Guanajuato.- En promedio, 20 personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de Guanajuato solicitan a diario la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) para recibir algún apoyo, canalización o presentar una queja.
En los casos más graves, la dependencia emitió recomendaciones para reconocer a las personas quejosas como víctimas de abusos a sus derechos, ordenar investigaciones sobre la responsabilidad del personal y exigir medidas de no repetición.
Esta labor constante de la Prodheg se realiza de forma paralela al Primer informe temático de supervisión a centros penitenciarios 2025, presentado el pasado 20 de agosto, en el cual documentó 10 hallazgos sobre las condiciones adversas que enfrenta la población interna en la entidad.
Dicho ejercicio se llevó a cabo tras realizar encuestas anónimas a la población penitenciaria, personal técnico y directivo, además de revisiones de campo en los 11 centros estatales y en el Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes.
Estas observaciones no generaron quejas formales debido al carácter anónimo de la información, ya que para iniciar un procedimiento oficial se requiere la ratificación presencial de la persona afectada.
Son muy independientes de las quejas, de las canalizaciones y de las gestiones que de manera paralela estamos llevando a cabo en investigación o que estamos realizando», apuntó Karla Alcaraz Olvera, titular de la Prodheg.
«Normalmente tenemos alrededor de 20 atenciones diarias para personas privadas de la libertad que en algunas ocasiones nos solicitan la intervención para alguna gestión, canalización o incluso la presentación de alguna queja», agregó.
Entre los hallazgos más relevantes del informe, la dependencia detectó que 13 mujeres y 12 hombres manifestaron haber padecido acoso sexual dentro de los centros penitenciarios de León y Valle de Santiago.
Confirman abusos en prisiones
AM realizó una revisión de las recomendaciones emitidas por la Prodheg y encontró al menos siete expedientes derivados de quejas presentadas en Centros Estatales de Prevención y Reinserción Social (Ceprereso) de Guanajuato.
Cabe señalar que las resoluciones se publican en las fechas de emisión por parte de la dependencia, aunque corresponden a hechos ocurridos tiempo atrás, en algunos casos con años de antigüedad.
El 17 de abril de 2024 se expuso que el director del Ceprereso de Guanajuato cuestionó a un interno sobre el uso de barba y le ordenó rasurarse.
En el expediente 291/2021-A se determinó otorgar atención psicosocial a la víctima y se envió un oficio al director para solicitarle la adopción de medidas que garanticen la no repetición de hechos similares, así como capacitación en derechos humanos.
El 15 de agosto de 2025, una interna del Ceprereso de Valle de Santiago denunció que fue sometida a revisiones corporales inapropiadas en las que la obligaron a desnudarse por completo; otras internas confirmaron que esta práctica era rutinaria por parte del personal de custodia.
El expediente 1808/2023 acreditó la violación a sus derechos, resolvió brindar atención psicosocial a la víctima, ordenó iniciar una investigación administrativa y prohibir por escrito los desnudos integrales.
El 18 de agosto de 2025, una interna embarazada del Ceprereso de Guanajuato denunció que no recibió atención médica ginecológica tras su quinto mes de gestación y que el día del parto se retrasó su valoración y traslado al hospital.
El expediente 2079/2023 constató la violación al derecho a la salud obstétrico-ginecológica, otorgó atención psicosocial, instruyó investigar al personal e implementó supervisiones periódicas en los penales del estado para asegurar atención oportuna a mujeres embarazadas.
El 10 de septiembre de 2025 se informó que internos del Ceprereso de Acámbaro denunciaron agresiones por parte de personal encapuchado con toletes, tablas y cadenas, así como descargas eléctricas, desnudamientos y el retiro de colchones y ropa durante una semana.
El expediente 1851/2025 constató daños físicos en diez internos, gestionó atención médica y psicosocial para las víctimas, inició una investigación y exigió dotar al centro de personal capacitado e infraestructura de videovigilancia eficaz.
El 31 de octubre de 2025, un interno diagnosticado con cáncer de colon en el Ceprereso de León denunció omisiones en sus traslados a consultas externas de seguimiento tras una cirugía de extirpación de tumor en el Hospital General de León.
El expediente 1464/2024 acreditó violaciones a su derecho a la salud y resolvió realizar de inmediato las gestiones para suministrar los medicamentos oncológicos prescritos a la víctima, entre otras acciones.
El 8 de diciembre de 2025 se expuso que una custodia del Ceprereso de San Felipe denunció hostigamiento laboral por parte del director y del oficial de guardia; asimismo, se demoró el traslado de otro custodio que contaba con una orden penal de restricción para no acercarse a ella.
El expediente 1250/2024 confirmó la acusación, instruyó una investigación administrativa contra los servidores públicos responsables, integró la recomendación en sus expedientes personales e impartió capacitaciones.
El 11 de mayo de 2026, un interno denunció que al ser trasladado al Ceprereso de León fue golpeado por custodios en el área de ingreso; a pesar de que las autoridades presentaron un certificado médico que negaba las lesiones, el médico que supuestamente lo elaboró desconoció la firma y la caligrafía del documento.
El expediente 1363/2022 instruyó el inicio de una investigación administrativa, incorporó la resolución a los expedientes de los involucrados y reconoció al quejoso la calidad de víctima.
Postura de la Secretaría de Seguridad y Paz
La Secretaría de Seguridad y Paz reconoció la importancia del trabajo de supervisión de la Prodheg a través de una postura enviada a solicitud de AM tras la presentación del informe del 20 de agosto.
«Permite identificar avances y áreas de oportunidad para seguir fortaleciendo las condiciones de los centros penitenciarios y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad», indicaron.
Argumentan que el propio informe reconoce aspectos positivos del Sistema Penitenciario de Guanajuato, particularmente en el acceso a la educación, la alimentación, la prevención de adicciones y suicidio y la atención a la salud.
«Destaca, por ejemplo, que el 96 % de los hombres y el 91 % de los mujeres manifestaron tener oportunidad de estudiar dentro de los centros, además de la existencia de protocolos de prevención del suicidio y acciones de detección oportuna de cáncer entre la población femenina», se lee en el comunicado.
Destacaron que el informe corresponde a supervisiones realizadas entre junio y julio de 2025 y que, desde entonces, se ha continuado trabajando en las áreas señaladas, entre las que se encuentra la apertura de un nuevo dormitorio en el Centro de Pénjamo con 322 espacios, lo que permitió atender la sobreocupación observada.
Las observaciones y recomendaciones de la Prodheg se asumen como una oportunidad para continuar mejorando. La Secretaría mantiene el compromiso de fortalecer permanentemente la infraestructura, los servicios, la capacitación del personal y los programas de reinserción, con el objetivo de contar con centros cada vez más seguros y respetuosos de los derechos humanos», concluyeron.
AAK
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