Guanajuato.- Christian Uriel Miranda López, de Salamanca, estaba desesperado: su sueldo en la carnicería no le bastaba y, cuando recibió la oferta de una constructora para trabajar en Guadalajara, decidió acudir. Eso fue en 2014 y desde entonces está desaparecido.
Su madre, Reyna, cree que Christian, entonces de 21 años, fue víctima de reclutamiento forzado, un fenómeno nacional que también afecta a Guanajuato desde hace años.
No obstante, las sospechas han cobrado fuerza desde los hallazgos del año pasado en el Rancho Izaguirre, en Jalisco.
A pesar de las alertas, el Estado ha sido incapaz de prevenir y atender oportunamente esta modalidad de desaparición de personas, lamentaron especialistas y mujeres buscadoras.
Juan Martín Pérez García, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia, señaló que este reclutamiento ocurre a través de diferentes acciones, algunas muy visibles, como “levantamientos” o privaciones masivas de la libertad, pero también de manera sutil, mediante falsas promesas de empleo.
Dijo que ahí deberían intervenir las autoridades de los tres niveles de gobierno para prevenir y proteger, no solo a niñas, niños y adolescentes (NNA), sino a cualquier persona vulnerable de ser “enganchada” por las redes de macrocriminalidad.
Sin embargo, colectivos de familias con personas desaparecidas en Guanajuato han reportado otros casos probables, con pistas que conducen al Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, donde en marzo de 2025 se localizaron más de mil 800 indicios y prendas de vestir de personas desaparecidas, aunque desde al menos un año antes el lugar ya había sido vinculado por las autoridades con actividades del crimen organizado.
A pesar de las advertencias sobre el reclutamiento forzado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a través de diferentes redes y plataformas digitales, no hay un plan u operativo específico de protección de este sector a gran escala, ni en México ni en Guanajuato.
En el caso de Irapuato, algunas familias han acudido a la Diócesis local para buscar orientación ante esta problemática. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas también se ven rebasadas, reconoció el obispo Enrique Díaz.
El obispo señaló que, aunque no cuenta con cifras precisas sobre cuántos jóvenes han sido víctimas de extorsión o captados por estos grupos, sí ha habido acercamientos de familiares que buscan orientación y apoyo, por lo que han intentado establecer coordinación con las autoridades estatales, pues la situación rebasa la capacidad de respuesta de las comunidades religiosas.
“No tengo los datos exactos de cuántos jóvenes han sido extorsionados o han sido captados por los grupos que siempre están buscando, con falsas promesas de trabajo.
“(…) Nos rebasa indudablemente y nos causa problema, porque no tenemos solución para esta grave problemática de nuestro estado y quizás de todo el país”, admitió.
Ante este escenario, el obispo destacó el papel de los grupos juveniles y los espacios de trabajo de la Iglesia como redes de apoyo para evitar que niños y jóvenes, en búsqueda de pertenencia, caigan en manos de grupos criminales.
Como parte de estas acciones, mencionó el Centro Juvenil de Irapuato, que, aseguró, ha funcionado como un espacio de apoyo no solamente para jóvenes de la ciudad, sino también para integrantes de la Diócesis e incluso para encuentros de alcance nacional.
Identificar las señales de alerta, porque sí pasa
La Policía Cibernética de Guanajuato reconoce que la delincuencia organizada utiliza la ingeniería social a través de técnicas de “phishing” para atraer a niñas, niños y adolescentes.
“(Con el phishing se logra) pescar a la audiencia, pescar a la población por medio de ofertas muy llamativas, ya sean de empleo o de productos en línea”, advirtió la oficial Patricia, representante de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Paz.
“Sí hemos tenido algunos reportes (de ofertas de empleo fraudulentas), también se han atendido, haciendo este seguimiento de dónde viene la oferta, de qué trata. Ahí lo que podemos hacer o nuestra aportación más grande es este tema de difusión, también generamos material preventivo con la finalidad de que la gente pueda identificar y diferenciar cuando son ofertas laborales reales”.
Uno de los principales signos de alerta, dijo, es que se ofrezcan sueldos desproporcionados y que la entrevista o el trabajo se realicen fuera del estado o del municipio donde vive la persona.
De igual manera, debería levantar sospechas que los requisitos para el puesto no correspondan con el sueldo o que la cita sea en una bodega o una central de autobuses, donde pasarán a recoger a la persona, en lugar de un sitio donde fácilmente pueda ubicarse una empresa formal, con oficinas de recursos humanos.
De ahí que las autoridades exhortan a verificar siempre de dónde proviene la oferta.
La agente especialista también reconoció que estos anuncios suelen aparecer en sitios como TikTok y Facebook, y que el público objetivo suele ser gente joven, aunque sin distinción de género.
“Se hace mucho uso de los grupos. Todos los municipios tienen sus respectivos grupos de compra-venta, de productos, etcétera. Entonces, eso hace una difusión (de la oferta falsa) mucho más fácil”.
También dijo que las quejas sobre este tipo de propuestas engañosas llegan a través del reporte anónimo al 089.
“Se puede hacer la eliminación del contenido y también el bloqueo del grupo o del usuario.
“Desafortunadamente, nada garantiza que la misma persona no genere otro perfil, genere otra cuenta y se vuelva a hacer la publicación”.
La oficial reconoció que falta mayor difusión de estas situaciones de riesgo, especialmente entre adolescentes que “siempre creen que no les va a pasar”.
Recomendó crear lazos de confianza en las familias, donde padres y tutores sepan dónde y con quién se comunican los niños y adolescentes, tanto en internet como en persona, y que supervisen constantemente su ubicación y con quiénes interactúan, sobre todo en videojuegos.
Políticas públicas del Gobierno estatal
José Alfonso Borja Pimentel, director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal), reconoció que niñas, niños y adolescentes no son ajenos a la inseguridad que se vive.
Comentó que el DIF Estatal participa en una etapa totalmente preventiva del reclutamiento forzado de NNA, ayudando a las madres y padres de familia, así como a las personas cuidadoras, a identificar situaciones de riesgo, gracias a herramientas como el Manual 2 de su programa “Crianza Positiva”.
“(Que una niña o niño tome una decisión en ese sentido) sabemos que se deriva de un entorno poco favorable, en su entorno familiar, en su entorno comunitario.
“Es ahí donde el DIF Estatal quiere reforzar, meternos hasta la cocina y hasta donde las personas nos lo permitan, para darles herramientas, darles información, para que con mucho mayor tiempo puedan identificar los riesgos” y actuar, para poder vincular a la autoridad que atiende específicamente la situación.
Borja Pimentel dijo que este tipo de diplomados y certificaciones (manuales de Crianza Positiva 1 y 2) permiten a las familias y a las personas menores de edad tomar mejores decisiones y crear vínculos reales con sus hijos.
Detalló que una de las estrategias es acortar la “brecha digital” que sufren muchos padres de familia con el uso de la tecnología: conocer que existen controles parentales en los dispositivos que usan sus hijos e hijas para restringir a qué sitios entran, con quién interactúan y cuánto tiempo pasan ahí.
Por su parte, Regina Trujillo Domínguez, directora general del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes en Guanajuato (Juventudes GTO), comentó que cuentan con dos programas específicos para prevenir el reclutamiento forzado de jóvenes.
Uno es “Juventudes con Idea”, que este año otorgará más de 300 becas para realizar prácticas profesionales en empresas legalmente establecidas, además de la microcredencial “Habilidades clave para tu primer empleo”, que los prepara para una entrevista formal, cuidando su integridad y sus derechos laborales, además de contar con el módulo “Ética para la inteligencia artificial”, precisamente para que sepan identificar esos riesgos.
Regina Trujillo detalló que en esta microcredencial hay más de 2 mil registros y 500 postulantes ya la concluyeron.
Esperanza en la familia y la comunidad
Sin embargo, para el especialista Juan Martín Pérez, estas son acciones aisladas y muy limitadas, que no atienden de fondo la problemática del reclutamiento forzado.
Hizo notar que los grupos criminales necesitan un ejército privado para mantener el control territorial frente a otros grupos y frente al propio Estado.
Dijo que estudios realizados por organizaciones en las que ha participado estimaban, en 2010, que estos grupos reclutaban cada año de 35 mil a 40 mil adolescentes a nivel nacional, y que otro estudio, de 2020, encontró que había entre 145 mil y 240 mil adolescentes con factores de riesgo.
Las autoridades, reprochó el activista, enfrentan este fenómeno desde la ingenuidad o la perversidad, con desconocimiento, sin etiquetar presupuesto y sin considerar que es un instrumento criminal.
Advirtió que, de poderse rescatar a algún niño, niña o adolescente, este debe ser considerado una víctima que probablemente participó en acciones que no consintió, al menos no cabalmente.
Angélica Zamudio Almanza, fundadora del colectivo “Ángeles de pie por ti”, de Salvatierra, informó a AM que su grupo da seguimiento a un caso de Tarimoro donde se sospecha que hubo reclutamiento forzado.
Se trata de Eduardo Serrano Rodríguez, originario de la comunidad de La Moncada, en Tarimoro, de quien se sospecha que también habría estado en el Rancho Izaguirre.
“Eduardo fue visto por última vez el 13 de febrero de 2025, cuando viajó de Monterrey hacia el estado de Jalisco tras recibir una supuesta oferta de trabajo. Desde entonces, no se ha tenido ninguna comunicación con él (…) La familia tiene mucho miedo y las autoridades solo la traen de un lado a otro”, denunció la buscadora.
El miedo también fue la razón por la que la desaparición de Christian Uriel, de Salamanca, permaneció en la cifra negra: Reyna, su madre, presentó la denuncia oficial apenas el año pasado, pues supo que otras familias que sí siguieron el rastro hasta Jalisco fueron amenazadas. Reyna buscaba proteger a sus otros hijos.
Fue en 2025 cuando decidió denunciar la desaparición de Christian, tras conocer los hallazgos en el Rancho Izaguirre. Desde entonces se sumó al colectivo “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos” y comenzó a buscarlo.
Ahí, contó Reyna, encontró acompañamiento y, aunque la incertidumbre no la ha abandonado, busca canalizarla ayudando a otras familias.
Aunque confiesa que no confía en las autoridades, espera que realicen todo lo que esté a su alcance para evitar que más jóvenes sigan desapareciendo y cayendo en estas redes.
Por su parte, Juan Martín Pérez destacó que sí existen estrategias para prevenir y combatir el reclutamiento forzado, pues hay experiencias exitosas en Colombia y en países de África, donde la clave es la recuperación de espacios públicos con actividades comunitarias, así como acciones de justicia restaurativa, incluso si solo son simbólicas.
HLL
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