Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN) presentó este miércoles, en el Senado de la República, una solicitud de desaparición de Poderes en Sinaloa, cuyo Gobernador, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia después de que la justicia de Estados Unidos lo señalara de ser cómplice del Cartel de Sinaloa.
“No se trata de la posible corrupción de un funcionario aislado, sino de una acusación que apunta a la captura de áreas centrales del poder político, de la procuración de justicia, de la seguridad pública estatal y de la seguridad pública municipal”, se lee en el documento.
“El caso resulta aún más grave porque la acusación no se limita al ejercicio posterior del gobierno, sino que apunta al origen mismo del poder político en Sinaloa. De acuerdo con la imputación, Rubén Rocha Moya habría sido electo gobernador en 2021 con apoyo de la facción de ‘Los Chapitos’, cuyos integrantes habrían intimidado y secuestrado a rivales políticos, así como intervenido en la jornada electoral, a cambio de que posteriormente se les permitiera operar con impunidad y distribuir droga hacia los Estados Unidos”.
En compañía de los coordinadores parlamentarios, el senador Ricardo Anaya y el diputado José Elías Lixa, el dirigente nacional Jorge Romero presentó la solicitud de desaparición de Poderes.
“¿Creen que es gobernable una entidad en donde se consta que llegaron al poder por el apoyo de los delincuentes? Llegaron, ganaron la elección porque los apoyaron los delincuentes, por eso ganaron y ya que ganaron, mantuvieron su asociación con la delincuencia organizada para cogobernar Sinaloa”, denunció.
Romero explicó que el PAN está proponiendo limpiar a Sinaloa de los poderes ilegítimamente constituidos para dar paso a mujeres y hombres que puedan rescatar y regresar un mínimo de seguridad y gobernabilidad institucional a la entidad.
Rubén Rocha propuso reservar información de gasto público antes de dejar el cargo
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, generó controversia a nivel nacional al impulsar una propuesta para restringir el acceso a la información sobre el uso de recursos estatales. La iniciativa, presentada justo antes de tramitar su licencia al cargo, buscó clasificar datos financieros bajo el argumento de seguridad estatal, lo que fue interpretado por la oposición como un intento de blindaje.
Diversos organismos de transparencia y cámaras empresariales manifestaron su rechazo, señalando que la medida dificultaría la fiscalización del gasto en obras públicas y programas sociales. Los críticos enfatizaron que el momento de la propuesta resultó sospechoso, sugiriendo que se pretendía ocultar posibles irregularidades administrativas antes de la transición de mando en el ejecutivo sinaloense.
La propuesta legislativa planteó que ciertos rubros de inversión no fueran consultables por la ciudadanía ni por órganos autónomos durante un periodo extendido. Analistas políticos destacaron que esta acción contraviene los principios de rendición de cuentas que el propio mandatario defendió al inicio de su gestión, marcando un cierre de administración envuelto en opacidad.
Finalmente, el Congreso estatal recibió la iniciativa entre fuertes debates y protestas de activistas por el derecho a la información. La solicitud de licencia de Rocha Moya se dio en medio de este clima de tensión, dejando la decisión final en manos de los legisladores, quienes enfrentaron una presión social considerable para no permitir el retroceso en materia de transparencia fiscal en Sinaloa.
AAK
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