Irapuato.- Molesto, el fiscal del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, negó un segundo hackeo al sistema de información de una de las plataformas digitales de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG).

“Bueno, usted ya dio por hecho que es un hackeo, ¡no! ¡No!”, respondió a los cuestionamientos de los medios de comunicación, después de la celebración del Día del Ejército Mexicano en la Décima Segunda Región Militar.

Pero hay una investigación

Aunque no negó que sí existe una investigación interna, inclusive peritajes que están en proceso y dentro de una averiguación previa.

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Vázquez Alatriste no negó que existe una investigación interna, inclusive peritajes que están en proceso y dentro de una averiguación previa. Foto: Christian Pérez

“Estamos revisando, ya tengo concluida la primera parte. En este caso especialmente, saliendo con lo que sucedió en San Francisco (del Rincón), vamos a emitir un comunicado. Puedo adelantarles categóricamente que no se trata de un hackeo“, afirmó.

La filtración de datos fue revelada públicamente por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor en su cuenta de X, en el que aseguró que más de 336 mil expedientes de entre 2014 al 2025 fueron expuestos con el hackeo.

Tiene información de lo que pudo haber corrido

Vázquez Alatriste adelantó que tienen información de lo que pudo haber ocurrido. Sin embargo, dijo que todavía no es momento de emitir una postura oficial porque aún no concluye la investigación, todavía está en proceso.

“Tenemos una investigación, evidentemente inmediatamente la arrancamos, tenemos una visión clara de qué pudo haber ocurrido, pero también necesito que terminen los dictámenes periciales para poder presentarles”, refirió.

Insistió que no fue un hackeo: “no es un hackeo se los puedo decir respetuosamente”.

Sin embargo, de acuerdo a fuentes internas de la Fiscalía estatal, la sustracción de información es de más de 326 mil expedientes relacionados con la violencia contra las mujeres y son parte del Banco Nacional de Víctimas y que es administrado por el Centro de Justicia para las Mujeres.

Primer hackeo

El primer ciberataque contra la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se registró el 8 de noviembre de 2025, cuando un grupo identificado como Tekir APT afirmó haber vulnerado los sistemas informáticos de la institución.

De acuerdo con reportes difundidos en esos días, los atacantes aseguraron haber extraído alrededor de 250 gigabytes de información y lanzado un ataque tipo ransomware.

El 17 de febrero, AM publicó que presidente del Clúster de Tecnologías de la Información de Guanajuato, Diego González Almanza, señaló que sería preocupante y “muy grave” que haya ocurrido un segundo hackeo a las bases de datos de la Fiscalía General del Estado, porque no haber tomado las medidas necesarias para evitarlo.

En entrevista con AM, Diego González señaló que es muy preocupante que ocurran dos casos en medio año. 

“Ya preocupa. Vemos que es el mismo comportamiento de la vez anterior y la Fiscalía en su comunicado solo se deslinda”.

Afirmó que después del primer hackeo a la Fiscalía, registrado el 8 de noviembre de 2025, el Clúster que él encabeza ofreció a esa institución realizar alguna mesa de diálogo para ayudarlos en esta materia “y no tuvimos respuesta”. 

Exhorta Congreso a Fiscalía a que informe si hubo o no hackeo

Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso local exhortó este jueves a la Fiscalía General del Estado que dirige Gerardo Vázquez Alatriste, para que informe si existe o no un hackeo, ciberataque, intrusión no autorizada o alguna vulneración al Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres y de ser el caso, la fecha de detección y confirmación.

Sesión en el Congreso de Guanajuato este jueves 19 de febrero. Foto: Cortesía Congreso

También, al Instituto de Acceso a la Información Pública (Iacip) y a la Secretaría de las Mujeres del gobierno federal para que informen si han sido notificados formalmente de alguna posible vulneración relacionada con la información que alimenta este banco e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Exige diputada de MC transparencia

Fue la diputada de MC, Sandra Pedroza Orozco, quien presentó el punto de acuerdo de obvia resolución, para exigir transparencia y atención inmediata ante la posible vulneración de información.

Durante su intervención, Pedroza advirtió que no se trata de un simple incidente informático, sino de la posible exposición de información altamente sensible de mujeres que denunciaron violencia y confiaron en el Estado para su protección.

Además recordó que no es la primera vez que se vulneran los sistemas de la Fiscalía, pues en noviembre de 2025, después de haber caído en contradicciones para ocultar y minimizar la situación, el organismo finalmente reconoció que su infraestructura fue vulnerada.

Al respecto, señaló que hasta el momento no se ha presentado un informe técnico integral que precise qué sistemas fueron comprometidos ni qué medidas estructurales se implementaron.

Peticiones específicas por organismo

En el exhorto, pidió a la Fiscalía informar si ya se realizó o se realizará la notificación correspondiente al titular del Instituto de Acceso a la Información Pública (Iacip) conforme al plazo y disposiciones legales; y los protocolos en materia de ciberseguridad existentes y sus resultados recientes de evaluación.

De igual manera, al Iacip para que, en el ámbito de sus atribuciones y de oficio, inicie el procedimiento de verificación correspondiente respecto a la posible vulneración de datos personales vinculados con casos de violencia contra las mujeres, e informe sobre la apertura de investigaciones preliminares. Las medidas de atención implementadas; y el cumplimiento de las obligaciones de notificación y las determinaciones adoptadas.

Y a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal para que informe si ha sido notificada formalmente de alguna posible vulneración relacionada con la información que alimenta el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. Si existe alguna afectación al Banavim derivada de la posible vulneración en el ámbito estatal. Y las medidas adoptadas para garantizar la integridad y seguridad de la información nacional.

De izquierda a derecha: Carlos Abraham Ramos Sotomayor, de Morena: Sandra Pedroza, de MC y Antonio Chaurand Sorzano, de Morena. Fotos: Cortesía Congreso de Guanajuato

Respuesta institucional

Sandra Pedroza enfatizó que no se trata de hacer acusaciones ni juicios anticipados, sino de exigir que la respuesta institucional esté a la altura, pues una filtración de este tipo puede poner en riesgo la seguridad y vida de las víctimas, generar represalias y desalentar futuras denuncias.

Asimismo, recordó que la ley establece la obligación de notificar al órgano garante de protección de datos personales —el Iacip en Guanajuato— y a las personas afectadas en un plazo máximo de 72 horas cuando se confirma una vulneración. Todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, incluido el PAN, votaron a favor del exhorto.

Crisis sistemática y 11 años de información

El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor de Morena, denunció una crisis sistemática en la Fiscalía con este segundo hackeo en menos de cuatro meses, atribuible a la minimización del primer ataque en el que se involucraron alrededor de 250 GB de información delicada y que dejó en estado de vulnerabilidad a un gran número de personas, pese a contar con un presupuesto de 4,457 millones de pesos que no se utilizó para la adquisición de licencias de seguridad.

Agregó la necesidad de una auditoría integral de cumplimiento y desempeño a la Fiscalía por opacidad y silencio ante los hechos, donde la institución pretende ocultar su caos operativo bajo excusas de mantenimiento, responsabilizando omisiones que perjudican la justicia de miles de guanajuatenses y ponen en riesgo datos de víctimas, junto a resaltar que subestimar estos hechos es inaceptable.

El diputado local de Morena Antonio Chaurand Sorzano, se sumó al punto de acuerdo, y resaltó que lo robado contiene 11 años de información de mujeres que fueron violentadas, que confiaron a esta institución su domicilio, información médica, datos personales de ellas y de sus familias y que ahora nuevamente quedan ante la indefensión por una probable negligencia de la Fiscalía.

Punto de Acuerdo solicita:

  • A la Fiscalía General del Estado: un informe técnico preciso sobre la situación. El alcance real de los hechos y el estado de implementación de su política de seguridad informática.
  • Al Iacip: confirmar si fue notificado y qué acciones ha iniciado.
  • A la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal: informar si fue notificada, si el sistema nacional pudo verse afectado y cuáles son las medidas adoptadas para garantizar la integridad y seguridad de la información.

RAA

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