Guanajuato.- La Comisión de Hacienda del Congreso de Guanajuato avaló el dictamen para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a que incluya en su Programa Anual de Auditorías una revisión específica del ejercicio de los recursos vinculados a la contratación de la empresa Semex para los sistemas de semaforización instalados en los 46 municipios de Guanajuato.

La auditoría abarcaría el ejercicio fiscal 2025 y sería concomitante con el ejercicio fiscal 2026, con el objetivo de verificar la legalidad, economía, eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los recursos públicos.

La propuesta fue presentada por los diputados Ernesto Millán Soberanes y Hades Aguilar Castillo, ambos de Morena.

Auditoría de semáforos de Semex

Hades Berenice Aguilar Castillo, diputada de Morena, señaló que el proyecto de semaforización y monitoreo del municipio de Silao, financiado con recursos federales, está rodeado de señalamientos por presunta opacidad, falta de sustento técnico y posibles irregularidades.

El exhorto se centra en el procedimiento de contratación MSDGOPLPPART-FED 2025SEMAFORIZACIÓN-001, relativo al “Proyecto Integral de la rehabilitación del sistema de movilidad, semaforización y monitoreo en la cabecera municipal de Silao”, con un monto adjudicado de 69 millones 548 mil 193.90 pesos a la empresa SEMEX, S.A. de C.V.

De acuerdo con Morena, la adjudicación se realizó mediante una licitación presuntamente “amañada”, en la que únicamente se reconoció a un licitante efectivo.

Esa misma empresa es responsable de la instalación de semáforos en Guanajuato capital.

El caso Guanajuato

En el caso de Guanajuato capital, Morena señaló que se instalaron semáforos en puntos donde no eran necesarios, que presentan problemas de sincronización y que no existen estudios técnicos públicos que respalden el contrato otorgado a Semex por más de 57 millones de pesos.

Indicó además que, a través de diversos medios, se solicitaron las fichas técnicas y los proyectos relacionados con dicha contratación; sin embargo, esa información no fue entregada.

De acuerdo con información difundida públicamente, durante los últimos seis años se han invertido 727 millones de pesos en proyectos de semaforización en 12 municipios del estado.

Entre los montos más elevados destacan Celaya, con 181 millones de pesos; Irapuato, con 160 millones; Purísima del Rincón, con 89 millones; Salvatierra, con 60 millones; Valle de Santiago, con 57 millones, y Apaseo el Grande, con 37 millones de pesos.

Para la bancada de Morena, uno de los aspectos que requiere mayor análisis es la diferencia de costos entre municipios para la instalación de semáforos.

Los legisladores cuestionaron si se trata de la misma tecnología, la misma empresa proveedora y el mismo tipo de equipamiento, ya que los costos varían significativamente de una ciudad a otra.

Auditoría para semáforos de Semex

La bancada de Morena presentó una iniciativa para que la ciudadanía participe en la planeación, determinación, administración y evaluación de la inversión pública destinada a obras y acciones ejecutadas por los municipios con cargo a sus presupuestos de egresos para el desarrollo comunitario.

Se trata de una propuesta de reforma a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, con el objetivo de que los ayuntamientos implementen un mecanismo de participación denominado “presupuesto participativo”, regido por los principios de máxima publicidad, participación ciudadana, inclusión, igualdad sustantiva y rendición de cuentas.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, elaborada por el Inegi, reportó que solo el 45.5 % de la población de 18 años y más consideró que existe apertura del sistema político en México hacia las opiniones de la ciudadanía sobre las acciones de gobierno, lo que refleja una brecha importante entre la expectativa democrática de ser escuchado y la percepción real de incidencia ciudadana.

Asimismo, el documento “Panorama de los gobiernos municipales de México 2022” señala que el 83 % de los municipios abrió espacios para la participación ciudadana.

Sin embargo, el propio dato muestra que aún no existe una cobertura plena ni una institucionalización homogénea de estos mecanismos en todos los ayuntamientos.

Ernesto Millán Soberanes, diputado local de Morena, afirmó que durante muchos años se concibió al gobierno como una tarea exclusiva de especialistas y funcionarios, dejando a la ciudadanía al margen de las decisiones públicas.

Por ello, señaló que la iniciativa busca consolidar la participación ciudadana en la toma de decisiones y garantizar que la población intervenga de manera directa en el destino de los recursos públicos.

Durante la exposición de motivos, el legislador destacó que uno de los principios constitucionales que mayor relevancia ha adquirido es la participación popular, entendida como el derecho de la ciudadanía a involucrarse de manera permanente en las decisiones que impactan su vida cotidiana.

“La visión impulsada por la Cuarta Transformación ha demostrado que los mejores resultados se obtienen cuando el gobierno trabaja de la mano con la gente”, dijo.

El legislador agregó que la experiencia nacional ha demostrado que la organización comunitaria genera resultados positivos y puso como ejemplo los caminos artesanales impulsados durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como los programas de participación comunitaria promovidos actualmente por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, señaló que esta reforma busca evitar situaciones como las registradas en diversos municipios, donde decisiones tomadas sin la participación de la ciudadanía han generado conflictos sociales y la suspensión de proyectos públicos.

Como ejemplo, mencionó el caso de la colonia Independencia, en Silao, donde una obra pública tuvo que ser suspendida debido a la falta de diálogo y consulta con la población afectada.

El artículo 352 plantea que los ciudadanos, derivado de la implementación del mecanismo de presupuesto participativo, podrán, entre otras acciones, formular propuestas de acuerdo con las necesidades de desarrollo comunitario y formar comités de administración y vigilancia de los recursos públicos destinados a este esquema de participación.

AM