Irapuato.- Las condiciones de alumbrado público, transporte, acceso al agua, seguridad y servicios de salud también influyen en las oportunidades de las mujeres, por lo que incorporar la perspectiva de género únicamente en las dependencias dedicadas a atenderlas resulta insuficiente, advirtió Eleonora Betancur González, representante de ONU Mujeres México.
Durante su participación en un encuentro sobre igualdad de género realizado en Irapuato, señaló que las decisiones de áreas de la administración pública pueden facilitar o dificultar la vida cotidiana de las mujeres, particularmente de quienes tienen a su cargo el cuidado de sus hijos y otros familiares.
“La perspectiva de género no es el tema de una oficina, no es el tema de una unidad, es una forma de gobernar”, sostuvo.
Para ejemplificarlo, Betancur describió el caso de una mujer que comienza su jornada desde las cinco de la mañana, debe preparar alimentos, atender a sus hijos y a su madre, trasladarse al trabajo y regresar por calles sin suficiente iluminación, mientras enfrenta dificultades para acceder a servicios y oportunidades de capacitación.
Explicó que situaciones como estas no dependen exclusivamente de las instancias municipales de las mujeres, sino también de las decisiones que toman las áreas responsables de servicios públicos, Movilidad, Obra pública, Seguridad, Salud y Presupuesto.
“La luminaria, la banqueta, la obra pública, la ruta del camino, ¿quién la decidió? Movilidad, seguramente”, planteó al explicar cómo las decisiones administrativas repercuten en las posibilidades de las mujeres para desplazarse, trabajar y desarrollar sus propios proyectos.
La representante de ONU Mujeres señaló que los servicios públicos no tienen el mismo efecto para todas las personas, pues sus condiciones de acceso pueden representar mayores dificultades para quienes realizan labores de cuidado, trabajan durante la noche o tienen a su cargo a personas con discapacidad.
“La igualdad se juega en la cuadra. Se juega en la parada del camión. Se juega en la ventanilla”, expresó.
Expuso que las labores domésticas y de cuidados continúan representando una carga desigual para las mujeres.
De acuerdo con las cifras que presentó, las mujeres de Guanajuato dedican en promedio 38 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, frente a 15.8 horas de los hombres. La diferencia es de 22.2 horas cada semana.
Esta distribución del tiempo, explicó, debe considerarse al diseñar políticas públicas, debido a que las responsabilidades familiares pueden impedir que las mujeres accedan a cursos de capacitación, empleos o actividades para generar ingresos.
La secretaria de las Mujeres de Guanajuato, Itzel Balderas Hernández, informó que la participación económica de las mujeres en el estado se ubica en 40.4%, mientras que la de los hombres alcanza el 71.2%.
Señaló que el 35.7% de los hogares guanajuatenses tiene a una mujer como jefa de familia.
Balderas reconoció que uno de los retos de la administración estatal es mejorar la coordinación con los 46 municipios para que las políticas públicas respondan a las necesidades particulares de las mujeres en cada territorio.
“Mi gran reto, de verdad, es podernos coordinar al interior del gobierno del estado, pero también articularnos con los 46 municipios”, manifestó.
La funcionaria agregó que se requieren diagnósticos, metas claras y mecanismos para evaluar si las acciones llegan a quienes más las necesitan, además de fortalecer la prevención de la violencia, el acceso a la justicia y la autonomía económica.
Las intervenciones pusieron sobre la mesa la necesidad de que la igualdad de género se traduzca en decisiones concretas en todas las áreas de gobierno y no quede limitada a programas específicos de las dependencias encargadas de atender a las mujeres.
Las condiciones de las calles, los horarios del transporte, el acceso a servicios básicos y la disponibilidad de alternativas para el cuidado de familiares forman parte de los factores que deben considerarse al planear las políticas municipales.
Betancur sostuvo que la presencia de mujeres en puestos de decisión es importante, pero no garantiza por sí misma que las políticas públicas incorporen una perspectiva de género.
“Tener más mujeres en el poder es una condición necesaria, pero no es suficiente”, afirmó.
El desafío, de acuerdo con los planteamientos expuestos, es que los gobiernos estatal y municipales incorporen estos criterios en sus presupuestos, obras y servicios, y que los resultados puedan evaluarse a partir de las condiciones reales en las que viven las mujeres.
DP
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