Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este martes dará a conocer un decreto para garantizar el acceso a la información del Gobierno y reservar únicamente aquella relacionada con seguridad nacional o procesos judiciales en curso.
La mandataria adelantó que también presentará un planteamiento para incorporar esos criterios en la ley, además de mantener la protección de los datos personales.
El objetivo es que solo aquello que realmente es seguridad nacional o que esté en proceso judicial no pueda darse a conocer, pero las plataformas de transparencia tienen que garantizar el acceso de todos los datos del Gobierno, obviamente resguardando los datos personales”, afirmó.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, y la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, acudirán a la conferencia matutina para explicar el decreto y la propuesta legal.
“Si quieren, mañana tocamos ese tema. Va a venir Luisa María Alcalde y Raquel Buenrostro, vienen a platicar, era para el viernes, pero ya no pudimos hacerlo, sobre el tema de la transparencia, un decreto que voy a emitir y un planteamiento también para que sea parte de la ley”, agregó.
El INAI fue extinguido mediante la reforma constitucional de simplificación administrativa y las leyes secundarias publicadas el 20 de marzo de 2025. Sus facultades fueron distribuidas entre autoridades garantes de los poderes y órganos autónomos.
En la Administración Pública Federal, el acceso a la información quedó a cargo de Transparencia para el Pueblo, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con autonomía técnica y operativa.
La dependencia encabezada por Buenrostro asumió directamente las funciones relacionadas con la protección de datos personales y la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Sheinbaum informó que este martes también volverán a abordar los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, actualmente sometidos a consulta pública.
El viernes pasado, la presidenta anunció que Alcalde se reuniría con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, después de las inconformidades expresadas por los concesionarios sobre el proyecto.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió la consulta el 27 de julio y recibirá comentarios hasta el 21 de agosto de concesionarios, especialistas, organizaciones, instituciones académicas y ciudadanos.
El proyecto establece obligaciones para diferenciar la información de la opinión y la publicidad de los contenidos informativos, además de contar con códigos de ética y defensores de las audiencias.
También prevé que los radioescuchas y televidentes puedan presentar quejas ante los defensores y, si sus recomendaciones no son atendidas, recurrir a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Los lineamientos serían aplicables a concesionarios comerciales, públicos y sociales de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, así como a empresas programadoras.
A un año de la desaparición del INAI
El 14 de mayo de este año, AM publicó que a más de un año de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), el derecho de acceso a la información se ha dificultado, de acuerdo con Article 19.
En su más reciente informe sobre la situación de la libertad de expresión en México, la organización internacional señaló que la reforma constitucional promovida por la Cuarta Transformación, al derecho a saber, ha significado un retroceso.
“El nuevo diseño expandió las causales de reserva y abrió zonas grises que amplían la discrecionalidad para negar información. La regresión es doble. Por un lado, se debilita el principio de máxima publicidad. Por otro, se normaliza un discurso de desconfianza institucional que convierte la opacidad en una rutina”, indicó.
En el tiempo que lleva operando, indicó, Transparencia para el Pueblo ha tenido un sesgo formalista en favor de las autoridades y no de los ciudadanos.
“En sus primeros meses, Transparencia para el Pueblo publicó que desechó alrededor de 99.6% de los recursos de revisión; de los 2 mil 253 recibidos, sólo 457 fueron ‘resueltos’ y 455 se desecharon por supuestos ‘incumplimientos técnicos’”.
RAA
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