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Ciudad de México.- La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que ya está listo el informe del caso Ayotzinapa, que incluirá las nuevas líneas de investigación abiertas sobre la desaparición de los 43 normalistas en 2014.

A su llegada al Desfile Militar por el 216 aniversario del inicio de la Independencia, Godoy fue cuestionada sobre la presentación del documento.

“Se va a hacer el informe. Lo vamos a hacer junto con la Secretaría de Gobernación”, respondió.

Agregó que, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), participará el fiscal especializado, Mauricio Pazarán.

“De parte de la Fiscalía va el fiscal especializado (Mauricio Pazarán)”.

Informarán sobre nuevas líneas de investigación

Cuestionada sobre los resultados de las nuevas investigaciones y si estos avances ya fueron informados a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, la fiscal se limitó a señalar que las autoridades han mantenido comunicación con ellos.

“Ahí estaremos, pero él (Pazarán) va a dar la información”, dijo.

Godoy indicó que el informe se presentará a partir de las nuevas líneas de investigación que se han abierto en torno al caso.

Niegan amparo al capitán José Martínez Crespo, preso por el caso Ayotzinapa

El 30 de agosto se publicó que un tribunal federal negó un amparo al capitán de infantería José Martínez Crespo, preso desde noviembre de 2020 en el Campo Militar 1-A por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa, que en septiembre próximo cumple doce años.

El primer militar detenido por este caso recurrió a la protección de la justicia federal luego de que una jueza de Distrito llevara al ámbito federal la causa penal en la que se le acusa del delito de desaparición forzada de personas, en el que se contempla una pena más severa.

A Martínez Crespo, quien fuera uno de los mandos del 27 Batallón de Iguala, se le dictó auto de formal prisión por desaparición forzada en agravio de los 43 normalistas, conforme a la ley en la materia del estado de Guerrero que establece entre 30 y 50 años de cárcel para quien comete este delito con la agravante de que la víctima haya sido torturada y se le provoque la muerte.

HLL

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