Ciudad de México.- Ministros de la Corte y magistrados electos “por el pueblo” serán juez y parte al revisar un amparo que descalifica la reforma de 2024 que, con acordeones, los llevó a sus cargos.
Un juez federal resolvió que la reforma de 2024 al Poder Judicial fue inconstitucional por ser contraria a la Constitución original de 1917, violar derechos humanos y presentar vicios de procedimiento durante su aprobación.
Agustín Archundia Ortiz, juez en Materia Administrativa en Jalisco, concedió el primer amparo contra la reforma constitucional mediante la cual se impuso la elección por voto popular de todos los jueces del país, entre otros cambios que transformaron radicalmente al Poder Judicial Federal (PJF) y a los tribunales estatales.
La sentencia no surte efectos por ahora. La revisión inicial corresponderá a uno de los tres tribunales colegiados en Jalisco, donde hay varios magistrados electos, y es probable que el caso termine en la Suprema Corte, ya sea porque esta ejerza su facultad de atracción o porque el tribunal se lo remita.
Archundia es un juez de carrera con 26 años de trayectoria y uno de los tres juzgadores de Zapopan a quienes se asignaron más de 500 amparos promovidos por personal del PJF contra la reforma.
Su sentencia fue firmada el 31 de julio, pero será notificada hasta el 17 de agosto, debido a que el juzgado inició su periodo vacacional este lunes.
El efecto del fallo será que la reforma no se aplique en perjuicio de la magistrada en funciones Mercedes Verónica Sánchez Míguez, del magistrado retirado Manuel Ernesto Saloma Vera y de Aidée Sánchez Arévalo, quienes promovieron la demanda de amparo.
En el expediente, el juez dedica más de 170 páginas a justificar que, con base en tratados internacionales, tiene facultades para pronunciarse sobre el contenido de una reforma constitucional, pese a que Morena y sus aliados en el Congreso prohibieron esa posibilidad mediante una modificación a la propia Constitución desde octubre de 2024.
Posteriormente, Archundia sostiene que el Poder Reformador de la Constitución no puede alterar los principios fundamentales plasmados en 1917 por el Constituyente originario.
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