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Guanajuato.- Los diputados locales del PRI presentaron dos iniciativas relacionadas con aplicar sanciones a quienes utilicen o vendan falsos uniformes, vehículos o insignias policiales. Y otra sobre la protección de los policías mediante cámaras personales.

Alejandro Arias Avila presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal, a nombre de la fracción del PRI, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y evitar que la delincuencia utilice uniformes, insignias, vehículos y otros aditamentos para suplantar a las instituciones de seguridad.

Al dar lectura a la exposición de motivos del documento, mencionó que se pretende incorporar un nuevo tipo penal denominado “Fabricación, comercialización y uso indebido de insignias, uniformes y vehículos”, a fin de sancionar con tres a 12 años de prisión y de 100 a 500 días de multa a quien sin autorización elabore, fabrique, confeccione, produzca, imprima, almacene, distribuya o comercialice placas, gafetes, distintivos, escudos, insignias, uniformes o cualquier otro aditamento que se asemeje a los utilizados por las instituciones de seguridad pública.

Manifestó que se propone sancionar a quienes utilicen este tipo de elementos sin tener derecho a ello, cuando sea con el propósito de cometer un acto ilícito, así como a quienes utilicen vehículos oficiales o unidades particulares con cromática, balizaje, colores o equipamiento semejante al de las instituciones de seguridad pública para cometer algún delito.

Arias Avila señaló que la delincuencia ha recurrido a la utilización de uniformes, insignias y vehículos clonados para instalar retenes falsos, cometer asaltos, extorsiones, secuestros y otros delitos, aprovechándose de la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones de seguridad.

Propone hacer videograbación en tiempo real

Rocío Cervantes presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Precisó que se contempla establecer que el Estado y los municipios generen mecanismos de comunicación y videograbación en tiempo real, así como medidas de mitigación de riesgos durante los días de descanso.

De igual manera, facultar a la secretaría correspondiente a mantener actualizados los protocolos de actuación policial e incorporar mecanismos de comunicación y videograbación en tiempo real, con el propósito de contribuir a la seguridad de los servidores públicos.

Se propuso castigar a quienes incurran en estas prácticas de 3 a 12 años de prisión y de 100 a 500 días de multa. Foto: Presidencia Municipal de Guanajuato.

Cervantes Barba subrayó que la videograbación permitiría contar con evidencia de las intervenciones policiales, tanto para proteger a los elementos ante posibles agresiones como para documentar su actuación y determinar, en su caso, el uso de la fuerza, contribuyendo también al respeto de los derechos humanos.

Manifestó que la propuesta busca establecer la obligación del Estado y los municipios de actuar de manera coordinada para reforzar los protocolos de actuación operativa policial, mediante mecanismos de comunicación y videograbación en tiempo real, además de implementar medidas de mitigación de riesgos para las y los servidores públicos de las instituciones policiales y sus familias, particularmente durante sus días de descanso.

Cervantes Barba comentó que la violencia contra los integrantes de las corporaciones policiales representa un desafío para la seguridad pública de Guanajuato, por lo que es necesario actualizar los protocolos de actuación a las condiciones actuales y establecer medidas que permitan reducir los riesgos a los que se enfrentan las y los policías, incluso cuando se encuentran fuera de servicio.

DP

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