“¿Pagar por lo que el Gobierno ya hace?”: cuestionan despensas con Tocando Corazones
Señalan que el programa estatal debe aplicar criterios claros, medir resultados y evitar que las organizaciones dupliquen acciones que ya realiza el Gobierno.
El programa estatal debe evaluar los proyectos con base en su impacto social y en las necesidades de las comunidades beneficiarias, plantean especialistas. Foto: Archivo AM.
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Guanajuato.- El programa estatal “Tocando Corazones” debe supervisar con rigor la evaluación de los proyectos que solicitan recursos públicos y evitar la duplicidad de funciones o la concurrencia de acciones, es decir, que terceros ejecuten actividades asistenciales o de desarrollo que la administración estatal ya realiza y en las que cuenta con capacidades técnicas instaladas.
En dicho criterio coincidieron especialistas y académicos de la Universidad La Salle Bajío y de la Universidad Iberoamericana León, quienes enfatizaron la necesidad de priorizar el impacto social medible de las propuestas presentadas por las organizaciones de la sociedad civil.
La postura surge luego de que una investigación periodística de AM dio a conocer que 22 asociaciones civiles en la entidad, con diversos objetos sociales, ingresaron solicitudes de financiamiento para la segunda convocatoria anual de “Tocando Corazones”, en las que se contemplaba la distribución de apoyos asistenciales como despensas, tinacos y calentadores solares.
Asimismo, el reporte identificó que siete proyectos con ese mismo perfil asistencialista ya habían recibido asignaciones presupuestales en convocatorias previas (dos correspondientes a 2025 y la primera de 2026).
La asignación de estos fondos generó cuestionamientos por parte de sectores empresariales y representantes de organizaciones sociales —tanto beneficiadas como no seleccionadas—, quienes señalaron que el propósito original del Fideicomiso de Administración e Inversión para el Desarrollo Social y la Seguridad Pública (Fidesseg) —organismo creado en 2019 con el 0.3 % del Impuesto Sobre Nómina (ISN) y antecedente directo del actual programa— era respaldar proyectos de alto impacto social y seguridad, y no la entrega directa de insumos básicos.
Carlos Adrián Jiménez Ruiz, profesor-investigador de la Universidad La Salle Bajío y especialista en evaluación y diseño de políticas públicas, destacó el valor del modelo del Fidesseg al calificarlo como uno de los pocos mecanismos públicos que promovió la participación autónoma de la sociedad civil en la atención de problemáticas comunitarias.
El académico señaló que dicho esquema otorgó reconocimiento institucional y respaldo económico a agrupaciones con trayectoria en el trabajo directo con la población, cuyo diagnóstico territorial suele ser más preciso que el del propio aparato gubernamental.
Carlos Adrián Jiménez Ruiz. Foto: La Salle Bajío.
(Ya como programa estatal) ‘Tocando Corazones’ sí tenía áreas de mejora; este tema de las convocatorias que cerraban rápidamente, o no había mucha claridad, de que cuando se recibían cierto número de propuestas ya no se podían recibir más, complejizaba la competencia entre las diferentes organizaciones para bajar estos recursos”, precisó.
Puntualizó que la nueva metodología permitirá evaluar de mejor manera el impacto real de las intervenciones sociales, las cuales deberán contar con indicadores de comprobación técnica.
“¿Para qué vamos a otorgar un presupuesto a una actividad que el gobierno ya hace y que es especialista en hacer? Temas de primer impacto de desarrollo, ese es un problema común, que es concurrencia de actividades; es preferible que se realicen proyectos que el gobierno no está en condiciones de realizar”, sostuvo.
El especialista añadió que la evaluación de los resultados debe realizarse de forma conjunta entre la autoridad estatal y los colectivos ciudadanos, mediante el uso de indicadores verificables que midan el progreso de las comunidades atendidas y no solo el ejercicio presupuestal.
Respecto a los requerimientos técnicos fijados para las organizaciones postulantes, como la presentación de diagnósticos situacionales, Jiménez Ruiz advirtió que varias asociaciones carecen de la metodología necesaria para delimitar los problemas públicos de carácter colectivo.
Ante esta situación, el investigador planteó que las instituciones de educación superior y centros de investigación desempeñen un papel de acompañamiento técnico y capacitación para las agrupaciones aspirantes.
Asimismo, estimó necesario garantizar que el comité ciudadano convocado por la Senco para la fase de preevaluación aplique el método de revisión “a doble ciego”, a fin de evitar sesgos y mantener el anonimato entre evaluadores y proyectistas.
Evaluación ciudadana e institucional
Por su parte, Gabriela Naranjo Guevara, investigadora de la Universidad Iberoamericana León, señaló que la colaboración de la iniciativa privada y de la ciudadanía en la atención a la vulnerabilidad permite financiar propuestas innovadoras que suelen quedar fuera de los cauces burocráticos tradicionales.
Gabriela Naranjo Guevara, investigadora de la Universidad Iberoamericana León. Foto: Ibero León.
El Estado asume una responsabilidad hacia las personas que están en condición de mayor vulnerabilidad y permite que la ciudadanía, de manera directa, también asumiendo la responsabilidad que le toca, pueda participar”, expresó.
La especialista resaltó la existencia de organizaciones civiles formalizadas que realizan diagnósticos de precisión en zonas prioritarias, a la par de iniciativas como la Plataforma No + Pobreza, orientadas a reducir las brechas de desigualdad social mediante esquemas de responsabilidad compartida.
Sin embargo, Naranjo Guevara advirtió sobre la necesidad de mantener esquemas permanentes de supervisión en la entrega de apoyos para evitar distorsiones en los fines del programa, tales como promociones de marca en el sector empresarial o discrecionalidad operativa en el ámbito gubernamental.
“(Estos programas) requieren una intervención con alto grado de ética por parte de quienes operan estos programas desde el Estado como de las organizaciones civiles y los particulares que los impulsan”, aseveró.
La investigadora puntualizó que las asociaciones deben fortalecer su capacidad técnica para que la ayuda asistencial de emergencia —como despensas o cobijas— evolucione hacia proyectos integrales de desarrollo, entre ellos talleres de formación nutricional o comunitaria.
Finalmente, indicó que la transparencia en el uso de los recursos públicos es un derecho ciudadano, por lo que respaldó la difusión de las métricas de impacto de los proyectos y sugirió que, una vez concluidos los procesos de selección, se transparenten los nombres de los evaluadores, los criterios aplicados y las listas de organizaciones beneficiadas.
Resolución judicial sobre el Fidesseg
En marzo de 2025, la jueza Karla Macías Lovera, titular del juzgado que analizó el juicio de amparo contra la extinción del Fidesseg, determinó ordenar una sesión del Comité Técnico del fideicomiso como parte del proceso legal.
En la resolución, la juzgadora instruyó al titular de la Secretaría de Finanzas, en su calidad de presidente del comité, a velar por que en la asignación presupuestal se priorizaran “proyectos viables técnica y económicamente, con impacto social medible y en beneficio de zonas de atención prioritaria”, con base en las reglas de operación vigentes.
De igual forma, la resolución judicial estableció que se debía garantizar “que el proceso de selección y autorización de proyectos respete el modelo de responsabilidad social compartida, promoverá la participación ciudadana y la coinversión cuando corresponda, sin menoscabo de la posibilidad de financiar proyectos que requieran el total del apoyo”.
Posteriormente, el recurso de amparo fue sobreseído y la Secretaría del Nuevo Comienzo asumió la administración directa de los fondos que integraban el Fidesseg tras concretarse la extinción de la figura fiduciaria.
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