Ciudad de México.- El alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, realizará la próxima semana una visita a México para revisar, junto con autoridades, organizaciones humanitarias y activistas, el aumento de las personas desaparecidas, que ya supera los 133 mil casos, así como la profundización de la crisis forense.
La visita ocurrirá en medio de la tensión entre el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), luego del informe presentado a inicios de este mes, en el que solicitó, en una decisión sin precedentes, llevar el caso de México ante la Asamblea General para que valore medidas de prevención, investigación, sanción y erradicación de las desapariciones forzadas.
Claudia Sheinbaum anunció este jueves, durante su conferencia matutina, que se reunirá la próxima semana con el alto comisionado, quien además sostendrá encuentros con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación.
Desde 2000, al menos tres altos comisionados de derechos humanos de la ONU han visitado México, entre ellos Louise Arbour, en 2007, y Zeid Ra’ad Al Hussein, en 2015.
Gobierno abre la puerta a la colaboración con la ONU
La mandataria detalló que, durante la visita, las autoridades mexicanas informarán a Volker Türk sobre las acciones emprendidas para apoyar a las víctimas y atender el delito de desaparición. Añadió que también escucharán sus opiniones.
“Sí, viene el alto comisionado de Naciones Unidas la próxima semana, lo vamos a recibir y va a estar trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Secretaría de Gobernación”, dijo.
Se va a trabajar para informarle lo que hemos estado realizando para apoyar a las víctimas y para atender el delito de desaparición y al mismo tiempo recibir sus opiniones y ver de qué manera se puede colaborar”.
En conferencia, Claudia Sheinbaum señaló que el objetivo es fortalecer la atención a víctimas y combatir este delito, que vinculó principalmente con grupos criminales.
“Atender a las víctimas, que es lo más importante, y erradicar el delito de la desaparición vinculada con grupos delincuenciales”, sostuvo.
También afirmó que su administración mantiene atención a las víctimas a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda, además de reuniones con colectivos.
Nosotros atendemos a las víctimas a través de la comisión de víctimas y Comisión de búsqueda. La propia Secretaria de Gobernación se reúne con los colectivos y siempre está dispuesta a apoyar a cualquier familia”, dijo.
La Presidenta agregó que existen protocolos para responder de manera inmediata ante reportes de desaparición denunciados ante fiscalías estatales.
“Todo el protocolo que desarrollamos para poder atender de manera urgente e inmediata cualquier situación de desaparición que se presente ante una fiscalía estatal”, expuso Claudia Sheinbaum.
Persisten diferencias contra Desaparición Forzada
La oficina del alto comisionado de los derechos humanos y el CED forman parte del sistema de la ONU, pero responden a instancias distintas y tienen plena independencia. Por ello, no se prevé que la visita de Volker Türk influya en la postura del comité sobre la situación de México.
El arribo del alto comisionado ocurrirá en un momento delicado, pues coincide con recientes hallazgos de restos óseos localizados a las afueras de la capital del país por grupos de personas buscadoras. Según la fiscalía local, los restos corresponderían al menos a tres personas.
Además, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó esta semana la localización de “molares, placas y diversos indicios óseos” en una fosa séptica del Rancho Izaguirre, ubicado en las afueras de Guadalajara. Ese sitio fue intervenido el año pasado por la Fiscalía General de la República, luego de la denuncia del mismo grupo sobre la presencia de restos óseos calcinados y cientos de prendas de vestir.
Los activistas han cuestionado los pocos avances en las investigaciones sobre el Rancho Izaguirre, que era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación como centro de entrenamiento.
Claudia Sheinbaum criticó el informe del CED al señalar que ignoró las acciones realizadas por su gobierno para enfrentar la crisis. También sostuvo que el análisis se basó en casos ocurridos en cuatro estados entre 2009 y 2017 y que esos resultados “los extrapolan hasta 2025”.
La mandataria rechazó además la afirmación del comité de que en México podrían estarse cometiendo desapariciones forzadas como “crímenes de lesa humanidad”, al argumentar que para configurar ese delito se requieren “ataques sistemáticos contra la población civil” por parte del Estado.
Comité de la ONU alerta por crisis forense
En su informe, el CED expresó preocupación por la crisis forense sin precedentes que enfrenta México, con más de 70 mil cuerpos sin identificar en morgues y fosas comunes.
En respuesta a los señalamientos del Gobierno mexicano, Juan Pablo Albán, presidente del CED, afirmó que las diferencias jurídicas, e incluso políticas, “son comprensibles” en el marco del diálogo internacional y la cooperación, pero sostuvo que es “fundamental preservar el respeto institucional” hacia los órganos de supervisión de derechos humanos y sus integrantes.
Juan Pablo Albán también rechazó las críticas al informe y sostuvo que el análisis del comité sobre los casos de desaparecidos en México “no se limita a un periodo cerrado”, sino que “examina la evolución de la situación hasta la actualidad”.
El problema de las desapariciones en México se remonta al último tercio del siglo XX, pero desde 2006, cuando inició la guerra frontal contra el crimen organizado, las cifras se dispararon sin que hasta ahora se hayan logrado contener.
En un intento por atender esta crisis, Claudia Sheinbaum anunció el año pasado una serie de reformas para agilizar las búsquedas y, a finales de marzo, presentó una revisión del registro nacional de personas desaparecidas. Organizaciones humanitarias locales criticaron esa revisión al señalar que las debilidades en los registros exhiben la enorme impunidad que existe en el país y que las nuevas clasificaciones carecen de fundamento legal.
AVG
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