Guanajuato.- Hoy se cumplen dos años desde que el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo decretó concesionar la administración de la carretera Guanajuato-Silao a una empresa privada, con la promesa de construir la autopista Silao-San Miguel de Allende, obra que el actual gobierno, encabezado por Libia García Muñoz Ledo, no ha podido iniciar.
La entrega de esa carretera es parte del modelo financiero que autorizó el Gobierno de Guanajuato para poder construir una autopista de 53 kilómetros que conectará a Silao con San Miguel de Allende. El proyecto se licitó y se asignó al único postulante que presentó propuesta para ese concurso, la Concesionaria Valle de la Independencia, S.A. de C.V., que integran las empresas VISE, S.A. de C.V., y la española Rubau.
Tras 24 meses, la obra no ha comenzado por la falta de permisos federales y la liberación de 18 hectáreas de un total de 409.74 hectáreas que se requieren para el derecho de vía.
Apenas el 16 de junio pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió la Manifestación de Impacto Ambiental positiva, el primero de los cinco permisos necesarios.
Todavía faltan cuatro permisos más, uno de ellos el cambio de uso de suelo de forestal a urbano, que debe expedir la misma Semarnat, y otros de la CFE, Conagua y SICT.
Tentativamente, la obra podría arrancar en noviembre próximo, pronosticó Juan Pablo Pérez Beltrán, secretario de Obra Pública del estado. Solo esperan que la Semarnat libere la autorización del cambio de uso de suelo; con ese permiso ya podrían iniciar la obra.
“Estamos a días de poder iniciar. Estamos a días de obtener el permiso de la Semarnat. Es uno de los principales objetivos que tiene la Secretaría este año, poder iniciar esta autopista”, dijo el 8 de septiembre.
Por ahora, no existe fecha exacta para el inicio de la obra ni tampoco para su conclusión. En una autorización emitida por la Semarnat se establece que la construcción de la carretera está prevista en un plazo de cinco años a partir de las autorizaciones, por lo que a la gobernadora Libia García no le tocaría inaugurarla, pues ya lleva dos años de gobierno.
AM solicitó una postura de la gobernadora a través de la Coordinación de Comunicación Social, pero informaron que, debido a su agenda, no tenía espacio para una entrevista esta semana y enviaron una postura institucional por escrito, en la cual señalan que el Gobierno “mantendrá tres principios en este proceso: hacer pública la información, verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos y sustentar técnicamente las decisiones relacionadas con estos proyectos”.
El documento no detalla las razones del retraso en la autopista Silao-San Miguel de Allende.
También se solicitó una entrevista con el secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda, quien en 2024 coordinó los trabajos para definir el modelo financiero para esta concesión. Su área de comunicación solicitó las preguntas por escrito, pero no respondió ninguna.
VISE tampoco respondió a la solicitud de entrevista. Se buscó vía WhatsApp a su director general, Santiago Villanueva, pero no respondió a los mensajes ni a las llamadas telefónicas.
Se intentó contactar al exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a través de una colaboradora en Guanajuato, pero no hubo respuesta.
Pérdidas para el Estado y retraso en la rehabilitación
La concesión otorgada a VISE-Rubau incluía la entrega de la carretera Guanajuato-Silao, que generaba al Estado ingresos por 250 millones de pesos en promedio al año por el cobro de peaje.
En los últimos 21 meses, desde que el Gobierno estatal dejó de administrar esta carretera, dejó de percibir alrededor de 436 millones de pesos por concepto de peaje.
A cambio, la concesionaria se comprometió a realizar una remodelación de la carretera y la reubicación y construcción de una nueva caseta de cobro, la cual debía terminar en marzo de este año, pero no fue así y la SOP le dio una prórroga hasta octubre.
En la cláusula 22.2 del título de concesión se establece que, a cambio de la entrega de esa autopista: “La concesionaria se obliga a cubrir anualmente al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, una contraprestación estatal anual equivalente al 0.5% de los ingresos brutos sin IVA”.
Derivado de esta cláusula, la Concesionaria Valle de la Independencia pagó 1 millón 283 mil 549 pesos al Gobierno del Estado por la explotación de la autopista Guanajuato-Silao, correspondiente al periodo del 19 de diciembre de 2024 y todo 2025.
Sin justificación y adelantándose a lo que establece el título de concesión de 2010, en su último año de gobierno, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo también autorizó extender por nueve años la concesión del Libramiento de Celaya a Concesionaria Bicentenario, S.A. de C.V., empresa en la que también están asociados VISE y Rubau.
En ese mismo sexenio, VISE ganó la licitación para la construcción del bulevar La Libertad, que conecta a los municipios de Dolores Hidalgo con San Miguel de Allende. La construcción debía realizarse en un año, pero se demoró un año más y su costo será de 3 mil 366 millones de pesos, aproximadamente 341 millones más que el presupuesto original.
Resultados de revisión hasta diciembre
Ante los cuestionamientos que hubo desde la asignación de la concesión, la gobernadora Libia García Muñoz Ledo prometió el 24 de febrero de este año una revisión técnica, legal y financiera. Juan Pablo Pérez Beltrán había anunciado que los resultados de esta revisión externa se darían a conocer este mes, pero esta fecha tampoco se cumplió.
El Gobierno estatal informó esta semana que la fecha límite para conocer el informe final está programada para el 18 de diciembre de 2026.
“La evaluación contempla la revisión de las etapas de preinversión, estructuración, licitación y adjudicación, con el propósito de verificar criterios de eficiencia, transparencia, competencia, apego a la normatividad y protección del interés público. Los trabajos consideran como entregables una metodología de evaluación, un informe preliminar, un informe final y sus anexos”, informó Comunicación Social del Gobierno del Estado.
La revisión legal y normativa inició el 25 de mayo de este año y se contrató a la empresa CMS Woodhouse Lorente Ludlow, S.C.
Pero las revisiones financiera y técnica iniciaron apenas el 3 y 21 de septiembre, respectivamente, y estarán a cargo de las empresas Key Capital México y Consultores Asociados, S.C.
El camino que no ha llegado a nada
El 25 de septiembre de 2024, el último día del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la concesión que autorizaba a Concesionaria Valle de la Independencia, S.A. de C.V., explotar durante 30 años la actual autopista Guanajuato-Silao y construir y explotar una nueva, la de Silao-San Miguel de Allende.
El 30 de agosto de 2024 se dio a conocer el fallo de la licitación. Javier Ledesma Flores, quien era director de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas de la entonces SICOM, hoy Secretaría de Obra Pública (SOP), informó que el consorcio ganador invertiría un total de 6 mil 91 millones 447 mil 176 pesos.
De la inversión total, 107 millones 626 mil 340 pesos se etiquetaron como pago inicial al Gobierno del Estado por la construcción de la autopista Silao-San Miguel de Allende. Toda la obra tendrá un costo de 4 mil 349 millones 767 mil 41 pesos y para la remodelación de la autopista Guanajuato-Silao se invertirán 580 millones 866 mil 781 pesos; además, mil 53 millones 187 mil 13 pesos serán para el pago de financiamientos y seguros que contratarán las empresas.
Aunque desde que se asignó la concesión el principal argumento del Gobierno estatal fue que se eligió este modelo financiero por falta de recursos para realizar la obra de la nueva autopista, sí existían otras fuentes de financiamiento.
El año pasado, el Congreso local aprobó un endeudamiento por 8 mil millones de pesos: la mitad para un paquete de obras en todo el estado y el resto para la construcción del acueducto Solís-León, cuya viabilidad fue puesta en duda por los gobiernos federal y estatal en días recientes.
AM preguntó al secretario de Obra Pública estatal: ¿Cómo justifican que no había recursos para que el Estado hiciera esta carretera, si un año después se contrató deuda? Y respondió:
“No endeudarte y dejarle la responsabilidad de la inversión a un privado, permite que esos 4 mil millones de pesos que pudieron haber sido de un crédito (para la autopista) permite enfocarlos en la infraestructura que el Estado requiere. Son 386 proyectos que van a ser financiados con este recurso que vale mucho la pena invertirlos”.
Pero el Estado sí tiene recursos. En sus estados financieros con corte a diciembre de 2025 reportaba 30 mil millones de pesos de activos circulantes, es decir, recursos disponibles en un corto plazo; para junio de este año se reportan 40 mil millones de pesos.
En dos años no ha iniciado la autopista. “¿Qué les dicen ustedes a los guanajuatenses?”, le preguntó AM al secretario de Obra Pública.
“Debemos de ver el otro lado de la moneda. No enfocarnos en lo negativo sino en lo positivo que va a tener el estado (…) Son muchos los beneficios que va a dar esta autopista. Este proyecto lo estamos visualizando con una gran capacidad de desarrollo para el estado, no solamente de la zona, sino para todo el estado”, afirmó.
Siguen “atoradas” 18 hectáreas
El proyecto de esta autopista Silao-San Miguel de Allende existe desde el gobierno de Juan Manuel Oliva. Durante los sexenios de Miguel Márquez y Diego Sinhue Rodríguez se fueron comprando terrenos con el fin de iniciar su construcción.
El proyecto de concesión inició con cerca del 77 % de tierra, con un proyecto de posesión y derecho de paso. A la fecha, ya están liberadas 391.1 hectáreas, equivalentes al 95.45 % del total.
Pero aún falta liberar 18 hectáreas; desde hace siete meses no se ha podido avanzar porque el propietario y la Secretaría no se han puesto de acuerdo en el precio, admitió Pérez Beltrán.
La información respecto al monto total erogado por el Estado para el pago de estos terrenos no es pública; la SOP informó que este dato se mantendrá reservado hasta que concluya la adquisición del 100 % de los terrenos, para evitar la especulación de las tierras.
“Ya está muy avanzado y tenemos tramos con los cuales ya podemos iniciar. Simple y sencillamente, estamos a la espera de este permiso (el cambio de uso de suelo)”, aseguró Juan Pablo Pérez.
No se cumplirán plazos de concesión
La cláusula 7 del título de concesión establece que la entrega del derecho de vía inicial tenía que darse en un plazo máximo de tres meses y la entrega final en un máximo de seis, contados a partir de la fecha inicial de la concesión. Aunque también establece la posibilidad de hacer entregas parciales.
Bajo esos términos, la entrega inicial debía darse a más tardar el 25 de diciembre de 2024 y la entrega final, como máximo, el 25 de marzo de 2025. Dichos plazos no se cumplieron, pues la obra aún no ha iniciado.
En la cláusula 13.2 del título de concesión también se estableció que: “la concesionaria deberá concluir la construcción en un plazo máximo de 30 meses, contados a partir de la fecha de inicio de la concesión”. Ese plazo se cumplirá en marzo de 2027, pero la obra no ha iniciado.
El secretario de Obra Pública descartó sanciones por ahora, ya que los dos años de plazo comenzarán hasta que se autorice el cambio de uso de suelo y arranque la construcción: “Si en ese plazo de dos años de construcción la concesionaria no concluye, entonces sí estaremos hablando de una sanción, pero por lo pronto la construcción no ha iniciado”, declaró.
“Llevan dos años cobrando sin hacer nada”
“Es un despojo total entregarles la otra carretera para hincharse de dinero… la empresa concesionaria”, afirmó en entrevista con AM Carlos Arce Macías, quien forma parte de un grupo de ciudadanos de Guanajuato capital que han manifestado su rechazo a la decisión del Estado de entregar a un particular la carretera Silao-Guanajuato.
Consideró que esta concesión es una situación irregular y anómala, especialmente por el tipo de concesión que se otorgó, que implica entregar dos carreteras a un particular.
“El problema es que, al no hacerse de inmediato las obras de la nueva carretera, como está puesto en la concesión, la irregularidad es que se entregó de inmediato la Guanajuato-Silao, la tomó la concesionaria Valle de la Independencia y desde entonces están cobrando, entonces llevan dos años cobrando sin hacer nada”, lamentó.
Dijo que el Gobierno del Estado no ha querido dar a conocer el aforo que esperan en la nueva autopista, pero en la Manifestación de Impacto Ambiental se establece que el aforo será de 9 mil 709 vehículos al día.
“Este aforo es muy importante porque, si lo comparamos con el costo por kilómetro, nos arroja una cantidad de 14 mil millones de pesos de ingresos brutos, durante 30 años. Esto a precios actuales, porque se va a ir incrementando el aforo y el costo del peaje”, esto en referencia a la autopista Silao-San Miguel de Allende.
“Con 14 mil millones de pesos, ¿cómo no va a pagar los 5 mil millones que cuesta la carretera? Sale de ahí perfectamente. ¿Entonces para qué se le entregó la otra carretera (la Guanajuato-Silao)? Eso es lo increíble”, cuestionó.
Afirmó que, en los 30 años que durará la concesión, la autopista Guanajuato-Silao tendrá entre 8 y 9 mil millones de pesos de ingresos, “a precios de ahorita, es una cuenta ranchera, pero si se hace un análisis más profundo, actuarial, va a ser mucho más”.
“O sea, es un negociote. El ingreso de la Silao-San Miguel era suficiente para pagarse por sí sola”, reclamó Carlos Arce, vocero del grupo ciudadano que desde enero pasado se ha manifestado en contra de la entrega de la autopista Guanajuato-Silao y que ha demandado revocar la concesión.
El diputado local por la capital y aspirante a la alcaldía, Juan Carlos Romero Hicks, expresó que la concesión “deja muchas dudas, añadidas a las que ya se habían presentado, y eso es parte de lo que nos tiene que decir la evaluación externa”.
Sobre el retraso en la obra, dijo que “es muy lamentable lo que está ocurriendo”; consideró que “debe haber máxima transparencia y también beneficio a la ciudadanía; esto último todavía no está”.
HLL
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