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Carta Invitación del SAT, ¿sinónimo de auditoría?
 

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Por: Juan Antonio Aguilar

Gol Tributario | Diseño: Grupo AM

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Resulta frecuente por parte de la autoridad hacendaria el envío de cartas invitación a contribuyentes, con el fin de que los receptores acudan a sus oficinas, para sugerirles que autocorrijan su situación fiscal. El eventual beneficio es ahorrarse una multa que asciende al 55% del monto de la contribución omitida, impuesta por no cumplir de manera espontánea con una obligación fiscal. 

Cada vez que uno de mis clientes recibe una carta de esta índole, se espanta y quiere acudir de inmediato con la autoridad, con el ánimo de “arreglar” dicha situación y para —inclusive— evitar la cárcel.

 Ahora bien, lo primero que tenemos que aclarar es que estas famosas cartas invitación no tienen fundamento constitucional ni legal. Por tanto, no es obligatorio acudir a la autoridad ante la recepción de estos “cordiales” mensajes, habida cuenta que dichas misivas no son vinculantes. 

En efecto, una carta invitación no se traduce en una facultad de comprobación o auditoría por parte del fisco, que a diferencia de las cartas, dichas facultades sí tienen sustento constitucional (artículo 16 Constitucional) y legal (artículo 42 del Código Fiscal de la Federación). Sin embargo, habrá que reconocer la utilidad práctica que dichas cartas han traído en beneficio de nuestro fisco federal, ya que ha recaudado muchas contribuciones sin tener que gastar en la práctica de una visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión de dictamen. 

Esto resulta en una relación costo-beneficio muy interesante para la autoridad, pues con el mínimo gasto que representa el envío de una carta, tienen a su favor el pago de impuestos en buenas cantidades. 

Como ejemplo de lo anterior, en el ejercicio 2018 fueron citados, vía carta invitación, aproximadamente 500 accionistas (personas físicas), quienes recibieron ingresos importantes a través del esquema de honorarios asimilables a salarios, y el SAT logró una recaudación adicional de 400 millones de pesos por este concepto, tras haber persuadido a los contribuyentes de autocorregirse. 

Lo que sugiero es que ante le recepción de este tipo de cartas, se acerquen no solo a su contador, sino también a un abogado fiscalista, antes de acudir directo ante el fisco para arreglar su situación, en el supuesto de que sea necesario; y es que no en todos los casos resulta indispensable el entero de impuestos en importantes cantidades: existen otras opciones. 

Resulta imposible para el fisco, practicar 500 auditorías a personas físicas, máxime que por estadística la práctica de una facultad de comprobación a una persona moral, le acarrea mayores beneficios a la autoridad hacendaria, en cuanto a una eventual recaudación de tributos. 
Siendo así, concluyo de manera contundente que una carta invitación no se traduce en una auditoría ni tampoco —indefectiblemente— es el antecedente de la misma.

No obstante, el fisco tiene a la mano una facultad que sí vincula a los gobernados y que se denomina revisión electrónica, pero probablemente al día de hoy (siendo que dicha facultad está prevista en el CFF desde 2014) no la han sabido aplicar, en beneficio de los contribuyentes, partiendo de la base que cada mes cuentan con la contabilidad electrónica de una cantidad importante de contribuyentes. 

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