Guanajuato.- Desde hace más de dos años, Martina López (nombre ficticio a petición de la señora, por seguridad), de 37 años de edad y quien tuvo un matrimonio de 18 años, ha vivido un Vía Crucis con el litigio de dos denuncias contra su exmarido: una penal y otra familiar por violencia.
Ella presentó la denuncia penal el 9 de febrero de 2024 porque su esposo la golpeó, pero previamente hubo violencia física, psicológica y monetaria. Lo detuvieron porque la golpeó en la calle y la amenazó de muerte.
“El 9 de febrero mis hijas se dieron cuenta de que él traía un arma y me estaba esperando para matarme. Llegó toda la familia de él, sus hermanas insultándome. Entraron (a la casa) sus dos hermanas a golpearme, con mis hijas. Pero todo se grabó en las cámaras que tenía”, contó en entrevista con AM.
Primero presentó la denuncia penal y enseguida la demanda familiar, fueron casi paralelos.
Relató que en el proceso penal, “hubo aproximadamente unas cuatro o cinco audiencias, él no reconocía la violencia, decía que era mentira, él siempre dijo y lo sigue diciendo, que él no estaba en el lugar, o sea negando todo. Yo tengo los videos de que me golpeó y me amenazó de muerte, y su hermano también. Porque también puso a su papá y su hermano a declarar como testigos, toda su familia lo ha estado encubriendo”.
El 25 de junio de 2024 se vinculó al marido por el delito de violencia familiar, pero hubo una suspensión condicional del procedimiento el 9 de septiembre del mismo año, en la que se le exigía a él que tomara un tratamiento psicológico y un pago económico como reparación del daño.
“En el primer juicio se dictaminó un monto económico y él tenía que tomar 13 sesiones de terapia psicológica y que no se podía acercar a mí a menos de 30 o 50 metros ni se podía acercar a la casa.
“Pero como no cumplió con su terapia psicológica, el juez determinó una multa o hacer servicio comunitario, pero él pagó la multa. Y se volvió a determinar que no se me puede acercar a menos de ciertos metros y que tome terapia psicológica.
“Al principio no cumplió cabalmente con el tratamiento pero luego el juez le ordenó cumplir, y sí lo cumplió”.
Cumplió con el pago de reparación del daño pero cerca de terminar la suspensión condicional, se le vio por la casa. Se revocó la suspensión, terminó en sentencia condenatoria a través de procedimiento abreviado.
Policía Municipal saca a señora de su casa
Uno de los momentos más álgidos del proceso penal fue cuando el esposo la agredió en la calle, él se fue con los hijos y ella durmió esa noche en la casa matrimonial después de presentar la denuncia.
“Al día siguiente, su hija le avisó que iban de regreso con su papá a la casa, pero la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra Mujeres por Razones de Género nunca llegó para ejecutar medidas de protección, avisó a la Policía Municipal y la Policía le dijo que ella tenía que irse porque la casa estaba a nombre de él.
“Eso fue en el 2024. Se supondría que la policía ya tendría que saber que no se trata de ver de quién es la casa por escrito para brindar seguridad. Por eso él volvió a habitarla y luego “rentarla” a su hermano”, relató su abogada, Ángeles Márquez.
Así que Martina López se fue a dormir a la casa de su hermana, se llevó una maleta con ropa para dos o tres días de ella y sus hijos, que se convirtieron en meses, casi un año.
Y su marido metió a la casa a su hermano para que ella no pudiera habitarla, “para simular que él vivía ahí. Y sacaron todos los muebles, colchones, mi ropa y la de mis hijas”.
Pero aunque la casa era de su esposo, era donde vivían antes como matrimonio. “El juez dijo que me la tenían que dar”, recordó. Esto ocurrió en 2025. El juez había dictaminado también que su exmarido no se debía de acercar a ella.
“Hasta que logramos reingresarla con actuario y fuerza pública”, agregó la abogada.
El día de la diligencia, llegó el actuario y le entregaron la casa.
“La primera vez que me la iban a entregar su casa (su exmarido) puso a su hermano para simular que la están rentando.
“Y la segunda vez que me la tenían que entregar tenía que estar el exmarido, o su hermano, ninguno de los dos llegó, estuvo la policía y el cerrajero abrió la casa, se hizo el recorrido para ver en qué condiciones estaba la casa. No había cosas de ella ni de mis hijas, la ropa estaba revuelta. Todos los muebles, alhajas, cuadros, ropa de mi hija se llevaron. Estaba poniendo las trabas y no me la quería dar a mí”.
A pesar de eso, la abogada logró que Martina López pudiera habitar nuevamente la casa matrimonial.
La gobernadora encomendó el fortalecimiento normativo para consolidar la protección, por lo que las víctimas urgen el funcionamiento de los juzgados contra la violencia en Guanajuato que unifiquen los criterios civiles y penales.
Pero aún está pendiente de resolución el juicio por la vía familiar, para obtener el divorcio, la pensión para las hijas, pensión compensatoria para ella e indemnización compensatoria por haberse dedicado al hogar durante el matrimonio.
“Pero se está haciendo un proceso muy largo de divorcio. Él tenía una empresa familiar, que se la pasó a su familia para decir que no tiene nada. Ganaba mucho dinero. Y también tenía varias casas, pero las traspasó de nombre, para que no se las quiten, y para no darme a mí dinero”.
“Él está acostumbrado a ganar, porque piensa que soltando dinero van a ser intocables y de que no le van a hacer nada”. Su empresa es de energía continua, instalaciones, alta, baja media tensión, subestaciones, líneas, transformadores.
La señora recibe de su exmarido 1,200 pesos al mes para la manutención para sus dos hijas adolescentes. A una de sus hijas solo le paga la escuela.
Arrancan el 16 de junio juzgados
El 16 de junio se realizará el arranque del funcionamiento de los Juzgados Mixtos Especializados en Violencia contra las Mujeres, en Guanajuato capital, León, San Francisco del Rincón y Salvatierra, informó Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno, a AM.
Esto lo hizo después de que el lunes se reunió con la magistrada Alma Delia Camacho Patlán, presidenta del Poder Judicial; con Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general del Estado; con Francisco Javier Juárez León, titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV); con Teresa Palomino, titular de PEPNNA y Bricio Balderas, director de la Defensoría Pública del Estado para conocer los detalles de la capacitación del personal y la puesta en operación.
“Junto con el Poder Judicial de Guanajuato y Fiscalía de Guanajuato avanzamos en los trabajos para el arranque de los Juzgados Mixtos Especializados en Violencia contra las Mujeres, con el compromiso compartido de crear espacios de justicia para fortalecer la paz de nuestro estado”, publicó en su cuenta de X.
En entrevista con AM, Jiménez Lona informó que ahí se trató que personal de todas las instituciones mencionadas tendrán una última capacitación en conjunto para explicar y hacer ejercicios de la operación, en lo que resta de este mes y la primera quincena de junio.
Serán alrededor de 200 servidores públicos de las dependencias estatales los que se capacitarán, porque aunque no pertenecen al Poder Judicial, también intervienen en la atención a las mujeres víctimas durante los juicios.
¿Qué son y cómo se crearon los Juzgados para Mujeres?
Los Juzgados Mixtos Especializados en Violencia contra las Mujeres son nuevos y tienen la particularidad de que conocerán de las materias penal y familiar, en un solo edificio, pues tienen el propósito de que las mujeres no tengan que trasladarse de un lugar a otro de una ciudad para atender sus juicios, como ocurre actualmente.
Se crearon para cumplir con la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres que fue declarada para el Estado y 17 municipios de Guanajuato.
El 25 de septiembre de 2024, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres emitió la declaratoria de Alerta de Género para Guanajuato que había solicitado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Se declaró debido al alto índice de feminicidios y desapariciones de mujeres en el estado.
Por ello, emitió 40 recomendaciones divididas en: medidas de prevención, medidas de atención, seguridad, procuración e impartición de justicia, reparación del daño y medidas legislativas que tienen que ser cumplidas por los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de los Derechos Humanos.
La primera instancia que cumplió con las recomendaciones de la Alerta de Género para Guanajuato fue el Poder Judicial del Estado, con la creación de los Juzgados Mixtos Especializados en violencia contra las Mujeres, que fue la única indicación para este Poder. El arranque de estos juzgados se ha gestado desde mediados de 2025.
El Poder Judicial presentó la iniciativa para su creación ante el Congreso del Estado con una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado el 25 de noviembre de 2024, apenas dos meses después de la declaratoria de Alerta de Género.
¿Qué asuntos tratarán estos juzgados?
El 3 de abril de 2025, el Pleno del Congreso local aprobó dichas reformas. Se establecieron entre las atribuciones de los nuevos juzgados:
En materia penal conocer los siguientes delitos: contra la vida y la salud personal; contra la libertad y seguridad de las personas; contra la libertad sexual: violación, acoso sexual, hostigamiento sexual, estupro; y violencia familiar.
Resolver sobre las medidas cautelares, providencias precautorias u órdenes de protección, así como cualquier medida tendiente a proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencia, por cualquiera de los delitos previamente señalados.
En materia civil especializada en oralidad familiar, siempre que los actos de violencia sean cometidos en el ámbito familiar contra la mujer con la que el agresor tenga o haya tenido una relación de pareja, de matrimonio, de concubinato, o de pareja de hecho. O bien sea pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo, o por afinidad hasta el cuarto grado, así como contra el adoptante, adoptado o adoptada.
De igual forma, en contra de cualquier otra mujer o, en su caso, de sus hijos e hijas que estén sujetos a la custodia, guarda, protección, education o cuidado del presunto agresor o probable responsable: decretar provisionalmente alimentos, guarda y custodia, separación o depósito de personas y régimen de convivencia entre padre o tutor no custodio y las hijas o hijos.
Conocer y resolver de las medidas preparatorias, de aseguramiento y precautorias previstas en la legislación procesal civil; emitir, controlar, evaluar y dar seguimiento a las órdenes de protección y dictar las medidas cautelares o de protección que reclamen por su propio derecho las mujeres víctimas de violencia o, en representación de sus hijos.
De manera paralela, la creación de los juzgados mixtos especializados en violencia contra la mujer se gestó durante todo 2025 durante la presidencia del magistrado Héctor Tinajero Muñoz, de tal manera que en octubre de ese mismo año estuvieron listos para operar, con edificios propios, mobiliario y equipo de sonido y grabación.
El 16 de marzo pasado, AM publicó una entrevista con la magistrada Cristina Cabrera Manrique, quien está a cargo de la implementación de estos juzgados en el estado, e informó que serán 11 jueces mixtos: 7 penales y 4 de familia.
Recordó que el año pasado, también se capacitaron a los jueces de oralidad penal que ya laboraban en este Poder, en materias de género, violencia familiar y delitos contra las mujeres, para que se hagan cargo de los nuevos juzgados.
Sin embargo, aclaró que no empezaron a funcionar el año pasado ni éste todavía, porque estaban esperando el presupuesto para contratar las plazas para operarlos, tanto de jueces como de empleados.
Este año, en el presupuesto del Poder Judicial incluido en el Presupuesto de Egresos del Estado de 2026 se destinaron 40 millones 385 mil 667 pesos únicamente para estos juzgados.
Y la segunda razón es que en esos meses se estaban capacitando a los 10 nuevos jueces de oralidad penal que cubrirán las vacantes que dejarán los jueces que se pasarán a los juzgados mixtos.
Van a la alza delitos contra la mujer
Los delitos contra la mujer que llegan al Poder Judicial han aumentado exponencialmente. Solo entre enero de 2025 y abril de este año, se presentaron 369 más, según cifras entregadas a AM por Comunicación Social del Poder Judicial.
Los delitos considerados son: violencia familiar, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, feminicidio, abusos sexuales, acecho, acoso y hostigamientos sexuales, lesiones, trata de personas, desaparición forzada, amenazas y estupro.
HLL
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