León.- Guanajuato se mantuvo como la entidad con más mujeres víctimas de homicidio doloso de enero a julio de 2026, con 108 casos de los 870 registrados en todo el País por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Aunque la cifra representó una reducción del 52% frente al mismo periodo de 2025, cuando fueron asesinadas 224 mujeres en la entidad, Guanajuato ocupó el primer lugar nacional en ambos años.
En contraste, durante los primeros siete meses de 2026 se registraron 15 víctimas de feminicidio, con lo que el estado se ubicó en la octava posición nacional, de acuerdo con el informe de violencia contra las mujeres del Gobierno federal.
Al sumar ambos delitos, los registros oficiales contabilizaron 123 mujeres asesinadas, lo que equivale, en promedio, a una víctima cada 41 horas.
Sin embargo, el Ejecutómetro de AM documentó 176 mujeres asesinadas durante el mismo periodo, lo que representa un caso cada 29 horas, en promedio.
Sobre esta diferencia, Iovana Rocha Cano, activista e integrante de Alerta Violeta A.C., advirtió que existe un subregistro y cuestionó la forma en que la Fiscalía General del Estado (FGE) clasifica e investiga las muertes violentas de mujeres.
“Hay un subregistro, hay una resistencia por parte de las autoridades, particularmente de la Fiscalía, por hacer investigaciones con perspectiva de género”, apuntó en entrevista con AM.
Radiografía de la violencia
Guanajuato concentró el 12.4% de los homicidios dolosos de mujeres registrados en el País de enero a julio de 2026. Después se ubicaron Baja California, con 71 víctimas; Chihuahua, con 59, y Guerrero y Michoacán, con 58 cada uno.
Al medir la incidencia por cada 100 mil mujeres, Colima ocupó el primer lugar nacional, con una tasa de 10.48; le siguieron Morelos, con 4.49; Baja California, con 3.45, y Guanajuato, en cuarto sitio, con 3.19.
El informe también detalla que el grupo de edad con más víctimas en Guanajuato fue el de 30 a 60 años, con 43 casos, seguido por el de 18 a 29 años, con 38.
Pese a mantenerse en el primer lugar nacional, el estado redujo prácticamente a la mitad los homicidios dolosos de mujeres respecto de los primeros siete meses de 2025. En ese periodo se contabilizaron 224 víctimas, que representaron el 17.6% de los casos registrados en todo el País.
En feminicidios, Sinaloa tuvo la cifra más alta, con 54 víctimas; le siguieron Estado de México, con 27; Chiapas, con 26; Ciudad de México y Tamaulipas, con 25 cada uno; Morelos, con 21, y Chihuahua, con 18.
En todo el País se contabilizaron 380 víctimas de feminicidio, de las cuales 15 correspondieron a Guanajuato, lo que equivale al 3.9% del total.
Por tasa de feminicidios, Guanajuato se colocó en la posición 17 a nivel nacional. Sin embargo, Irapuato apareció entre los 20 municipios del País con más casos durante ese periodo, con tres víctimas.
Los registros muestran además un aumento gradual de feminicidios en Guanajuato durante los primeros siete meses de los últimos cuatro años. En 2023 se contabilizaron ocho casos; en 2024 fueron 11; en 2025 subieron a 13 y este año llegaron a 15.
En los últimos cuatro años, la FGE de Guanajuato no ha reportado más de cinco feminicidios en un solo mes.
Para que una muerte se investigue como feminicidio se consideran circunstancias relacionadas con razones de género, entre ellas la existencia de vínculos afectivos, familiares, laborales o de subordinación con el agresor; antecedentes de violencia, acoso, amenazas o misoginia; violencia sexual, mutilaciones o tratos degradantes, así como que la víctima haya estado incomunicada, embarazada o que su cuerpo haya sido expuesto públicamente.
Cuestiona clasificación
Rocha Cano puso como ejemplo el asesinato de Nadia Verónica Rodríguez Saro Martínez, estudiante de la Universidad Iberoamericana León, ocurrido hace más de seis años.
Recordó que el caso se investigó inicialmente como homicidio y que recientemente el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste anunció su reclasificación como feminicidio.
La activista cuestionó que hayan pasado más de seis años para ese cambio, pese a los indicios sobre un exnovio que ejercía violencia contra Nadia y las circunstancias en las que fue asesinada.
“Se ha logrado poco en seis años. Imagina entonces qué ocurre con la gran mayoría de las mujeres”, cuestionó.
Rocha señaló que, pese a los niveles de violencia contra las mujeres en Guanajuato, todavía existe una tendencia a estigmatizar a las víctimas y relacionar sus asesinatos con posibles actividades delictivas.
“Son descalificadas porque presumiblemente andaban en malos pasos y se olvida aquello que la Corte ha señalado y que se supone había sido cosa superada, que las fiscalías están obligadas a investigar las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género. No lo hacen. No revisan sus historias”, dijo.
Explicó que las investigaciones deberían revisar la relación que las víctimas tenían con los hombres de su entorno, los ciclos de violencia que pudieron haber enfrentado y las condiciones de vulnerabilidad o precariedad en las que vivían.
“Para el actual fiscal no es una prioridad lo que ocurre con las mujeres y la violencia, y prueba de ello es la cantidad de denuncias que se presentan y el desistimiento que hay por falta de respuesta de las autoridades”, señaló.
Para Rocha Cano, la diferencia entre las cifras oficiales y otros conteos obliga a revisar cómo se investigan y clasifican las muertes violentas de mujeres, principalmente cuando existen elementos que podrían relacionarlas con violencia de género.
Cuestiona prevención municipal
La activista también consideró insuficientes las acciones de los gobiernos municipales para prevenir la violencia contra las mujeres, incluso en aquellos que han estado sujetos a medidas derivadas de la Alerta de Violencia de Género.
“La mayoría de los municipios, de los 46 municipios alertados, siguen teniendo un presupuesto mínimo para la prevención de violencia contra las mujeres, que es lo que les tocaría propiamente a ellos”, lamentó.
Rocha Cano señaló que los gobiernos locales suelen presentar como avances la impartición de capacitaciones y la aplicación de protocolos, aunque consideró que esas acciones deberían formar parte de sus obligaciones básicas y no ser la única respuesta ante el problema.
Después de ahí no han hecho nada. Las capacitaciones siguen siendo deficientes, no tienen certificaciones, no hay presupuestos”, recalcó.
Añadió que tampoco existen diagnósticos actualizados que permitan conocer cómo se presenta la violencia feminicida en cada municipio, qué factores están relacionados con ella y cuáles son las condiciones que enfrentan las mujeres en cada zona.
A su juicio, sin esa información resulta más difícil definir medidas de prevención acordes con la realidad de cada localidad y evaluar si las acciones emprendidas han tenido resultados.
“Hay subregistro, hay manipulación, realmente no hemos logrado atender de fondo con compromiso lo que ocurre. Es un tema que les incomoda en términos generales a las autoridades”, concluyó.
AM
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