Ciudad de México.- El millonario negocio del combustible ilegal o de carácter fiscal en México demostró no depender de un solo grupo criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR) detectó el mayor caso de contrabando de combustible de Estados Unidos a México, ocurrido a mediados de 2025.
El hallazgo confirma que este delito continuó expandiéndose con total impunidad a través de las aduanas, al mismo tiempo de que ya era perseguida la red de los hermanos Farías, los marinos originalmente vinculados a estas operaciones ilícitas.
De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía de Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, una estructura delictiva altamente organizada logró cruzar de Estados Unidos a México más de 144 millones de litros de hidrocarburo de origen huachicol en un lapso de solo 52 días.
Esa cifra equivale a:
– Importar ilegalmente 2.7 millones de litros al día.
– Ingresar diariamente 61 pipas tipo “full” (con dos remolques).
– Llenar el tanque a 42 mil autos cada día.
La operación se concentró en la Aduana de Matamoros entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025, utilizando un sofisticado esquema de falsificación documental.
Para evadir los controles y el pago de impuestos, la red tramitó 291 pedimentos de importación fraudulentos.
A través de ellos, hicieron pasar mil 366 ferrotanques cargados con diésel, gasolina y nafta ligera declarados todos como si transportaran “solución de cloruro de calcio”.
La FGR señala que los hidrocarburos tenían como destinatarios finales las empresas Ferroservicios y Jumandi Group –esta última recientemente ligada por el Departamento del Tesoro al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)– empleando los servicios de la agencia Servicios Aduanales JR para el papeleo.
Una vez librada la frontera, los hidrocarburos eran transportados en trenes hacia Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí.
La red criminal comenzó a desmoronarse el 21 de julio de 2025 tras una denuncia anónima ante la FEMDO. Ese mismo día, un cateo a la agencia aduanal permitió asegurar 17 ferrotanques; 15 de ellos ocultaban más de 1.6 millones de litros de diésel y dos contenían nafta ligera.
A raíz de este golpe, un juez federal ordenó 13 órdenes de aprehensión contra empresarios y funcionarios. A la fecha, siete personas han sido detenidas y procesadas, entre ellas Armando III Riestra Fernández (dueño de la agencia aduanal), verificadores y directivos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), además de los socios de Jumandi Group.
La captura más reciente ocurrió el pasado 12 de junio de 2026, con la deportación desde Estados Unidos de Carlos Eugenio Benítez Orta, subdirector aduanero.
La mayoría de los implicados enfrenta procesos en los penales federales del Altiplano y Morelos por delincuencia organizada y contrabando.
No obstante, las autoridades siguen buscando a seis prófugos clave, incluidos los Tenientes Coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, los dos últimos titulares de la Aduana de Matamoros, cuya gestión coincidió plenamente con el periodo en que el flujo masivo de combustible ilegal inundó las carreteras del país.
Busca FGR quedarse con buque asegurado
La FGR promovió una demanda de extinción de dominio, para que el gobierno se quede en definitiva con un buque tanque asegurado en 2020, por uno de los primeros casos relevantes de presunto tráfico de combustible robado registrados en el sexenio pasado.
Se trata del buque Blue Commander, valuado en 15 millones de dólares, que ha estado anclado en el puerto de Coatzacoalcos desde septiembre de 2020.
Cuando el buque fue asegurado, era propiedad de la naviera de servicios petroleros Blue Marine, empresa que fundó el empresario coahuilense Antonio Juan Marcos Issa y los hermanos Juan y Alfonso Reynoso Durand de la naviera Durandco.
El navío tiene 171 metros de largo y 24 de ancho, y está en un muelle de Pro-Agroindustria, filial de Pemex dedicada a la producción de urea, ubicado en la Laguna de Pajaritos.
El pasado 11 de mayo, la juez Argelia Román Mojica, ordenó asegurar y ponerlo bajo custodia temporal del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
Una vez declarada la extinción, si procede, el buque podría ser destinado a Pemex o vendido por el gobierno.
El Blue Commander fue asegurado durante un operativo en el que se detectó a dos unidades de autotransporte que abastecían de hidrocarburo a la embarcación, sin que existieran documentos para justificar las maniobras.
Blue Marine afirmó en ese momento que la mezcla decomisada no era gasolina, sino que se trataba de un componente para elaborar aditivos que se almacenaba por contrato con otra empresa.
En diciembre de 2015, Blue Marine ganó dos contratos de Pemex por mil 207 millones de pesos, para el servicio de carga, almacenamiento, transporte, mezclado y descarga de petróleo crudo estabilizado, hasta el cierre de 2017.
HLL
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