Guanajuato.- Desde que un feminicida es vinculado a proceso hasta que se concluye el juicio con una sentencia, transcurren en promedio dos años aun con el imputado detenido, informó la abogada Dalia Ramírez Delgado, quien ha llevado casos de este tipo desde hace varios años.
Esa tardanza se debe principalmente a dos factores: las fases del proceso judicial y la enorme carga de trabajo que enfrentan los juzgados, los cuales atienden tanto feminicidios como otros delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Por eso no hay testigos de estos homicidios, nadie quiere declarar, porque no hay protección; a ellos solo les dan el número 911 para que, si ven que alguien se les quiere acercar en actitud amenazante, llamen a la policía”, señaló.
Lo anterior lo reveló durante su conferencia “La praxis jurídica del feminicidio y su actualización en el estado de Guanajuato”, impartida en el Congreso del Estado ante aproximadamente 200 militantes de Morena, en su mayoría mujeres.
En entrevista posterior para AM, la litigante detalló la cronología del proceso judicial: la primera etapa -de investigación complementaria- comprende seis meses; al concluir, se da el cierre de investigación y se otorgan 10 días para que el Ministerio Público presente la acusación formal.
Posteriormente, se le da vista al asesor jurídico y a la defensa para que realicen su descubrimiento probatorio. “Ahí estamos hablando de un mes más”, precisó.
A continuación inicia la segunda etapa, la intermedia, que se extiende entre dos y tres meses. Hasta después de ese periodo se emite el auto de apertura a juicio oral. De esta manera, si todo se cumpliera estrictamente conforme a los tiempos legales, un juicio duraría en promedio tres años.
Como la ley establece que deben ser procesados antes de dos años, por las cargas de trabajo en los tribunales nos agendan fechas justamente un mes antes de que se cumpla ese plazo”, explicó.
Esta disposición se encuentra asentada en el artículo 20 de la Constitución Federal, aplicable no solo para el feminicidio, sino para todos los delitos de prisión preventiva oficiosa.
Dalia Ramírez Delgado encabezó anteriormente la representación legal de una víctima de violación cometida por el sacerdote y exvocero de la Arquidiócesis de León, quien fue detenido en 2017 en Irapuato acusado de abuso sexual, violación calificada y corrupción de menores en agravio de una adolescente de 15 años, y quien desde hace años cumple su condena en prisión.

La especialista agregó que, debido a que los feminicidios no son los únicos delitos graves que saturan los juzgados -al coincidir con expedientes de homicidios, violaciones y otros ilícitos-, los plazos para avanzar en las audiencias se postergan sistemáticamente.
Esta dilación genera consecuencias graves: cuando finalmente se alcanzan las fechas de juicio, es habitual que los peritos ya no laboren en las instituciones donde inició la investigación o que las pruebas se hayan degradado o perdido.
Guanajuato acumula 123 feminicidios oficialmente registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) desde 2021 hasta julio de 2026.
Historial de Feminicidios (2021 – 2026)
Conforme a cifras oficiales del SESNSP y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG):
- 2021: 30 casos
- 2022: 21 casos (la FGEG documenta un pico histórico de 45 contabilizando criterios ampliados)
- 2023: 26 casos
- 2024: 14 casos
- 2025: 18 casos
- Enero – Julio 2026: 13 casos
Gobernadora reitera que Alerta de Género no funciona contra la violencia
La gobernadora del estado de Guanajuato reiteró públicamente su postura crítica ante el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), señalando que dicha medida no ha funcionado como una herramienta efectiva para detener los crímenes contra las mujeres en la entidad.
La mandataria sostuvo que el esquema actual se ha convertido en un trámite administrativo que no se traduce en la reducción sustancial de los índices de agresiones ni feminicidios.
En sus declaraciones, la titular del Ejecutivo Estatal enfatizó la necesidad de reorientar los esfuerzos institucionales hacia estrategias de prevención directa, procuración de justicia y fortalecimiento de las corporaciones policiales en lugar de depender de declaratorias de emergencia.
El señalamiento ocurre en medio del constante seguimiento que colectivos feministas y organizaciones civiles realizan sobre la situación de inseguridad que afecta a las mujeres en diversos municipios de la región.
Diversos colectivos de búsqueda y defensoras de derechos humanos han manifestado que, si bien el mecanismo requiere mejoras en su ejecución, la declaratoria resulta fundamental para visibilizar la problemática y exigir recursos federales y estatales específicos.
El Gobierno del Estado argumentó que se continuará trabajando en el fortalecimiento de las unidades de atención a víctimas y en el seguimiento a carpetas de investigación por delitos de género dentro de las fiscalías especializadas.
El debate sobre la efectividad de la Alerta de Género se mantiene en el centro de la agenda pública local, mientras las autoridades estatales y la ciudadanía buscan alternativas para garantizar un entorno de seguridad y erradicación de la violencia.
MC critica Alerta de Género en Guanajuato y exige atender desapariciones
El partido Movimiento Ciudadano (MC) criticó la implementación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Guanajuato, señalando que los avances reportados por las autoridades no han derivado en una disminución tangible de las agresiones.
Representantes del partido expusieron cifras oficiales sobre la violencia feminicida para evidenciar que las acciones gubernamentales se han quedado en meros trámites administrativos e informes burocráticos sin impacto en la seguridad de las mujeres.
Asimismo, el instituto político hizo un llamado urgente a priorizar y poner foco institucional en el constante incremento de casos de mujeres y jóvenes desaparecidas en diversos municipios del estado, exigiendo mecanismos de transparencia proactiva e indicadores verificables en los 17 municipios bajo la declaratoria de alerta.
AM