León, Guanajuato.- “¡Esposo, escucha, tu esposa está en la lucha!”, “¡Dónde están, dónde están, nuestros padres dónde están!” y ¡”Hoy no festejo, pues no está papá”, fueron algunas de las consignas que se escucharon en las calles del centro de la ciudad durante la marcha realizada durante la mañana de este domingo de familiares que buscan a sus seres queridos.

Integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas como “Buscando con el Corazón” y “Colectivo Unidos por los Desaparecidos de León” realizaron una marcha en León para visibilizar la desaparición de hombres en el estado y exigir que sus derechos sean reconocidos y protegidos, al considerar que este fenómeno suele ser minimizado por las autoridades y la sociedad.

Paula Rojas, representante del colectivo “Buscando con el Corazón”, señaló que actualmente la agrupación está conformada por 37 familias que buscan a sus seres queridos. De los casos que acompañan, únicamente dos corresponden a mujeres, mientras que los otros 35 son hombres. Además, informó que seis personas han sido localizadas, todas sin vida.

Rojas consideró que la desaparición de hombres suele ser estigmatizada debido a prejuicios sociales que los relacionan automáticamente con actividades ilícitas o conductas violentas. En ese sentido, cuestionó que no exista un mecanismo de búsqueda específico para hombres, a diferencia de la Alerta Alba, dirigida a mujeres, o la Alerta Amber, destinada a niñas, niños y adolescentes.

“Desafortunadamente porque creo que el contexto que tenemos como sociedad es que los hombres siempre son los violentadores, que ellos siempre son los que ejercen la violencia en los núcleos familiares, cuando la realidad es otra, creo yo que sí están muy denigrados los derechos varoniles desde el momento en el que no existe una alerta de búsqueda para ellos, porque si bien existe la alerta Alba que es exclusivamente para mujeres, la alerta Amber que es para niños, niñas y adolescentes, pero para hombres no hay. Entonces, creo que desde ahí se están violentando los derechos masculinos”, detalló Paula.

Destacó que la mayoría de los hombres desaparecidos que buscan son padres de familia, situación que impacta profundamente a los hogares. Pues explicó que tras una desaparición de la figura paterna, las madres suelen asumir simultáneamente las tareas de búsqueda, el sustento económico y la crianza de los hijos.

“Demasiado, porque imagínate, desaparece el padre, por ende la madre desaparece, porque la madre tiene que salir a buscar, tiene que salir a trabajar y ahora tiene que cumplir doble rol”, expresó.

Preocupa violencia contra buscadoras en Salamanca

Asimismo, expresó preocupación por el incremento de la violencia contra personas buscadoras, particularmente en Salamanca, municipio que calificó como uno de los más peligrosos para quienes realizan labores de búsqueda.

Respecto a la seguridad, lamentó que persista el temor entre activistas y defensoras de derechos humanos, pues indicó que aún enfrentan riesgos tanto por parte de grupos criminales como de algunas autoridades. Aseguró que al menos tres integrantes de colectivos han denunciado actos de violencia presuntamente cometidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

También advirtió sobre la gravedad de los asesinatos de defensoras y buscadoras en Guanajuato, donde, según indicó, se han registrado al menos 12 casos, situación que ha generado preocupación dentro de los colectivos.

La marcha fue convocada por ambos colectivos, con el objetivo de exigir la pronta localización de padres, hijos y hermanos desaparecidos, así como demandar mayores garantías de protección para las familias buscadoras y el reconocimiento de los derechos de los hombres desaparecidos.

ONU y CIDH exigen hallar a Juanito y a su padre, desaparecidos en Valle de Santiago

El 19 de junio se publicó que el primer aniversario de la desaparición forzada del adolescente José Juan Arias Solís, “Juanito”, de 14 años, en Valle de Santiago, se cumple bajo el peso de una doble tragedia: el “efecto dominó” de la impunidad institucional que, seis meses después, cobró también la desaparición de su padre, el mecánico y buscador civil, José Juan Arias Corona.

A un año de distancia, el caso se erige como un emblema de la burocracia y la impunidad en la entidad. Pese a contar con un despliegue jurídico inédito que incluye dos denuncias penales federales, dos juicios de amparo, dos Acciones Urgentes del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no existen respuestas sobre el paradero de ninguno de los dos.

Lo que inició como un presunto operativo irregular por parte de fuerzas federales desencadenó lo que la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato califica como un “efecto dominó” de violencia institucional y criminal; este patrón mantiene en vilo a una familia fracturada por el Estado y el crimen.

Emite CIDH medidas cautelares

La escalada de riesgo contra la familia Arias Solís provocó que en marzo pasado la CIDH emitiera medidas cautelares urgentes para salvaguardar la vida de Marisela Solís, su hija y su nieta. Actualmente, sobre el núcleo familiar concurren tres órdenes de protección emitidas por la FGR, el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y el Consejo Estatal de Guanajuato.

No obstante, Sandoval calificó la respuesta gubernamental como una “simulación reactiva”, implementada únicamente para cumplir con las exigencias de las instancias internacionales. El diseño de estas medidas obliga a la madre y esposa a trasladarse continuamente a la Ciudad de México para revisar físicamente las actualizaciones de los expedientes, lo que genera un desgaste económico, físico y emocional.

A este panorama se suma el desdén de las altas esferas de la política interior, ya que a pesar de que el caso ha sido mencionado de forma breve en conferencias presidenciales, la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha atendido de manera directa a la afectada. La última mesa de trabajo con la CNB ocurrió por la insistencia de la propia Marisela, quien tuvo que viajar a la capital del país para interceptar a las autoridades ante la falta de canales oficiales de comunicación.

A 12 meses de que se llevaran a “Juanito” y a casi medio año de no saber del paradero de su esposo, Marisela Solís Figueroa continúa sosteniendo de forma solitaria las exigencias de justicia, en un entorno donde las resoluciones internacionales se acumulan en el papel mientras las carpetas de investigación permanecen congeladas en los escritorios federales.

HLL