Guanajuato.- La justicia federal amparó a un grupo de 50 mujeres quienes promovieron un juicio para frenar la criminalización del aborto en Guanajuato.
La resolución judicial, que sólo alcanza a quienes promovieron el amparo, fue emitida por Luz Adriana Rico Páez, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, exasesora de la bancada del PAN en el Congreso del Estado.
El juicio de amparo fue presentado el 5 de junio de 2025 por las activisitas, y fue resuelto diez meses después.
El acto reclamado en el juicio es la omisión de la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo y del Congreso del Estado de Guanajuato, de armonizar la legislación penal estatal conforme a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer ‘Convención de Belem Do Pará’ y la Convección sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer para despenalizar la interrupción legal del embarazo”.
El alcance del amparo, es que: “no se aplique ni en lo presente ni en lo futuro, exclusivamente a las personas aquí quejosas”.
El amparo también acota que: “no implica anular porciones normativas tildadas de inconstitucionales, por lo que, por lo menos en ese sentido, las autoridades responsables Congreso y Gobernadora del Estado de Guanajuato, no se encuentran conminadas con motivo de esta sentencia, a realizar modificación alguna al texto actual de tales dispositivos; ello, atento al principio de relatividad de las sentencias”.
Una vez que quede firme esta sentencia, en el plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de su notificación, las autoridades señaladas como responsables, mediante sendos oficios deberán comunicar el sentido y alcance de esta resolución, especificando claramente que los efectos sólo favorecen a las personas quejosas, al Fiscal General del Estado, Fiscal Federal en el Estado, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato y Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
Esto, para que conforme a sus atribuciones legales y teniendo como eje rector el ámbito espacial de aplicación geográfica en el Estado de Guanajuato, de los preceptos normativos por los que se concedió el amparo, de ser el supuesto, estén en aptitud de actuar en consecuencia.
Que sea para todas
Nayeli Tello, fundadora de la Red de Acompañantas de León, destacó que esta sentencia marca un precedente para mantener la lucha por la despenalización del aborto.
Asimismo, refirió un nuevo criterio de objetividad de La Corte para que las medidas sean generales.
“El amparo nos dice claramente que este Congreso y este Estado no puede criminalizar a las mujeres que decidan abortar. Pero esto es súper relevante, porque además el 20 de abril la Corte emite un nuevo criterio de objetividad en relación a la protección de las personas que abortan, y dice claramente que se puede buscar que las medidas puedan sean generales, es decir, aunque este amparo nos protege a las firmantes, nosotras buscaremos, el criterio de objetividad es claro, si no puedes criminalizar a 50 no puedes criminalizar a ninguna, y eso nos sienta un precedente importante para seguir buscando la despenalización del aborto”, destacó Nayeli Tello.
Un grupo de activistas proaborto acudieron este jueves al Congreso del Estado, para exhibir la resolución y recordar a los diputados que están en deuda.
“Criminalizar el aborto es inconstitucional”, cita una de las pancartas que exhibieron.
De acuerdo con Nayeli Tello, del 1 de enero al 31 de marzo se han registrado 75 solicitudes de apoyo para mujeres que han buscado interrumpir su embarazo, solamente con la Red de Acompañantas de León, quien lleva operando 12 años.
¿Qué establece la Convención de Belém do Pará?
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.
PAN bateó última iniciativa pro aborto
La discusión sobre los derechos reproductivos en Guanajuato volvió a estancarse en el ámbito legislativo tras el voto en contra del bloque mayoritario. La propuesta, que pretendía armonizar la ley estatal con criterios federales, fue desechada en comisiones el 24 de febrero, manteniendo las sanciones vigentes para quienes interrumpan un embarazo.
La decisión fue celebrada por las autoridades eclesiásticas locales, quienes mantienen una influencia activa en la agenda pública regional. Diversas organizaciones civiles buscan presentar amparos ante instancias superiores para revertir lo que consideran una omisión legislativa que vulnera los derechos de las mujeres.
El Arzobispo de León fue enfático al señalar que la protección de la vida es un valor innegociable para la sociedad guanajuatense. Su llamado a la acción busca consolidar un frente común que presione a los representantes populares a mantener la legislación actual sin modificaciones.
Por su parte, los legisladores del PAN argumentaron que su postura responde a los principios fundacionales de su partido y a la voluntad de sus electores. Sostienen que existen otras vías para apoyar a las mujeres en situación de vulnerabilidad sin necesidad de legalizar el aborto.
Colectivos feministas reaccionaron con indignación ante el rechazo, señalando que Guanajuato se queda rezagado frente a la tendencia nacional de despenalización. Denuncian que la injerencia religiosa en asuntos del Estado debilita la laicidad de las instituciones y la salud pública.
El debate en el estado se ha polarizado nuevamente, generando manifestaciones en las sedes distritales. Mientras unos grupos realizan vigilias de oración, otros exigen el acceso a servicios de salud seguros y gratuitos, tal como lo ha dictado la Suprema Corte de Justicia.
Analistas jurídicos advierten que el rechazo sistemático de estas iniciativas podría derivar en sanciones para el Congreso local por desacato a los criterios de constitucionalidad. Sin embargo, la cúpula política estatal se mantiene firme en su visión conservadora del marco legal.
Finalmente, el tema del aborto se perfila como un eje central en las discusiones políticas de los próximos meses. La presión de los organismos internacionales de derechos humanos continúa aumentando, poniendo a Guanajuato bajo el reflector por su resistencia a reformar el Código Penal estatal.
AAK
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