El Sistema Penitenciario Nacional se ha ido perfeccionando en los últimos años; si bien cumple con reflejar un estatus de las prisiones, este también tiene un impacto positivo a fin de que sea un instrumento útil para determinar acciones de mejora en los centros de reinserción social, a efecto de garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas internas.
En materia de derechos, “toda persona accede a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, congruente con el sistema de justicia penal y acusatorio y oral”.
El contexto nacional es muy complicado, demandante, riesgoso y decisivo, pero esta reforma penal nos ha ofrecido mejoras esenciales en la impartición de justicia, con procesos eficaces, transparentes, erradicación de la impunidad, respeto absoluto a los derechos humanos, investigaciones precisas, sanciones efectivas y reparación del daño por los delitos cometidos, entre muchas otras por mencionar.
Una de las ventajas del sistema es el control social que se ejerce a través de la publicidad, es decir que las audiencias son públicas y orales ante la presencia de jueces, defensores y fiscales, el equilibrio procesal entre las dos partes comienza a ser una realidad, con base a criterios legales de nuestras autoridades.
El reto ahora es, derribar el terrible muro que mantiene en prisión a inocentes, deja impunes miles de delitos y provoca frustración e impotencia en las víctimas.
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