Ciudad de México.- Desde Palacio Nacional, la Presidenta defendió que no se han detenido a las 10 personas que Estados Unidos acusó de tener vínculos con el narcotráfico, incluido el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, ya que no les han presentado pruebas suficientes.
“Hay 36 casos donde Estados Unidos ha negado la petición al Gobierno de México para detener con urgencia una persona con fines de extradición. Estados Unidos se ha negado, ¿por qué? Por falta de pruebas”, señaló.
“Ya le pedí al Secretario de Relaciones Exteriores y a la Consejera Jurídica que platiquen todos los casos que ha habido en los últimos años. Nada más estamos hablando de la relación con Estados Unidos, aunque se puede ver en otros casos”, agregó.
La Mandatario reiteró que Estados Unidos no le ha presentado pruebas para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue los presuntos nexos de funcionarios y ex funcionarios con el tráfico de drogas.
“¿Tienes pruebas contra el Gobernador con licencia? Preséntalas para que la Fiscalía (General de la República) pueda hacer su investigación. (…) Si hay pruebas suficientes en el marco de nuestro sistema penal acusatorio de la Constitución, entonces se procede, si no hay pruebas, no se procede. ¿Qué es eso? La Ley”, sostuvo.
Pide juicio justo para Rocha
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió un juicio justo para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa. También defendió que ningún ciudadano puede ser acusado sin pruebas, una opción que, asegura, no están considerando los llamados “comentócratas”.
Durante su conferencia de prensa de este 14 de mayo desde Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que de las tres opciones que dicen que ha tenido por el caso de Rubén Rocha y otros nueve exfuncionarios, les falta la más importante: “pedir pruebas”.
“Hay esta idea de que la Presidenta tiene solamente tres opciones en este momento (…) la primera que extradite con sentido de urgencia o detenga y luego extradite consentido de urgencia a diez ciudadanos mexicanos que un juzgado, una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el sur de Nueva York que ha pedido que se detenga; la segunda, encarcelarlos en México y la tercera no hacer nada. Se les olvida la más importante, pedir pruebas”, expresó.
Como en reiteradas ocasiones, la titular del Ejecutivo pidió pruebas al gobierno de Estados Unidos para juzgar y extraditar a los acusados y defendió un juicio justo para cualquier persona: “Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea, no importa si no pertenece a un partido político, no importa si es funcionario público o no es funcionario público, debe llevar un juicio justo y si es acusado debe haber pruebas para acusarlo”.
Al informar que en el caso de nuestro país, el Gobierno de Estados Unidos ha negado 36 solicitudes de extradición realizadas por México por no contar con las pruebas correspondientes, la Presidenta recordó que si no hay pruebas suficientes no se procede en el marco de la ley.
“Si hay pruebas suficientes en el marco de nuestro Sistema Penal Acusatorio de la Constitución, entonces se procede, si no hay pruebas no se procede, ¿qué es eso? la ley”, sostuvo.
En su conferencia matutina también arremetió con los llamados “comentócratas” al decir que usan el estado de derecho cuando les convine:
“No puede ser que estos comentócratas usen estado de Derecho cuando les conviene y escondan el estado de derecho cuando quieren dar clases de derecho, que muchos de ellos ni abogados son. ‘No tiene opción la presidenta’, no, claro que tenemos opción siempre, ¿cuál es? lo que juré cuando tomé posesión: defender la Constitución y las leyes que de ella emanen y no traicionar al pueblo y no traicionar la soberanía”, añadió.
Acusación contra Rocha es solo el comienzo: DEA
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) aseguró que la reciente acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, marca el inicio de una estrategia agresiva para perseguir a funcionarios mexicanos que cooperen con los cárteles.
Ante el Senado estadounidense, el titular de la DEA, Terry Cole —nominado por la administración de Donald Trump—, afirmó que estos políticos son corresponsables de la crisis de fentanilo y advirtió que se preparan más casos judiciales derivados de revelaciones de capos transferidos a Estados Unidos.
En contraste, el Gabinete de Seguridad de México, a través de Omar García Harfuch, titular de la SSPC, sostuvo que no se han detectado conductas ilícitas por parte de Rocha Moya en las investigaciones nacionales.
El funcionario federal subrayó que nunca existió impedimento alguno para que las fuerzas armadas operaran en Sinaloa durante la gestión del mandatario estatal y enfatizó que, desde la perspectiva del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, no se mantiene ninguna investigación abierta contra él por vínculos con grupos criminales.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el envío de una nota diplomática a Washington solicitando formalmente las pruebas y evidencias que sustentan las acusaciones en las cortes estadounidenses.
El canciller Roberto Velasco informó que, a pesar de mantener una comunicación fluida con la embajada y el Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos no ha entregado hasta el momento los elementos probatorios solicitados, mientras el proceso judicial en el Distrito Sur de Nueva York continúa su curso tras la licencia solicitada por Rocha el pasado 1 de mayo.
AAK
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