Purísima del Rincón, Guanajuato.– La aprobación de la tercera modificación por cierre del pronóstico de ingresos y presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2025 del Municipio, del Instituto de las Mujeres, del DIF y de SAPAP exhibió presuntas irregularidades en la asignación de contratos a proveedores, una presunta falta de control en el manejo de combustibles y deficiencias en los controles administrativos heredados de la anterior gestión de Tesorería.

La solicitud presentada por el nuevo tesorero municipal, Carlos Sierra López, fueron finalmente aprobados por mayoría de votos el jueves 18 de junio en sesión de Cabildo; sin embargo, los regidores Héctor Pérez Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, y Mónica López, de Morena, votaron en contra del cierre correspondiente al Municipio en lo general, al considerar que persisten dudas sobre el manejo de recursos públicos.

Antes del debate, la secretaria del Ayuntamiento, Verónica Ivette Gómez Becerra, recordó que los temas habían sido revisados previamente en comisión de Hacienda y en mesas de trabajo, donde se presentó la documentación correspondiente.

Por su parte, la síndica y presidenta de la Comisión, Claudia Lorena Arriaga se refirió al tema y señaló que se realizaron dos mesas de trabajo para analizar la información financiera. Además, aseguró que el nuevo tesorero dejó abierta la posibilidad de aclarar cualquier duda que pudiera surgir.

“Se les comentó por parte del propio tesorero que estaba a disposición toda la información para quien quisiera confirmar algún movimiento o aclarar cualquier inquietud”, expresó.

Durante la discusión, el regidor de Movimiento Ciudadano, Salvador Cruz, reconoció la disposición mostrada por el nuevo titular de Tesorería para atender los cuestionamientos planteados por los integrantes del Ayuntamiento.

Afirmó que la información solicitada se ha entregado y que ello permite avanzar hacia una mayor transparencia y claridad sobre el destino de los recursos públicos municipales.

Sin embargo, el debate tomó otro rumbo cuando el regidor del Partido Verde, Héctor Pérez Guzmán, comenzó a exponer una serie de observaciones derivadas de la revisión de la cuenta pública.

Uno de los primeros señalamientos estuvo relacionado con un proveedor de servicios mecánicos para vehículos que, de manera pública y en redes sociales, aseguró, ha sido señalado por presuntos vínculos familiares o de cercanía (serían compadres) con el extesorero municipal, Héctor Muñoz Porras.

Según expuso, mientras en 2023 dicho proveedor recibió alrededor de 1.2 millones de pesos por servicios, para 2025 la cifra ascendió a más de 2.4 millones de pesos, lo que representaría alrededor del 46 por ciento de la partida destinada a ese concepto.

“Son los pequeños grandes detalles de los cuales la ciudadanía señala que algo está raro. Imagínense que en un solo proveedor se concentre el 46 por ciento del presupuesto de esa partida”, manifestó.

Posteriormente, el edil centró su atención en el gasto de combustibles, señalando que pasó de 16.9 millones de pesos en 2023 a 22.3 millones de pesos en 2025.

Pérez Guzmán cuestionó que durante las mesas de trabajo se confirmó que no existe una relación consecutiva de los vales de gasolina que permita identificar con precisión cuántos fueron emitidos, a quién se entregaron y cuál fue su destino final.

“¿Cómo le justificamos a los purisimenses un incremento de más de seis millones de pesos de un año a otro en gasolinas y diésel? ¿Cómo tenemos la certeza de que realmente se están utilizando para el trabajo de la administración?”, cuestionó.

En respuesta, la síndica Claudia Lorena Arriaga defendió los mecanismos de control existentes y explicó que los vehículos oficiales cuentan con códigos de barras que permiten registrar cada carga.

“Todos aquellos que tenemos un vehículo asignado contamos con un código de barras y únicamente a ese vehículo se le puede suministrar gasolina. Además, se registra el kilometraje y la dependencia correspondiente”, explicó.

Indicó que algunas áreas operativas reciben vales debido a la naturaleza de sus actividades, como Obras Públicas, Servicios Municipales o COMUDE, y que se entregan mediante solicitudes formales realizadas por los directores de área.

Sobre el tema de los vales, la síndica aseguró que sí existe documentación de respaldo, que en la gasolinera proveedora hay un control y que el tema continúa revisándose.

La explicación no convenció a los regidores de oposición. Mónica López insistió en que la ausencia de controles más estrictos evidencia problemas administrativos que han sido señalados reiteradamente.

“Ahí está claramente el ejemplo de lo que siempre hemos visto: que no hay una responsabilidad en el manejo y la aplicación del recurso público”, expresó.

Otro de los temas que generó preocupación entre los ediles de Morena y del PVEM fue la adquisición de tóners y tintas para las distintas dependencias municipales.

Héctor Pérez aseguró que más del 50 por ciento del presupuesto destinado a ese concepto se concentró en un solo proveedor, situación que calificó como preocupante y que, dijo, deberá revisarse de manera más exhaustiva.

La regidora Mónica López abundó en el tema y señaló que dicho proveedor tiene registrado un domicilio sin número en la comunidad de San Andrés de Jalpa.

Expuso que durante varios años las compras realizadas a ese proveedor oscilaron entre los tres mil y nueve mil pesos, pero que a partir de 2022 comenzaron a registrarse adquisiciones por decenas de miles de pesos. Incluso comentó que directores de dependencias eran presionados para realizar la compra con dicho proveedor.

Además, mencionó que existen señalamientos públicos sobre un presunto parentesco entre dicho proveedor y una integrante del Ayuntamiento, aunque reconoció que esa situación deberá ser revisada y acreditada por las instancias correspondientes.

“Realmente esto es muy preocupante”, afirmó la regidora al insistir en que los incrementos observados ameritan una revisión más profunda.

La discusión subió aún más de tono cuando Héctor Pérez retomó un tema que había planteado meses atrás sobre la permanencia de un usuario activo dentro de los sistemas de Tesorería que, según dijo, pertenecía a una persona que ya no laboraba en esa dependencia.

El regidor afirmó que durante las mesas de trabajo el nuevo tesorero entregó documentación donde consta que la baja formal de dicho usuario fue realizada hasta el 8 de mayo de 2025.

De acuerdo con Pérez Guzmán, ello significa que el acceso permaneció activo aproximadamente siete meses después del inicio de la actual administración municipal, que comenzó en octubre de 2024.

El edil sostuvo que el usuario estaba vinculado a una actual integrante del Ayuntamiento y consideró que mantener activo un acceso de esa naturaleza dentro de una dependencia responsable del manejo de recursos públicos constituye una situación grave. “Ya no son suposiciones. Ahora ya vimos quién firmó la baja y quién era el responsable, que era el extesorero. Durante siete meses se estuvo utilizando un usuario que era personal e intransferible”, afirmó.

Añadió que la situación podría derivar en responsabilidades administrativas y otras consecuencias legales relacionadas con el manejo de sistemas vinculados a recursos públicos.

Pérez aseguró además que cuando planteó originalmente el tema fue acusado de hostigamiento e incluso relacionado con posibles conductas de violencia política en razón de género.

Por ello pidió que se aplicaran de manera objetiva los lineamientos establecidos por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) para evitar que cualquier integrante del Ayuntamiento sea intimidado o limitado en el ejercicio de sus funciones de vigilancia y fiscalización. “Todos podemos ser víctimas de violencia política de género y todos podemos ser violentados en nuestras atribuciones como regidor”, expresó.

La síndica respondió, rechazando tajantemente haber intentado intimidar al edil y sostuvo que diversos integrantes del Ayuntamiento han manifestado inconformidad por la manera en que se dirige a sus compañeras y compañeros durante las sesiones. “De que se ha hecho mención de que usted no se dirige de la mejor manera hacia nosotros, eso se ha mencionado. Y no nada más con las compañeras, sino también con los compañeros”, respondió.

En la recta final de la discusión, Héctor Pérez insistió en que las observaciones realizadas durante año y medio por la oposición comienzan a encontrar sustento en la información proporcionada por la nueva Tesorería.

Aseguró que siguen sin existir respuestas claras sobre aspectos fundamentales relacionados con el control de combustibles y sostuvo que los problemas detectados evidencian una falta de orden administrativo.

“Yo les pedí información clara y precisa. Se nos dio información de la cuenta pública, sí, pero las preguntas medulares no se contestaron porque no hay cómo contestarlas. No hay un orden”, afirmó.

Finalmente, los dictámenes fueron sometidos a votación y aprobados por mayoría.

Héctor Pérez y Mónica López votaron en contra, en lo general, de la tercera modificación por cierre del pronóstico de ingresos y presupuesto de egresos del Municipio de Purísima del Rincón.

En los casos del Instituto de las Mujeres Purisimenses, DIF Municipal y SAPAP, el regidor del Partido Verde optó por abstenerse al señalar que mantenía la misma postura política expresada previamente respecto a dichos organismos.

HLL