Guanajuato.- Crear una pensión estatal para personas con discapacidad en Guanajuato, como han propuesto los diputados locales de Morena, tendría un costo estimado de 2 mil 252 millones 880 mil pesos anuales para el Gobierno del Estado.
Esta cantidad representa casi el doble del presupuesto anual del DIF estatal para 2026, que asciende a mil 129 millones 680 mil pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Estado.
El cálculo fue realizado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, en un documento entregado a los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, del cual AM tiene copia.
El estudio detalla la población que podría recibir el apoyo, los beneficiarios actuales del programa federal y el monto que tendría que destinar el Estado para incorporar a quienes todavía no cuentan con esta prestación.
¿Cuántas personas recibirían la pensión para personas con discapacidad en Guanajuato?
La estimación se sustenta en información del Censo de Población y Vivienda 2020, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Este organismo define a la población con discapacidad como las “personas que tienen mucha dificultad o no pueden realizar al menos una de las actividades de la vida diaria, tales como ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o comer, así como hablar o comunicarse”.
De acuerdo con el estudio, la población objetivo del programa en Guanajuato asciende a 166 mil 939 personas de entre cero y 64 años de edad.
Con base en los datos del Padrón Único de Beneficiarios del Gobierno Federal, se identificó que, durante el periodo de enero a marzo de 2026, se otorgaron apoyos a 53 mil 157 personas con discapacidad en Guanajuato.
Estos apoyos representaron un importe presupuestal de 378 millones 140 mil pesos, que, según el documento, en términos anuales podría representar aproximadamente mil 392 millones 560 mil pesos.
Por lo tanto, la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas estima que en Guanajuato hay 113 mil 782 personas con discapacidad que no reciben este apoyo federal.
En caso de aprobarse la iniciativa, esta sería la población que podría beneficiarse directamente con apoyos económicos, bienes, servicios o una combinación de estas modalidades.
El cálculo considera una pensión no contributiva equivalente a mil 650 pesos mensuales, es decir, 3 mil 300 pesos bimestrales por persona.
“Y una pensión no contributiva (económica, bienes, servicios y/o mixta) equivalente a 1,650 pesos mensuales, es decir 3,300 pesos bimestrales equivale a un monto total bimestral estimado de 375 millones 480 mil 600 pesos”.
Los mil 650 pesos mensuales corresponden al monto establecido por el Gobierno Federal para 2026 en el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.
“Este monto iguala al apoyo federal vigente para el ejercicio fiscal 2026 establecido en el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Bajo las premisas anteriores, se estima un impacto presupuestal de aproximadamente 2,252.88 millones de pesos anuales”, señala el documento.
La población objetivo del programa federal está integrada por personas con discapacidad permanente, mexicanas por nacimiento o naturalización.
El programa contempla apoyos económicos, en especie o mediante ambas modalidades, entregados directamente a las personas beneficiarias.
Para el ejercicio fiscal 2026, el monto del apoyo es de mil 650 pesos mensuales, pagados de manera bimestral.
La estimación del costo de la pensión estatal fue presentada a los diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso durante la mesa de trabajo realizada el miércoles pasado.
“Dinero hay, lo que no hay es voluntad”: David Martínez
Al respecto, el diputado David Martínez Mendizábal, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, sostuvo que Guanajuato cuenta con capacidad financiera para hacer realidad la pensión para personas con discapacidad.
Señaló que, frente a un presupuesto estatal de aproximadamente 140 mil millones de pesos, el costo estimado de la prestación podría cubrirse con recursos públicos.
“Dinero hay, lo que no hay es voluntad política para de veras, otorgar esta compensación económica para personas con discapacidad”, expresó.
El diputado recordó que Morena ha impulsado desde el Congreso local un esquema universal, en congruencia con la política de bienestar del Gobierno Federal y bajo el principio de que los derechos sociales no deben depender de criterios políticos ni de la voluntad de quienes administran los recursos públicos.
Consideró que la pensión para las personas con discapacidad permanente debe garantizarse como un derecho y no quedar sujeta a decisiones discrecionales de funcionarios o comités de selección.
Cuestionó que la propuesta presentada por el PAN y el PRD mantenga un modelo focalizado de apoyos, en lugar de avanzar hacia un esquema universal que garantice el acceso a esta prestación sin filtros discrecionales.
Martínez Mendizábal explicó que ambos modelos representan visiones distintas de política social.
Mientras que, según su postura, la propuesta del PAN condiciona el acceso al apoyo a la valoración de comités integrados generalmente por funcionarios públicos, el modelo universal que plantea Morena reconoce la discapacidad permanente como condición suficiente para garantizar este derecho.
El legislador aclaró que la pensión no representa una solución integral a todas las necesidades de las personas con discapacidad ni sustituye las obligaciones del Estado en materia de salud, rehabilitación, educación, movilidad, accesibilidad y ayudas técnicas.
Por el contrario, señaló que constituye un derecho complementario que debe acompañarse de políticas públicas y servicios que garanticen una verdadera inclusión.
Asimismo, advirtió sobre los riesgos de que los programas sociales sean utilizados con fines político-electorales, particularmente cuando su operación depende de comités que deciden quién puede acceder a los apoyos y quién queda excluido.
En ese sentido, cuestionó quiénes integrarían dichos comités, cuáles serían los criterios para seleccionar a las personas beneficiarias y qué garantías existirían para impedir que la entrega de recursos quede sujeta a intereses políticos o decisiones discrecionales.
Pensión debe representar un respaldo económico: Jesús Hernández
Por su parte, el diputado con discapacidad Jesús Hernández Hernández sostuvo que la pensión debe representar un respaldo económico real para las personas y sus familias, particularmente para quienes requieren tratamientos médicos, implementos de apoyo o recursos para su movilidad.
“Esta pensión no cuesta nada para quien tal vez pueda tenerlo todo. Pero lo es todo para quien allá afuera no tiene nada”, enfatizó.
Jesús Hernández reconoció la importancia de la aportación recibida y destacó que estos ejercicios permiten fortalecer las propuestas legislativas antes de su dictaminación.
El legislador señaló que la propuesta debe establecer reglas claras para la incorporación de beneficiarios, criterios de priorización para quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad, mecanismos de transparencia y metas verificables que permitan evaluar los resultados del programa.
También destacó la importancia de reconocer que las necesidades de las personas con discapacidad son distintas y que la legislación debe contemplar esas diferencias para garantizar una atención adecuada.
“Porque no se trata de solo abanderar los temas sobre las personas con discapacidad. Se trata de entender”, afirmó.
HLL
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