Guanajuato.- La gobernadora de Guanajuato, Libia García, envió sus condolencias a los familiares y compañeras de las dos buscadoras asesinadas en Salamanca, dijo que no existía solicitud previa de protección para ellas, pero que con regularidad se realiza un “atlas de riesgos” que se comparte con los colectivos de búsqueda de personas.
El sábado 9 de mayo, Patricia Acosta Rangel y Katia Citlali Jáuregui Acosta, ambas madre e hija, integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos fueron atacadas a balazos mientras viajaban en motocicleta por hombres armados en un vehículo similar, quienes escaparon.
Libia García aseguró que desde las Comisiones estatales de Búsqueda y de Víctimas se ha hecho contacto con la familia para brindar el apoyo necesario.
“Primero, lamentar mucho (el doble crimen) y solidarizarnos con la familia, por supuesto (…) Sin duda son hechos que no pueden repetirse en Guanajuato. Guanajuato es un estado que acompaña, que protege y que garantiza el derecho de las madres buscadoras a buscar a sus seres queridos.
“En el caso particular no teníamos solicitud previa o petición de algún tipo de protección. Sin embargo, esto nos obliga a redoblar esfuerzos y a seguir generando diálogo y vinculación con las buscadoras para evitar cualquier riesgo”.
Afirmó que su gobierno seguirá promoviendo los mecanismos de protección con que ya se cuenta, como la elaboración y actualización de un mapa o atlas de zonas, que incluye “un análisis de contexto de los municipios y se presenta periódicamente a las buscadoras”.
La Gobernadora comentó que se seguirá fortaleciendo este vínculo con ellas, así como los mecanismos de protección.
Desde el día de los hechos, activistas, actores sociales y políticos, así como organizaciones, como Artículo 19, Amnistía Internacional, y la Oficina Relatora especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, se han sumado a la condena por el asesinato de madre e hija buscadoras en Salamanca.
Por diferentes medios han instado al Estado Mexicano a investigar los hechos de manera exhaustiva y sancionar a las personas responsables, a tomar medidas efectivas para evitar este tipo de hechos continúen ocurriendo, además de que brinden garantías para que las personas buscadoras puedan continuar su labor de defensa de derechos y el Estado continúe la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.
Investigación de la Narcopolítica
Posterior a la celebración por el Día del Maestro, se cuestionó a Libia García Muñoz Ledo sobre la petición de la bancada panista en el Congreso local, para investigar a presuntos narcogobiernos vinculados a Morena en Guanajuato.
“Siempre se deben investigar los vínculos porque al final son temas muy serios. Lo que está pasando en este país son temas graves que tienen que ser investigados de cara a la gente. No puede haber un gobernante que tenga ningún vínculo con la delincuencia”.
La gobernadora dijo que en Guanajuato su gobierno (de origen panista) ha dado resultados y presumió que ayer jueves hubo cero homicidios y fue el segundo día en este mes con dicha cifra en la entidad.
“Hemos reducido el 66 % (de los homicidios). Y nuestro compromiso es siempre a investigar, a trabajar porque los gobiernos sean honestos y que respondan a la gente”.
Respecto al desafuero que morenistas buscan aplicar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (acusada de comprometer la seguridad nacional y violar la soberanía al cooperar con agencias extranjeras, pues dos agentes de la CIA murieron en un operativo estatal), Libia García aseguró que Campos es una política comprometida con su gente.
“(Maru Campos) ha trabajado fuerte por la seguridad y ella misma ha estado abierta a la investigación, creó una comisión especial. Entonces, yo creo que sí hay claras diferencias entre un caso (el de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa) y otro”.
Alcaldes investigados
A Libia García también se le cuestionó sobre declaraciones del secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, hace unos días, sobre el reinicio de las investigaciones contra algunos alcaldes en Guanajuato por presuntos vínculos delincuenciales.
Como se recordará, tras las elecciones de 2024, el entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez mencionó que había indicios contra ocho presidentes municipales, pero no dio nombres.
“Siempre he sido prudente, yo no me voy a pronunciar sobre algo que tienen en investigación las fiscalías y ya en su momento, si hay algo, serán ellas quienes lo den a conocer, no soy yo quien tiene que pronunciar ningún avance”, concluyó.
Morena presenta iniciativa
Para garantizar una atención médica prioritaria, inmediata, continua e integral para víctimas directas, indirectas y potenciales vinculadas con hechos de desaparición o no localización de personas, la bancada de Morena presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud estatal y a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato.
El diputado David Martínez Mendizábal señaló que la desaparición de personas en Guanajuato representa una crisis humanitaria que genera afectaciones físicas, emocionales, psicológicas y económicas en las familias buscadoras, quienes además enfrentan obstáculos administrativos y falta de atención especializada dentro de las instituciones públicas de salud.
La propuesta plantea establecer en la Ley de Salud del Estado la atención prioritaria a víctimas relacionadas con hechos de desaparición o no localización sea obligatoria e inmediata, bajo enfoques psicosociales, de derechos humanos, perspectiva de género, no revictimización e interés superior de la niñez.
Así también, que la atención no pueda condicionarse a trámites administrativos, afiliación o derechohabiencia cuando se trate de casos urgentes o de atención inmediata.
Iniciativa, con aportación de buscadoras
El legislador de Morena refirió que la propuesta surge también de reuniones sostenidas con personas buscadoras, familiares e integrantes de colectivos de búsqueda, quienes expusieron problemáticas relacionadas con falta de medicamentos, retrasos en citas y cirugías, ausencia de atención psicológica continua, dificultades para acceder a estudios médicos y carencia de mecanismos claros para reportar negativas o dilaciones en los servicios de salud.
Martínez Medizábal comentó que se contempla la creación de mecanismos de coordinación entre la Secretaría de Salud del Estado, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para facilitar la orientación, canalización, seguimiento y recepción de quejas.
Finalmente, refirió que la propuesta también adiciona disposiciones a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado para que, durante las acciones de búsqueda, se prevean medidas de prevención, primeros auxilios, primeros auxilios psicológicos, activación de servicios médicos de urgencia y seguimiento posterior para las personas participantes.
Los datos duros
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Guanajuato existen más de cinco mil 524 personas desaparecidas y no localizadas, situación que ha obligado a familias, colectivos y redes de acompañamiento a sostener procesos de búsqueda durante meses o años, enfrentando desgaste físico, incertidumbre y daños emocionales severos.
“Detrás de estos datos, como lo hemos constatado hasta el cansancio, hay familias que buscan durante meses y años, madres, padres, hijos, hermanos, amigos, parientes, redes de apoyo, familias alternativas, que con miedo, desgaste físico, gastos constantes, incertidumbre, recorren cerros, canales, baldíos, caminos rurales, zonas desérticas, incluso en interior de las casas, en pozos para buscar a la gente desaparecidas”, dijo.
Apuntó que de acuerdo a Artículo 19, Guanajuato es la entidad con más agresiones letales contra personas buscadoras, y concentra el 25.58% del total nacional, contexto que afecta directamente a la salud de las familias buscadoras.
AAK
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