La Secretaría de la Contraloría de Hidalgo investiga a docentes que, además de su labor en las aulas, fungen como integrantes de ayuntamientos sin cumplir con los requisitos legales para ejercer ambos cargos.
Durante su comparecencia ante el Congreso local, el titular de la dependencia, Álvaro Bardales Ramírez, explicó que el foco del problema no es la doble función en sí, sino el incumplimiento de obligaciones, omisiones y posibles conflictos de interés.
En su intervención, la diputada Mónica Leanett Reyes defendió la compatibilidad entre docencia y representación municipal, siempre que no existan traslapes de horario o funciones, y pidió claridad sobre cómo distinguir los casos permitidos por la ley de aquellos que representan irregularidades.
INVESTIGACIÓN POR DOBLE PERCEPCIÓN
Bardales señaló que la Contraloría abrió investigaciones contra 700 servidores públicos que no solicitaron el dictamen de compatibilidad ni reportaron sus percepciones completas en las declaraciones patrimoniales.
Explicó que esta omisión impidió detectar conflictos de horario y duplicidades laborales que, en conjunto, representan un gasto anual de 500 millones de pesos para el estado.
Añadió que realizan verificaciones físicas en escuelas y ayuntamientos para comprobar si los funcionarios realmente cumplen con ambas responsabilidades.
FUNCIÓN PÚBLICA INCOMPATIBLE
El contralor enfatizó que, más allá de lo que establezcan las normas sobre compatibilidad, existe un límite práctico: un docente con jornada de ocho horas frente a grupo difícilmente puede atender, al mismo tiempo, las labores permanentes de un regidor o síndico.
Señaló que un asambleísta trabaja 24/7, no solo en sesiones, además atiende ciudadanía, revisa marcos normativos y toma decisiones. Cuestionó que si un docente está en comparecencia en horario escolar, ¿quién está frente al grupo?
Bardales reiteró que la revisión continúa y que el objetivo es evitar abusos y garantizar que el servicio público, en cualquiera de sus modalidades, se desempeñe con responsabilidad y sin duplicidades que afecten al erario.