud
La activista de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) aclaró que pese al avance logrado en Jalisco, despenalizar el aborto no garantiza necesariamente que se brinden los servicios de salud, concretos, puntuales, garantistas de derechos.
Sin embargo, es un paso importante para empezar despenalizarse socialmente, esos imaginarios sociales, en contra de los derechos o del ejercicio del derecho a decidir, por lo tanto invito a las mujeres guanajuatenses, a todas las activistas a que una vez despenalizado el aborto, también estemos de cerca para que los servicios de salud sigan brindando en un marco de derechos el servicio de aborto legal”.
Aborto, cárcel y protección a la vida “desde la concepción”
El 8 de mayo de 2009, el Congreso de Guanajuato aprobó, con 26 votos a favor y nueve en contra, una reforma al artículo primero de la Constitución del Estado para reconocer que “persona es todo ser humano desde la concepción hasta su muerte natural”.
La iniciativa, impulsada por el PAN, fue respaldada por los priistas Rosario de la Vega Mayagoitia y Anastacio Rosiles Pérez, así como por la petista Dulce María Badillo Moreno, lo que permitió alcanzar la mayoría requerida.
El debate en el Congreso se llevó a cabo en medio de protestas. Organizaciones feministas desplegaron mantas con consignas como “Los derechos de las mujeres no son negociables” y “Alto a la reforma constitucional”. Desde las gradas, manifestantes reclamaban: “¿O las van a llevar a Houston a abortar?”.
Entre las inconformes destacaban Martha Lucía Micher Camarena, en aquel momento directora del Instituto de la Mujer del Distrito Federal, y Beatriz Manrique Guevara, entonces presidenta estatal del PVEM.
La aprobación provocó tensiones dentro del PRI. La diputada Yulma Rocha Aguilar acusó a su correligionaria Rosario de la Vega de “traición” y de haber negociado su voto a cambio de un cargo.
El coordinador de los diputados del PAN, Gerardo de los Cobos Silva, defendió la reforma: “Lo que hay es unidad de visión en que la vida debe ser protegida a escala constitucional”. Mientras tanto, grupos provida celebraban la medida a las afueras del Congreso.
La activista Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, advirtió que la reforma vulneraba derechos fundamentales. Martha Lucía Micher Camarena señaló que la medida criminalizaría a las mujeres que decidieran abortar y las invitó a viajar a la Ciudad de México, donde el procedimiento era legal desde 2007.
La reforma en Guanajuato formó parte de un movimiento más amplio en varios estados del país tras la despenalización del aborto en la capital. Su impacto ha sido tema de debate en los últimos años y sigue siendo un referente en la discusión sobre los derechos reproductivos en México.
Liberación tras criminalización
Como pocas veces, los ojos del mundo estuvieron fijos en Guanajuato a causa de las mujeres condenadas a largas penas por homicidio en razón de parentesco.
En 2010, Verónica Cruz, directora del centro ‘Las Libres’, denunció que en Guanajuato había mujeres presas por abortos. Y como muestra estaba el caso de Alma Yareli Salazar Saldaña, condenada a 27 años y seis meses y a quién un tribunal había revocado la sentencia.
Las reiteradas negativas de los más altos funcionarios de Guanajuato ni frenaron la lucha de Cruz ni convencieron demasiado. Diputadas y activistas protestaron, en la capital del país y en Guanajuato, contra lo que consideraban un abuso.
Los casos concretos de seis mujeres simbolizaron la polémica, que creció cuando medios nacionales e internacionales se ocuparon del asunto y representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitaron el estado.
En su recomendación, el 19 de agosto de 2010 la ONU sugirió revisar los casos. Dos días después, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato reiteró que las mujeres no estaban presas por abortos, pero recomendó suavizar las penas.
La reacción del gobierno entonces encabezado por el panista Juan Manuel Oliva Ramírez -hoy operador del partido de ultraderecha en ciernes “México Republicano”- propuso al Congreso Local reducir a penas de 3 a 8 años por homicidio en razón de parentesco, lo cual se aprobó sin cortapisas.
Fue así que el 7 de septiembre de 2010 quedaron libres Yolanda Martínez Montoya, Ana Rosa Padrón Alarcón, Ofelia Segura Frías, Araceli Camargo Juárez, Susana Dueñas Rocha y Bonifacio Andrade Hurtado, presas hasta entonces en Puentecillas. Del penal de Valle de Santiago fue liberada una séptima, Liliana Morales Moreno.
Soy libre porque soy inocente… quise salir con la frente en alto, porque soy inocente”, proclamó Yolanda, la única que habló con la prensa.
Más tarde se sabría que el propio Oliva Ramírez se había reunido con las detenidas para ofrecerles prebendas a cambio de su silencio.
Al final, cuatro de las seis mujeres presas por supuestos abortos aseguraron que fueron sentenciadas por homicidios que nunca cometieron. Cuatro acusaciones se iniciaron por el hallazgo de cuerpos tirados en letrinas, en un contenedor de basura o en el cerro.
La Policía rastreó a mujeres que habían estado embarazadas en las poblaciones donde fueron hallados los cuerpos y localizó a sospechosas a las que les endilgó los asesinatos.
A una la señalaron de haber matado a dos recién nacidos, pero la acusada ni siquiera sabía que estaba embarazada, según consta en los expedientes de los casos, a los que a.m. tuvo acceso.
HLL
AManece Guanajuato
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