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Guanajuato.- El diputado Sergio Contreras Guerrero presentó una propuesta para eliminar el cobro de inscripción y reinscripción en escuelas privadas de Guanajuato.

La iniciativa del exlegislador verde señala que esta práctica de realizar cobros adicionales es injustificable y abusiva, debido a que las colegiaturas regulares ya deben contemplar los costos operativos y administrativos de las instituciones, así como todo lo que conlleva el servicio.

De acuerdo con la propuesta, eliminar el cobro de inscripción despresurizaría el gasto familiar al inicio del ciclo escolar.

En contraparte, Ernesto Pérez Castro, presidente de la Federación de Escuelas Particulares en León, consideró que la iniciativa contiene afirmaciones y supuestos subjetivos, además de mostrar poco conocimiento sobre cómo funcionan las instituciones de educación privada o particular en términos administrativos.

Afirmó que decir que existe un abuso en las escuelas al cobrar las inscripciones es un juicio muy delicado que no se sostiene con la realidad.

Añadió que, para intentar regular esto, se requeriría una reforma más integral, porque hoy en día no existe un marco de regulación que permita decirle a un particular cómo debe manejar su operación financiera, su operación presupuestal y su distribución de gastos.

Argumentos para eliminar cobro de inscripción en escuelas privadas de Guanajuato

De acuerdo con la propuesta de Sergio Contreras, los costos operativos y administrativos de estas instituciones ya deberían estar contemplados y prorrateados en las colegiaturas regulares.

Refirió que, a nivel nacional, el 14% de la matrícula estudia en instituciones privadas. En Guanajuato, esa cifra sube al 16%, es decir, más de 250 mil estudiantes. Además, enfatizó que, según datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor del INEGI, tan solo en 2025 el pago de colegiaturas tuvo un aumento del 5.82%, superando con creces la inflación anual general, que fue del 3.69%.

Sergio Contreras. Foto: Guanajuato nos une.

Si al pago de las mensualidades regulares le sumamos el cargo adicional por inscripciones, reinscripciones, útiles escolares y uniformes, el impacto económico se vuelve insostenible, en especial cuando se tiene más de un hijo o hija”, enfatizó.

Por su parte, la bancada de Morena en el Congreso local informó que hará un análisis para sumarse o no a la propuesta.

De acuerdo con información proporcionada por dicha bancada, una iniciativa similar fue presentada por la entonces diputada Irma Leticia González en la pasada Legislatura, pero se quedó en la congeladora legislativa, sin respuesta.

De entrada, Morena no contempla confeccionar una iniciativa que persiga el mismo fin.

No es abuso ni engaño

Ernesto Pérez Castro, representante de la Federación de Escuelas Particulares en León, consideró que la iniciativa tiene imprecisiones.

En entrevista con AM, afirmó que no es la primera vez que se tienen noticias de una iniciativa de estas características. Dijo que es un tema que se ha debatido a lo largo de varios años, en diferentes momentos y contextos, en varias entidades del país, pero en ningún lugar ha prosperado.

Agregó que se hacen una serie de afirmaciones al hablar de la educación de los particulares, como si toda la educación se impartiera bajo los mismos modelos, esquemas y términos económicos, lo que es inexacto.

El primer problema que tiene esta iniciativa es que no reconoce esa diversidad de modelos económicos que existen detrás de la educación privada”, dijo.

Explicó que hay muchísimas formas en las que las escuelas han buscado modelos de financiamiento para poder cumplir con ofertar un servicio educativo de acuerdo con lo que marcan las leyes. ”Y ahí se ofertan desde muchos modelos: desde las escuelas que dependen de fundaciones de asistencia privada, hasta las que se financian a través de colegiaturas y tienen un modelo más social o menos social; es decir, hay muchos modelos”, detalló.

Enfatizó que no existe ninguna entidad que regule cuáles deben ser los conceptos o los términos que se deben utilizar para comercializar la educación.

Al final, cada proyecto educativo ha ido encontrando su manera y una forma de hacerlo. La iniciativa no parte de supuestos suficientes para ver a todo el sistema”, agregó.

Apuntó que se parte de una lectura parcial —que es real— sobre las dificultades económicas que tiene el país, pero que el principio de equidad no se puede aplicar en la educación privada con los mismos criterios con los que se aplica en la educación pública, la cual debe ser gratuita.

“Si se aplicara un criterio de equidad literal con la misma interpretación a la educación privada, entonces no podría cobrarse”, dijo.

Completó que “una iniciativa en esos términos podría significar un golpe tremendo para una parte importante del sector del sistema educativo en el Estado”.

Puntualizó que en Guanajuato arriba del 10% de la matrícula de educación básica es atendida por particulares.

Entonces, si de buenas a primeras tú le pides a todo ese sistema modificar la forma en la que ha decidido sus planes financieros y sus planes económicos, los colocas en una situación en la que pueden valorar la desaparición, porque el modelo de financiamiento, insisto, no está regulado. Por otro lado, si uno lo quiere regular así, pues entonces tendría que hacerlo de una manera que pueda ser sostenible para las instituciones”.

AAK

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