Guanajuato.- Desde 2009 y hasta mayo de este año se han detectado cerca de 800 fosas clandestinas en Guanajuato; sin embargo, la información pública sobre estos hallazgos y sobre el número de cuerpos depositados en fosas comunes presenta diferencias entre la Fiscalía, los municipios y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).
Así lo señala el Informe sobre el Registro Estatal de Fosas del Estado de Guanajuato, elaborado por Fabrizio Lorusso, académico de la Universidad Iberoamericana León, en el que además se advierten deficiencias frente a lo establecido en la legislación y el Protocolo Homologado de Búsqueda.
Desde octubre de 2025, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato habilitó una página web para consultar información sobre contextos de hallazgo y fosas comunes registradas en la entidad.
Sin embargo, a casi un año de su puesta en funcionamiento, el informe advierte que presenta deficiencias, omite información y muestra diferencias entre los datos de los municipios y de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG).
Ejemplo de ello es que, pese a que la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado establece que el Registro Estatal de Fosas debe contar con un apartado de acceso para familiares de personas desaparecidas, el informe señala:
“A la fecha se desconoce la existencia del apartado para familiares, o no hay evidencias o testimonios acerca de él”.
Además, el registro presenta datos discordantes entre la FGEG y los municipios respecto al número de cuerpos y restos humanos localizados o resguardados en fosas comunes.
Ante estas diferencias, Lorusso cotejó información de la FGEG, de la CEBP y de colectivos de familiares. Con esos datos determinó que, entre enero de 2009 y el 30 de junio de 2024, se documentaron al menos 660 fosas clandestinas en Guanajuato.
Estas fueron localizadas en 349 distintos “contextos” o “sitios de hallazgo”, distribuidos en 33 de los 46 municipios del estado, y de ellas fueron exhumados mil 245 cuerpos o restos humanos individualizados.
Para mayo de 2026, de acuerdo con la actualización contenida en el informe, la cifra había aumentado a cerca de 800 fosas clandestinas.
“En Guanajuato tenemos registro desde el 2009 de manera continuada y creciente de este tipo de hallazgo que, como dije, es testigo de violaciones a derechos humanos con niveles de tolerancia o de anticipación estatal. La ley manda que estas fosas, así como las personas desaparecidas entren a un registro público que sea accesible, y eso es lo que ha faltado”, manifestó Lorusso durante la presentación del informe este miércoles.
Registro de fosas clandestinas, con deficiencias
Según el Protocolo Homologado de Búsqueda, un “contexto de hallazgo” es un sitio donde han sido depositados, degradados, ocultados o transportados restos humanos no arqueológicos u otros indicios asociados a cuerpos o restos susceptibles de procesamiento forense.
El informe señala que el módulo de fosas clandestinas del registro estatal “no refleja el universo de fosas u otros contextos de hallazgo existentes en la entidad (…) ni da cuenta de todas las que la FGEG localice”.
Esto se debe, según el documento, a que el mapeo que presenta la Comisión en su página no constituye por sí mismo un registro de fosas, sino una representación geográfica parcial de la información.
El informe apunta que esto no cumple plenamente con lo establecido en el Protocolo Homologado de Búsqueda, el cual señala que la ubicación y características de todo contexto de hallazgo deben quedar registradas.
También advierte carencias en información que permita conocer la trazabilidad de los hallazgos, es decir, cuándo y dónde fueron localizados, así como determinar si un mismo sitio ha sido utilizado en distintas ocasiones.
Además, el Protocolo establece que los registros fotográficos de cuerpos no identificados deben estar disponibles para consulta de familiares de personas desaparecidas.
“No tienen el número de fosas en que se encuentran las personas, es decir, un sitio puede tener una sola fosa con cinco personas o puede tener cinco fosas excavadas durante 2 años. Nos habla de un patrón de impunidad. Sí, un grupo delincuencial o un grupo con la corrupción de policías vuelven cinco veces al mismo lugar”, señaló Lorusso.
Detectan diferencias en datos de fosas comunes
De acuerdo con el informe, las fosas comunes ubicadas en panteones municipales también constituyen escenarios de búsqueda en los que podrían localizarse personas desaparecidas, por lo que forman parte del Registro Estatal mediante información sobre cuerpos y restos humanos no identificados.
Los datos son proporcionados por los municipios a la Comisión Estatal de Búsqueda y pueden consultarse mediante un mapeo que muestra información por municipio y sexo, además del panteón donde se encuentran y algunas características generales.
Al 18 de mayo de 2026, el módulo de fosas comunes contenía 450 registros de cuerpos sin identificar inhumados en panteones municipales.
Esta cifra no incluye a los cuerpos o restos depositados en el panteón forense de la Fiscalía General del Estado, situación que el informe señala como muestra de la falta de homologación entre las bases de datos de la Fiscalía, la Comisión y los municipios.
Por separado, la FGEG informó, mediante una respuesta a una solicitud de transparencia, que al 21 de marzo de 2026 tenía bajo su resguardo mil 105 cadáveres o restos humanos individualizados no identificados, además de 37 identificados pero no reclamados.
El informe considera que estas diferencias dificultan el acceso y análisis de la información y plantea que debería existir trazabilidad actualizada de los cadáveres trasladados desde los municipios hacia el panteón forense de la FGEG, de manera que las familias y colectivos puedan dar seguimiento a posibles hallazgos.
Buscadoras denuncian opacidad e irregularidades
Durante la presentación del informe, integrantes del colectivo Hasta Encontrarte denunciaron que, ante la falta de mecanismos que consideran confiables y transparentes para atender la problemática de desapariciones, han tenido que elaborar sus propias bases de datos.
Carla Martínez, representante del colectivo, señaló que han generado registros propios con fotografías de prendas, tatuajes y otros indicios para ayudar en la identificación de personas desaparecidas.
También cuestionó las diferencias entre las cifras difundidas por las autoridades y la información que las buscadoras recopilan durante sus labores de campo.
“Ellos vienen y presumen todo el tiempo de sus avances, de sus tecnologías, de sus herramientas. Mientras muchísimas madres nos damos cuenta que esas herramientas a nosotras no nos sirven para absolutamente nada, porque no hay claridad, no hay búsqueda, no hay localización, no hay identificación y los números que ellos están mostrando cada día de personas que han sido localizadas no coinciden con la de nosotros”, exclamó.
Por otro lado, Viviana Mendoza, también integrante del colectivo, acusó clasismo y deshumanización por parte de autoridades hacia personas desaparecidas provenientes de contextos vulnerables.
Además, denunció presuntas irregularidades en la entrega de restos humanos a familiares y aseguró que el colectivo conoce casos en los que, según su testimonio, se habrían entregado cuerpos incompletos o equivocados.
“En el colectivo tenemos registro de que la fiscalía ha equivocado muertos. El año pasado a la señora Tere después de años según ya le habían entregado a su hija muerta, pero solo unas partes, a lo mejor solo le dieron el torso correcto, pero las manos no eran, o a lo mejor la cabeza sí era y lo demás no era”.
“Conocimos el caso de una persona en Pénjamo que le entregaron a su papá. Y después llegó el fiscal y le dijo: ¿Sabes qué? No es tu papá, pero no digas nada”, indicó.
HLL
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